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Editorial: La reserva fiscal

La filtración del acuerdo entre Odebrecht y la fiscalía no es otra cosa que un intento por impedir la colaboración de la empresa.

Editorial

José Domingo Pérez

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial para el Caso Lava Jato, participa en una diligencia en las oficinas de la compañía Telefónica, el pasado lunes 21 de enero. (Foto: Francisco Neyra).

En las últimas semanas, el equipo especial para el Caso Lava Jato del Ministerio Público ha intentado cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, a fin de que esta pueda, bajo ciertas garantías, entregar información que ayude a conocer la identidad de los funcionarios, políticos y empresarios peruanos que pudieron haber incurrido en delitos al relacionarse con la constructora. Una circunstancia que, como mencionamos el fin de semana en este mismo espacio, podría terminar comprometiendo a personalidades relevantes de nuestro país, como ex presidentes, ex alcaldes y líderes políticos de diversos partidos.

Como era de esperarse, el acuerdo ha sido torpedeado prácticamente desde que su concreción empezó a percibirse como una posibilidad inevitable. Y los ataques para hundirlo han estado dirigidos hacia un flanco en particular: la reserva del documento. Una condición que no solo es necesaria para fines prácticos (si el acuerdo fuese público, la presión política impediría que la fiscalía actúe con la independencia que requiere para saber qué información es la que más se aviene a su trabajo), sino también por mandato legal (la propia ley que regula la colaboración eficaz estipula que el proceso solo puede ser conocido por las partes, en este caso la fiscalía, el Estado representado por un procurador y la empresa, y por el juez que ratifica el convenio, quien puede hacerlo público una vez rubricado).

En ese sentido vale recordar, por ejemplo, el oficio enviado el 17 de diciembre pasado a pedido del ahora ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry para que el coordinador del equipo especial, Rafael Vela, le informe “sobre los presuntos cuestionamientos a las condiciones” del acuerdo. O la sorpresiva conferencia de prensa de Chávarry el 31 de diciembre cuando, tras anunciar la remoción de Vela y del fiscal que representa al Ministerio Público en el acuerdo, José Domingo Pérez, amenazó con hacer público el documento alegando arteramente que “el 60% de peruanos quiere conocerlo”. Un escenario que hacía muy probable que, en la práctica, se perdiera la oportunidad de llegar a un compromiso con la corrupta empresa.

Como se sabe, Chávarry terminó dimitiendo al cargo días después de dicho anuncio, pero los esfuerzos para estropear el acuerdo no claudicaron.

Prueba de esto último ha sido la filtración, ocurrida anteayer, de una parte del acuerdo entre la fiscalía y Odebrecht difundido por algunos usuarios en las redes sociales. Hecho que, comprensiblemente, ha motivado la preocupación de los fiscales del equipo especial, no solo porque pone en riesgo el acuerdo, sino porque revela una posible intromisión en los despachos de la fiscalía, donde se preserva el documento.

¿Y quiénes podrían buscar estropear el acuerdo? Pues evidentemente aquellos a los que sus términos, tal y como han venido informando los fiscales, les resultan lesivos. Pues con este, Odebrecht se adhiere a compromisos que se materializarán en, por ejemplo, interrogatorios a sus ex directivos en Brasil –algunos pactados ya para el próximo mes–, la entrega de información concerniente a obras en las que la constructora reconoce que pagó sobornos a funcionarios (la línea 1 del metro de Lima, la vía Evitamiento del Cusco, la Costa Verde del Callao y los tramos II y III de la IIRSA Sur), las contribuciones a las campañas políticas y los datos de los servidores Drousys y My Web Day, en los que los empleados del Departamento de Operaciones Estructuradas coordinaban los pagos de coimas y aportes a políticos. Es decir, información crucial para que la fiscalía pueda identificar a todos los que se coludieron con Odebrecht para lesionar al Estado Peruano.

Es cierto que algunos puntos del acuerdo pueden ser impopulares, como permitir que Odebrecht continúe operando en el país. Pero no hay que perder de vista, en primer lugar, que la empresa deberá pagar una reparación civil de por lo menos S/610 millones por las cuatro obras ya mencionadas (establecida por la procuraduría) y que, principalmente, su utilidad radica en que ayudará a conocer los pormenores de la corrupción que Odebrecht regó en el país durante décadas. Proteger su confidencialidad, así como el trabajo de los fiscales, resulta esencial en momentos en los que los perjudicados tratarán por todos los caminos de desbaratarlo.

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