Una huida anunciada

Estaba cantado. Esta semana, Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, voló desde San Francisco (Estados Unidos) hasta Tel Aviv (Israel), 17 días después de que su cónyuge aterrizara en el Perú forzado por una orden de extradición y quizás temerosa de sufrir el mismo destino más temprano que tarde.

La plaza elegida por Karp no es fortuita. Básicamente desde que la justicia peruana dictó 18 meses de prisión preventiva contra la ex pareja presidencial en el 2017 ya existían voces que advertían sobre la posibilidad de que la ex primera dama buscase refugio en Israel, un país con el que mantiene vínculos a través de su familia y que –lo más importante– no tiene tratado de extradición con el Perú. Esta impresión se reforzó aún más hace tres semanas, cuando el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, autorizó que se les devolviera a ella y a su esposo los pasaportes que les habían sido incautados el año pasado. Así pues, nadie podría sorprenderse de que la señora Karp viajara a Medio Oriente para escapar del alcance de la justicia peruana, especialmente las autoridades de nuestro país, que parecen haber sido las últimas en enterarse de la fuga. Salvo, claro está, que estas hayan creído en las palabras de su abogado Roberto Su, quien la semana pasada aseguró que su patrocinada no haría lo que ha terminado por hacer (“en ningún momento me ha dicho que se va a escapar o que se vaya a ir […], ella quiere venir al Perú”, afirmó).

Y aunque varios expertos han apuntado en los últimos días que el Perú igual podría solicitar la extradición de la señora Karp a Israel apelando al principio de “reciprocidad entre estados”, es pertinente decir que este es un proceso con menos garantías que el que permitió traer a su esposo al territorio nacional, por lo que la posibilidad de que ella pueda rendir cuentas ante la justicia peruana es hoy sustancialmente menor que hace apenas tres días. Esto, por supuesto, sería lamentable, pues la señora Karp representa, según la tesis fiscal, una pieza clave para llegar a la verdad en el entramado de Ecoteva.

Como sabemos, el Ministerio Público ha solicitado por este caso más de 16 años de prisión contra Karp y Toledo por el presunto delito de lavado de activos. De hecho, el juicio que definirá la inocencia o la culpabilidad de ambos empezó el mes anterior y ayer la señora Karp se ausentó de una de las audiencias del proceso en lo que parece confirmar las razones de su viaje y adelantar cuál será su comportamiento durante el resto del mismo.

Después de todo, ella tiene mucho que explicar en esta trama que, además, incluye a su madre, la señora Eva Fernenbug. El Caso Ecoteva, al fin y al cabo, no es más que el complemento del que involucra a Toledo por los US$35 millones en coimas que la empresa Odebrecht habría desembolsado a fin de asegurarse la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su gobierno. La fiscalía sostiene que este dinero habría sido usado por la pareja para pagar las hipotecas de sus viviendas en Camacho y Punta Sal, y para que la madre de Karp comprara una casa en Las Casuarinas y una oficina –con estacionamientos y depósito incluidos– en Surco. ¿Pudieron haber pergeñado estas adquisiciones inmobiliarias Toledo y su suegra sin el conocimiento de Karp? Parece inverosímil. En todo caso, la manera de responder a esta pregunta es a través del proceso del que ella ha rehuido esta semana.

Por supuesto, se tendrá que determinar qué demoras u omisiones, tanto de las autoridades peruanas como de las estadounidenses, permitieron que la ex primera dama haya logrado poner varios kilómetros de distancia entre ella y el brazo de la justicia. Y aunque esta huida anunciada no matará al Caso Ecoteva, sí lo comprometerá seriamente. Esperemos que no de manera definitiva.