En el mejor de los casos, se podría decir que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte nunca ha entendido de qué va la prensa independiente. Que los medios de comunicación tienen no solo la facultad, sino el deber de investigar y exponer aquello que tenga interés público, sobre todo temas vinculados a quienes se les ha confiado parte del poder del Estado. Pero eso es en el mejor de los casos. La hostilidad que demuestra la administración ante investigaciones periodísticas sugiere, más bien, que tienen mucho por ocultar.
El último ataque en contra de la prensa viene a cuenta de la procuraduría anticorrupción, dependencia del Ministerio de Justicia (Minjus). Esta ha solicitado al Ministerio Público el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz, de Latina, y César Prado, de IDL-Reporteros. El pedido incluye el acceso a los contactos de la fiscal Marita Barreto. A propósito de Cruz, Latina señaló que “el reportero de ‘Punto final’ investiga al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y dio a conocer el Caso ‘Cofre’. Esto resulta inconstitucional y viola los estándares internacionales. Además, pone en riesgo el periodismo de investigación en el país dejando un peligroso precedente”.
Esta intromisión en la labor periodística, por supuesto, es ya característica de la actual administración. El pedido de la procuraduría es del 21 de agosto, dos días antes de que tomara posesión del Minjus el ministro Juan José Santiváñez. Este había denunciado ya a cuatro periodistas de Latina hace apenas dos meses, además de a la propia empresa televisiva. Los acusó de “reglaje” por informar con quiénes se reunía. En ese momento, Santiváñez era jefe de la Oficina de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial.
Organizaciones que defienden la libertad de prensa, como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), entre otras, vienen alertando desde los tiempos del expresidente Pedro Castillo, con Boluarte en el Gabinete, de los ataques sistemáticos y crecientes en contra el periodismo de investigación a todo nivel. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, de Reporteros sin Fronteras (RSF), el Perú ha retrocedido 53 posiciones desde el 2022, para ubicarse en el puesto 130 de 180 países.
Mientras el país entra en un proceso electoral especialmente complicado, y el gobierno de salida hace lo que puede para conservar sus cuotas del poder e influencias, la labor periodística debe ser resguardada con celo. ¿Qué más quisieran los que tienen algo por ocultar que nos callemos precisamente en estos momentos? Pero no tendrán éxito.
EEUU
