El 21 de mayo, casi sin llamar la atención, el pleno del Congreso aprobó una ley que, en pocas palabras, le quita fondos al Gobierno Central para dárselos directamente a las municipalidades. Esto, que se hará redirigiendo gradualmente el destino de hasta dos puntos de lo recaudado por el IGV hacia el Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), significa que el Ejecutivo dejará de recibir al año unos S/8.000 millones –en cálculos del presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura– que deberá recortar de su presupuesto o conseguir de alguna otra manera.
Por increíble que parezca, el principal perjudicado con esta reasignación ha adelantado que no observará la ley, porque, en palabras del titular de Economía, Raúl Pérez Reyes, esta no tendrá consecuencias fiscales. Como si lo anterior no bastara, el ministro también ha anunciado que el gobierno viene preparando un nuevo crédito suplementario a favor de los gobiernos regionales y municipales que debe estar listo antes del 28 de julio.
De manera que, en pocas semanas, Ejecutivo y Congreso se han puesto de acuerdo en darles mayores recursos a las regiones, provincias y distritos del país. Esto, que no debería ser malo en teoría, se vuelve preocupante cuando vemos que estas últimas ya presentan problemas para ejecutar sus presupuestos actuales. Un informe publicado en este Diario, por ejemplo, muestra que, hasta junio, solo 443 de los 1.891 alcaldes provinciales y distritales de nuestro país han ejecutado más del 30% del presupuesto que tienen asignado para proyectos de inversión (es decir, uno de cada cuatro). Si subimos la medición al 50% –acorde con el momento del año en el que nos encontramos–, solo 118 lo han conseguido (esto es, uno de cada 16). Cabe destacar que este informe solo aborda alcaldías distritales y municipales, por eso no se incluye en el cálculo a las regiones que hasta la fecha no han sido incluidas en el Foncomún, pero, dadas las actuales circunstancias, podrían serlo.
Por supuesto, no se trata solo de gastar por gastar. La historia reciente del Perú está llena de localidades que desembolsaron millones en obras inconclusas, mal hechas o que no tuvieron impacto alguno en el cierre de brechas. Como ha explicado más de un especialista, muchos municipios, especialmente los más pequeños, no cuentan con personal calificado ni con sistemas administrativos ni logísticos adecuados para ejecutar de manera eficiente el presupuesto. Darles más dinero, como es evidente, no corregirá estos problemas de manera automática y quizás solo sirva para aumentar la cantidad de recursos que año a año se desperdician en nuestro país. En otras palabras, más que de un mayor presupuesto, estamos ante el riesgo de ver un mayor dispendio.
Lamentablemente, en lugar de hacer primero las reformas para garantizar un gasto subnacional más eficiente, nuestras autoridades prefieren concentrarse solo en repartir millones sin preocuparse por el destino final de estos.
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