No son muchas las políticas públicas que tienen un impacto directo y casi inmediato sobre la vida de millones de ciudadanos todos los días. La mayoría de decisiones políticas, como las que tienen que ver con el crecimiento económico, la educación o la salud, toman tiempo en madurar y en ocasiones su efecto final es difícil de evaluar. Las políticas de transporte urbano, sin embargo, son una notable excepción.
Así, de un modo u otro, la mayoría de peruanos vive todos los días en carne propia las consecuencias de trasladarse en ciudades caóticas, con transporte inseguro, contaminante y hostil. Puertas y asientos que se caen de viejos, choferes sin licencia ni escrúpulos, tubos de escape que preceden nubes negras, carreras mortales y tráfico en cada avenida, entre otros, dan la imagen a propios y extraños de ciudades fallidas. Para millones, la experiencia de llegar a su centro de trabajo, de estudios o cualquier otro destino, es peor de lo que era hace unas cuantas décadas. El maltrato es moneda corriente.
Y las malas políticas se van acumulando. Hace apenas dos semanas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó, a pedido de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que combis, cústers y ómnibus con hasta 35 años de antigüedad puedan seguir operando en las calles de la capital. Ahora, según reportó este Diario, la ATU está evaluando ampliar el permiso de rutas para las unidades de Lima y Callao. Estas debían vencer el próximo 30 de junio, pero dado que aún no entra en vigor la norma que reglamenta el otorgamiento de nuevas autorizaciones, lo más probable es que se extiendan las actuales.
El motivo para ambas decisiones es básicamente el mismo: si se aplican las normas que apuntan a un transporte público seguro, limpio y moderno en Lima y Callao, la oferta de unidades formales se reduciría demasiado. La mayoría de los miles de vehículos que circulan hoy no cumplirían con las nuevas disposiciones y pasarían a la informalidad. Los ciudadanos podrían, más bien, estar aún peor que antes.
Esto, por supuesto, era perfectamente previsible desde hace años. Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Administración de Trasporte, que dispone que las unidades de transporte público tengan máximo 20 años de antigüedad, data del 2009. Y la resolución directoral de la ATU del 2023 que extendía los permisos de rutas hasta finales de este mes era, al menos, ya la cuarta extensión del plazo desde el 2020. Ahora vendría una más. En cada ocasión, el cronograma se extiende para dar tiempo de ordenar y mejorar la oferta de vehículos, y en cada ocasión falla. Ante la falta de acción, no hay más alternativa que seguir alargando el plazo.
La evidente desidia de las autoridades frente a la problemática debería ser percibida como una directa afrenta para la ciudadanía. Los golpes son constantes. La semana pasada, el MTC, por ejemplo, exoneró del examen de conocimiento a los mototaxistas para revalidar su licencia. Pero si bien el MTC y la ATU son los responsables inmediatos, difícilmente son los únicos. Desde el Congreso, los ataques a la reforma de transporte han sido regulares. Apenas este mes, por ejemplo, se impulsó una ley para evitar que la ATU supervise a los taxis por aplicativo. Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde, Rafael López Aliaga, explicó ayer a este Diario que no está de acuerdo con el plan propuesto de la estación central de la línea 2 del metro de Lima. Con ello, esa obra quedará entrampada por un tiempo indeterminado.
La única conclusión necesaria es que, en el fondo, a ninguna autoridad realmente le importa lo que pasa con los millones de peruanos que sufren condiciones precarias de transporte todos los días. La responsabilidad es de todos ellos y, como suele suceder en estos casos, de nadie. Los ciudadanos estamos por nuestra cuenta.
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