Sin rubor

El presidente Pedro Castillo nunca se ha preocupado demasiado del “qué dirán”. Esta observación, que en otras circunstancias podría ser motivo de aplauso por los atributos de valentía y consistencia que conlleva, toma más bien un cariz de desvergüenza y desfachatez cuando se aplica al actual jefe del Estado.

En lo que se refiere al Ministerio del Interior y a los esfuerzos para dar con los prófugos allegados al mandatario, este último parece no estar siquiera interesado ya en dar la apariencia de querer evitar intromisiones. Una muestra anecdótica de esto es la curiosa omisión del párrafo de su discurso de Fiestas Patrias en el que “conminaba” a los “ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia” a entregarse a las autoridades; un texto que sí aparecía en la versión difundida inicialmente del mensaje presidencial –y que el mandatario respetó en el 99% de su contenido–, pero que nunca llegó a escucharse el pasado jueves. Y una muestra mucho más grave fue la remoción –sin que medie explicación alguna– del exministro del Interior Mariano González. Como se recuerda, este coordinó con la fiscalía la conformación de un equipo especializado de policías que finalmente diera con el paradero de los presuntos delincuentes que hasta hace poco gozaban de amplia influencia en el Ejecutivo. El mismo día en que se conoció la iniciativa de González, sin embargo, el presidente Castillo comunicaba su despido a través de sus redes sociales, dejando poco margen para especular cuál era el motivo detrás de su decisión.

Y, como para intentar no dejar ninguna duda de que el Ejecutivo torpedeará cualquier intento de llevar a la justicia a los prófugos incómodos, el miércoles pasado el Ministerio del Interior envió un oficio a la fiscal Marita Barreto –como se sabe, coordinadora del equipo especial de la fiscalía a cargo de las investigaciones a los círculos más cercanos a Castillo– en el que propone retirar al coronel PNP Harvey Colchado de la coordinación del equipo policial especial que apoya al grupo de la Dra. Barreto. De acuerdo con el documento, firmado por el ministro Willy Huerta, la conformación del equipo especial de oficiales “debería recaer en aquellos órganos de la Policía Nacional del Perú, cuyas funciones sean compatibles con las tareas o acciones que se le encomienden”. En otras palabras, el gobierno solicita recuperar el control sobre el equipo a cargo de la captura de los dos prófugos pendientes: Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, y Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario.

El pedido de Huerta tiene incluso consecuencias sobre las condiciones de Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno y quien fuera el tercer prófugo hasta hace una semana, cuando se entregó. De acuerdo con el abogado de Pacheco, César Nakazaki, la “salida del coronel Colchado sería tan grave que haría inviable [el] procedimiento de colaboración eficaz de Bruno Pacheco. Sin protección real, no hay colaborador eficaz”.

A todo ello hace falta sumar la denuncia del periodista Américo Zambrano, del semanario “Hildebrandt en sus trece”, quien indicó en sus redes que Beder Camacho, subsecretario general del despacho presidencial y hombre cercano al presidente Castillo, le ofreció información incriminatoria en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no era tal apenas horas antes de que Pacheco se rindiera ante las autoridades.

Así, decíamos, el gobierno no parece interesado en absoluto en guardar ya siquiera las apariencias mínimas de conducta proba. Dado el fraccionamiento del Congreso, no queda claro aún cuándo y cómo se dará la salida política de este entrampamiento que sufre el país como consecuencia de la presidencia de Pedro Castillo. No obstante, es evidente que, con cada torpe maniobra adicional de obstrucción, de las que todos somos testigos involuntarios, el gobierno da un paso más hacia su propia implosión.