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Editorial: Resquebrajar la reforma

La calidad de la educación superior no parece ser el motivo principal de los congresistas que quieren investigar a la Sunedu.

Editorial

Tamar Arimborgo

La congresista de Fuerza Popular, Tamar Arimborgo, en una sesión de la Comisión de Educación del Parlamento el pasado 19 de agosto. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

Las estadísticas para graficar los problemas que agobian a la educación superior en el país son bastante elocuentes. Según el QS University Ránking del 2019, por ejemplo, solo tres universidades peruanas se encuentran entre las mejores 1.000 del planeta (ninguna en el top 500). Por otro lado, como señaló hace unos meses el economista Hugo Ñopo en nuestras páginas, citando una investigación de Pablo Lavado y Gustavo Yamada, “poco más de un tercio de los programas universitarios” en nuestro país “tienen retornos negativos”; es decir, los jóvenes que siguieron estos programas “hubieran estado mejor financieramente si trabajaban inmediatamente después de concluida la secundaria”.

Por todo ello, la labor que viene realizando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para corregir estas cifras estremecedoras es medular.

A pesar de lo dicho, no obstante, el lunes la Comisión de Educación del Congreso decidió, en la sesión de estreno de la legisladora de Fuerza Popular (FP) Tamar Arimborgo como presidenta del grupo, solicitar facultades (que ayer aprobó el pleno) para investigar a la Sunedu por 120 días. Según el legislador Juan Carlos Gonzales (FP) –promotor de la iniciativa–, el objetivo es “investigar las presuntas irregularidades en los procesos de contratación de personal, bienes, consultorías y servicios en general, [en el] proceso de licenciamiento institucional de universidades públicas y privadas, y otros que pudieran surgir producto de la investigación”. En pocas palabras, los legisladores van a zarandear de lado a lado a la institución para ver qué cosa cae de sus ramas que no haya caído hasta ahora.

Y decimos “hasta ahora” porque, como se conoce, dicha comisión ya pidió en mayo del 2018 las mismas prerrogativas para investigar a la Sunedu por 60 días. En aquella oportunidad, sin embargo, el plazo venció y el grupo no presentó ningún informe final de sus pesquisas. Además, como ha anotado la ministra del sector, Flor Pablo, existen “otros mecanismos anteriores a ello [las facultades investigadoras] para poder aclarar las dudas que hubiera”, dudas que además, tal y como las ha planteado la comisión congresal, lucen bastante genéricas.

¿Qué motiva, entonces, estos febriles afanes detectivescos de los parlamentarios, así como la prisa por demandarlos al pleno tan pronto estuvieron instalados? En realidad, basta con conectar algunos puntos para descubrir que sus preocupaciones no parecen estar en la calidad de la educación superior del país.

Como han advertido algunos medios, ciertos integrantes de la comisión que votaron a favor de la propuesta han tenido (o tienen) vínculos con universidades recientemente sancionadas por la Sunedu. El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra), por ejemplo, fue docente de la Universidad San Martín de Porres entre el 2006 y el 2008. Hace poco, dicha institución fue multada con más de S/8,6 millones por la Sunedu que, además, pidió la vacancia de su rector José Antonio Chang Escobedo –a saber, ministro durante el segundo gobierno aprista– por hacer inversiones sin fines educativos por casi S/300 millones. Curiosamente, el parlamentario ha calificado las sanciones impuestas por la Sunedu como “ilegales”.

Su colega Alberto Oliva (PpK), por otro lado, es coordinador de la filial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Chincha. Dicha casa de estudios (que todavía no ha culminado el proceso de licenciamiento institucional) fue multada en agosto con más de S/1 millón por otorgar 1.098 títulos a bachilleres de otras universidades.

Otros miembros de la comisión, como los mencionados legisladores Arimborgo y Gonzales, registran en sus hojas de vida estudios en universidades –Universidad Científica del Perú y la mencionada Garcilaso de la Vega, respectivamente– que no han recibido la licencia. Si a ello le sumamos el anuncio del jefe de la Sunedu, Martín Benavides, de que el proceso de licenciamiento de las universidades públicas y privadas concluirá en diciembre, uno puede sospechar de dónde proviene la premura inquisitiva de los parlamentarios.

Una pena, en realidad, porque poco cambiarán las aciagas cifras con las que comenzamos este editorial si los propios legisladores se empeñan –por motivos poco aclarados ante la ciudadanía– en resquebrajar los esfuerzos para enmendarlas.

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