Historia de una cacería

Una investigación sobre el asesinato del ex teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ronald Ojeda, secuestrado el 21 de febrero del 2024 en Santiago de Chile, avanza lentamente en la jurisdicción de los hechos. Está en una etapa inicial. Una cámara del edificio en el que vivía filmó la manera en que falsos policías locales lo redujeron violentamente −semidesnudo, uno atenazándolo por el cuello− y se lo llevaron. De inmediato las sospechas se dirigieron hacia el Tren de Aragua, como la organización criminal que aportó los autores materiales, y hacia la contrainteligencia militar venezolana, como contratante de servicios de sicariato. Es que Ojeda era un opositor conocido al régimen de Nicolás Maduro. Perteneciente a una unidad de fuerzas especiales de la infantería del Ejército, estuvo preso bajo cargos de rebelión y traición a la patria, pero escapó en el 2017 cuando lo trasladaban a la prisión de Ramo Verde. En el 2024, una vez secuestrado en Santiago, nadie pidió dinero para devolverlo con vida.

Las autoridades chilenas no han responsabilizado al gobierno de Maduro, pero está claro que las investigaciones son de su máximo interés, puesto que Ojeda tenía condición de asilado político, lo que haría aún más intolerable una operación militar encubierta de otro Estado en su territorio. Sin embargo, esta hipótesis no aparece como el objetivo formal de las indagaciones, que, de momento, persiguen una acción del crimen organizado con posibles vínculos transnacionales. El cadáver de Ojeda apareció el 1 de marzo en un suburbio de Chile, enterrado bajo un bloque de concreto. Había sido estrangulado.

La policía identificó a tres de los asesinos, todos venezolanos, dos de los cuales ya están detenidos. Un adolescente con identidad en reserva, que realizó labores de vigilancia, ha sido sentenciado a una pena de cinco años de reclusión bajo un régimen especial, mientras se reúnen mayores pruebas que podrían aumentar la pena. El segundo, Maickel Villegas Rodríguez, de 26 años, capturado cuando pretendía pasar a Nicaragua desde Costa Rica, está próximo a ser extraditado a Chile. El tercero es Walter Rodríguez Pérez, quien trabajó para el chavismo y el Tren de Aragua, y continúa prófugo. Son tres de un grupo más amplio, como se confirma con posteriores detenciones de personas que podrían estar relacionadas con la acción.

El 11 de abril la policía chilena capturó a Yolvi González, un venezolano de 21 años que participó el día anterior en el asesinato del mayor de Carabineros Enmanuel Sánchez. En su celular había una foto suya vestido con el uniforme policial que emplearon los secuestradores de Ojeda. Posteriormente, en Colombia, cayó otro de los delincuentes venezolanos que abatieron al carabinero: Dayonis Orozco Castillo, de 29 años. En su celular también había fotos que lo vinculan con el operativo criminal contra Ojeda. Orozco parece el más importante de los cinco mencionados, y su destino es ser extraditado desde Colombia. Una vez en Chile estos detenidos pueden contribuir a recuperar al menos una parte de la verdad, que, como se verá, contiene más hechos y personajes.

El 31 de marzo del 2024, Noticias Caracol de Colombia atribuyó a la Dirección General de Contra Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) haber asesinado a Ojeda utilizando al Tren de Aragua. Añadió que la DGCIM también había empleado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una banda narcoterrorista colombiana, para secuestrar al excapitán del Ejército Ányelo Heredia mientras este intentaba cruzar la frontera con un grupo de golpistas para derrocar a Maduro. Al igual que Ojeda, Heredia había sido acusado de rebelión en Venezuela y escapó de prisión. En Colombia estuvo empeñado en organizar un contingente que retornara para tomar una base militar y deponer al gobierno. A fines del 2023 convocó a una reunión en Cúcuta e inició su marcha hacia la frontera. En el grupo estaba Ronald Ojeda. Cuando el ELN los emboscó, Heredia fue hecho prisionero y Ojeda, aunque herido, logró huir. En febrero del año siguiente el Gobierno Venezolano denunció que exmilitares operaban para asesinar a Maduro y difundió un video autoinculpatorio de Ányelo Heredia, quien continúa en prisión.

La versión de Noticias Caracol estaba repleta de detalles y testimonios. El equipo investigativo, dirigido por Ricardo Calderón, el mejor periodista sobre asuntos de seguridad de Colombia, había venido recogiendo información de exiliados venezolanos desde hacía más de un año, así como registrando la persecución de la que eran objeto en territorio colombiano por los agentes de Maduro. Heredia había declarado para ellos en varias oportunidades. Cuando publicó sus materiales, Calderón había realizado más de 50 entrevistas y accedido a fuentes de inteligencia en Venezuela, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Además, poseía más de 50 entrevistas y una tera de documentos, videos y fotos de inteligencia sobre las actividades de la DGCIM en diferentes países.

Uno de los entrevistados narró la reunión de los conspiradores en Cúcuta. Dijo que Ojeda fue entregado a la DGCIM por el ELN, que cruza continuamente la frontera bajo la protección del régimen chavista. El testigo vio herido a Ojeda, quien viajó posteriormente a Chile, en busca de asilo político. Otro entrevistado contó el intento de secuestro del que fue víctima por servicios secretos venezolanos en Bogotá. Durante el gobierno de Gustavo Petro las autoridades colombianas no han mostrado el mismo celo que las chilenas para investigar las intrusiones de fuerzas de otro Estado en su país. Los aportes de Caracol Noticias, desde luego, constituyen lo que se llama una “verdad periodística”, solo referencial para causas judiciales, pero sin duda han terminado de abrir los ojos sobre lo que realmente ocurrió.

No fue una sorpresa, por ello, que el exigente jurado del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación convocado anualmente por el Instituto Prensa y Sociedad −que me honro en dirigir− lo declarara ganador por unanimidad, en un acto en la Casa de América en Madrid, la noche del 25 de octubre. Al justificar el fallo, el argentino Santiago O’ Donnell dijo que los hechos narrados por Calderón no tenían precedente desde el Plan Cóndor de las dictaduras latinoamericanas en el siglo pasado. Añadió que en un punto es peor y más difícil de investigar: entonces se trató de un plan coordinado entre dictaduras, mientras que ahora un gobierno autoritario actuó sin el conocimiento de naciones democráticas para perpetrar crímenes aberrantes en su suelo.

El jurado puso énfasis en que juzgó una edición extraordinaria, por la calidad de los trabajos presentados. Por lo mismo es propicio destacar el segundo puesto, obtenido, también unánimemente, por un equipo de medios de cinco países dirigido por la fundadora de “Salud con Lupa”, la peruana Fabiola Torres. “Redes de nicotina” puso al descubierto las campañas de compañías tabacaleras para popularizar los cigarrillos electrónicos, propiciando una desinformación sobre los riesgos asociados a su consumo. Hubo un empate en el tercer lugar. “El Caso Hermosillo”, de Nicolás Sepúlveda, de CIPER, expuso una trama de tráfico de influencias en el corazón de los poderes políticos y económicos de Chile. “Rehenes de la ley”, por Joseph Poliszuk, de ArmandoInfo, documentó métodos de tortura nazi en cárceles venezolanas.

Otro aspecto sobresaliente es la producción investigativa de periodistas en países dominados por dictaduras (Cuba, Venezuela, Nicaragua), y en otras naciones donde se celebran elecciones democráticas pese a lo cual están obligados al exilio (El Salvador, Guatemala). O donde existe peligro de que los maten, como en México. La mayoría de ellos trabaja fuera de su país, logrando descubrir malos manejos y corruptelas de los déspotas que los persiguen. Y lo hacen con entereza, sin llorar cuando les jalan un pelo.