Cosecha roja

Un integrante de la banda Los Pulpos camina un sábado por la noche por un centro comercial de Trujillo, solo dos días antes de la Navidad, cuando un miembro de una banda rival, La Jauría, le dispara por la espalda y hiere de paso a otras tres personas. La víctima del disparo es trasladada de emergencia al Hospital Regional Docente de la zona, pero no logra sobrevivir. La policía informa que lo ocurrido sería un ajuste de cuentas entre las referidas bandas, enfrentadas por el control territorial y por la primacía en el cobro de cupos y la extorsión a transportistas y empresarios trujillanos en los distritos de La Esperanza y El Porvenir.

Parece una escena tomada de una película sobre el Chicago de los años 20 del siglo pasado, pero no lo es. Es un episodio de la vida real y cada vez más frecuente para los ciudadanos de La Libertad. Fue allí, no lo olvidemos, donde nueve trabajadores de la minera Poderosa (ubicada en Pataz) fallecieron en noviembre pasado como consecuencia de un ataque perpetrado por presuntos mineros informales en alianza con una organización criminal.

De hecho, de acuerdo con información oficial, en lo que va del año se han registrado en esa región más de 300 asesinatos: una auténtica cosecha roja. Según un reporte del equipo estadístico de la Universidad Nacional de Trujillo, además, 148 de ellos se produjeron en la provincia que acoge a la capital. Y el congresista Diego Bazán (Avanza País) ha resaltado que, al estar bordeando los 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes, La Libertad prácticamente triplica el promedio nacional. Una situación como para que el gobernador regional, César Acuña, tome serias cartas en el asunto en lugar de estar develando estatuas que honran no se sabe bien qué méritos suyos.

La única reacción del gobierno que él encabeza, no obstante, ha sido exigir al Ejecutivo que permita la intervención del Ejército en la zona “para el patrullaje preventivo y el combate directo contra el crimen organizado”. Como si no hubiera tomado nota de que la supuesta estrategia de declarar en emergencia determinados distritos del país como mecanismo para reducir la delincuencia ha fracasado. Desconcierta, al mismo tiempo, que la respuesta del Ministerio del Interior a lo sucedido haya consistido esencialmente en “condenar” el riesgo al que estuvieron expuestas las familias que se encontraban en el centro comercial cuando ocurrieron los hechos… Como si ese riesgo no fuera, en parte, resultado de su propia inoperancia.

La responsabilidad fundamental de lo que viene sucediendo, sin embargo, es del Gobierno Central en su conjunto. Trujillo puede ser uno de los lugares que concentra una mayor actividad criminal, pero el mal que nos ocupa atraviesa el territorio nacional y tiene también a Lima como uno de sus epicentros. El mismo sábado en que se produjeron los hechos aquí relatados, en San Martín de Porres, una chocolatada entre vecinos acabó con un muerto y cuatro heridos a causa del ataque de dos sicarios. Y, horas más tarde, la fachada de la vivienda utilizada por los integrantes del Grupo 5 recibió nueve disparos y el impacto de una granada. Una probable materialización de la extorsión de la que ellos vienen siendo objeto desde hace algún tiempo.

La ausencia de reflejos de las autoridades de todo nivel, empero, es absoluta. La confirmación palmaria de ello es la irritada admisión de parte de la actual presidenta de que el proclamado “plan Boluarte” contra la inseguridad no existe. Estamos, pues, al parecer, librados a nuestra suerte, y en el Ejecutivo no existen ni siquiera ideas sobre lo que se podría hacer al respecto. Mala manera de terminar el año, pero peor forma aún de empezar el que está a la vuelta de la esquina.