La interferencia de la política en el sistema de justicia es tan antigua como la política misma. En el Perú, esta es una perversa práctica que –de una forma u otra– forma parte regular de la coyuntura nacional. Con una institucionalidad débil, el delicado control cruzado que la política y la justicia se deben mutuamente se presta más bien a abusos y componendas.
Dada la ubicuidad del problema, es sorprendente cuando un actor político en particular logra destacar por la desfachatez de su interferencia. Pero esa es hoy la situación de Perú Libre. El viernes de esta semana, este Diario informó respecto de los 16 proyectos de ley que la bancada del partido de Vladimir Cerrón –prófugo desde inicios de octubre del año pasado– ha presentado en el Congreso para alterar la administración de la justicia. En concreto, Perú Libre propone declarar en emergencia el Ministerio Público, elegir a jueces y fiscales por votación popular, evitar el procesamiento penal de los partidos políticos, permitir la presentación de hábeas corpus en cualquier jurisdicción, entre otras disposiciones que obstruyen el sistema o lo inclinan a favor de su partido.
Por supuesto, el telón de fondo de estos proyectos de ley es que sobre Cerrón pesan varios procesos, diversas acusaciones y una condena firme con prisión efectiva, y que Perú Libre enfrenta investigaciones por organización criminal y lavado de activos. Los esfuerzos desde las curules del partido del lápiz están dirigidos a debilitar al mismo sistema que los ha hallado culpables o los está procesando.
Solo para reconfirmar el patrón, Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir y además segundo vicepresidente del Congreso, denunció días atrás a 16 jueces supremos por declarar inconstitucional una ley con la que su hermano intentó archivar diversos casos judiciales. Según publicó ayer El Comercio, el parlamentario ha solicitado la destitución de los magistrados y su inhabilitación por cinco años ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cerrón denuncia presunta infracción a la Constitución, delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones y prevaricato.
En todos estos esfuerzos sistemáticos no hay ya preocupación por ocultar o siquiera matizar el uso del poder político para perseguir causas individuales –ilegítimas y caprichosas– en el sistema de justicia. Es la total normalización de la intromisión política por el simple hecho de contar con votos y representación en el Legislativo, sin más.
Perú Libre y Waldemar Cerrón no tienen el peso suficiente en el Congreso para inclinar la balanza a favor de su impunidad, pero eso no quita que sus intentos sean inadmisibles en un sistema democrático. Por lo demás, aun si no lograsen su cometido en la aprobación de proyectos de ley o la inhabilitación de jueces, el mensaje que envían a fiscales y magistrados es claro: métete con nosotros y te haremos la vida más difícil desde nuestra posición en el Congreso.
Le corresponde al resto del Legislativo dar una respuesta clara a estos intentos de intromisión en el sistema de justicia. En medio del debate por el destino de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), esta es también una oportunidad para reflexionar sobre los espacios y los límites del control político sobre instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras vinculadas.
En lo que respecta a Perú Libre y a los hermanos Cerrón, la decisión de sus colegas parlamentarios debería ser muy clara: utilizar el poder del Congreso para fines personales o partidarios jamás se puede permitir, aun si quienes lo hacen carecen ya de vergüenza.
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