Una hipótesis siniestra

La Procuraduría General del Estado (PGE) se apresta a cesar al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Ortiz, luego de que este brindara al diario “Perú 21″ informaciones que permitieron al medio corroborar la veracidad de un diálogo entre el exministro del sector, Juan Silva, y el empresario Zamir Villaverde. Ambos concertaban un soborno. Pretendían que el consorcio Puentes del Norte continuara construyendo una obra luego de que el Estado resolviera el contrato por incumplimiento. El audio de la plática, divulgado por el periodista Phillip Butters, fue decisivo para que el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, resolviera investigar al presidente Pedro Castillo como cabecilla de un grupo gubernamental de apropiación de recursos públicos. El despido de Ortiz puede interpretarse como una represalia de los imputados. Lo cual abre paso a una hipótesis siniestra: ¿es la PGE, el organismo defensor de los intereses del Estado, un tentáculo de la organización criminal?

De acuerdo con la versión de Ortiz, el 9 de junio, dos días después de sus declaraciones a “Perú 21″, fue citado por Julio Talledo, director de la Oficina de Control Funcional de la PGE, y por Edward Vega, director de Información y Registro. Le comunicaron que no cumplía los requisitos para ser procurador y que propondrían cesarlo, salvo que prefiriera renunciar. Preguntado para esta nota, Talledo dijo que la invitación a renunciar nunca se produjo. La procuradora general María Caruajulca no respondió un mensaje sobre este punto, aunque la PGE ya admitió que la situación de Ortiz es evaluada. El hecho es que el lunes 20 de junio estuvo convocado el Consejo Directivo, integrado por la procuradora general y los representantes de la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Luis Iglesias y Ramón Alcalde, respectivamente. Tema de agenda: la destitución de David Ortiz. Como Alcalde no asistió, Iglesias planteó diferir el debate hasta que estuvieran todos.

Ortiz solo podría ser destituido por falta grave, pero no habría manera de construirle un caso. Sus dos antecesores están investigados por delitos de corrupción de funcionarios. Desde que asumió el cargo, el MTC cambió los resultados de sus diferendos con las contratistas. De perder el 70% de los arbitrajes antes del 2017, pasó a ganar el 72% en el 2022, según cifras oficiales ya publicadas. Logró apartar a 19 árbitros vinculados con Odebrecht. En la última semana revirtió una medida cautelar ganada por China Railway Group N°10, una de las empresas denunciadas por Karelim López, dejando sin efecto un contrato obtenido irregularmente. El procurador, un abogado de 33 años, graduado por la Universidad San Martín de Porres, con una maestría y dos más por culminar, no tiene puntos flojos en su historial.

En la entrevista con Talledo y Vega, ellos le habrían indicado que no contaba, cuando fue designado, con los ocho años de ejercicio profesional requeridos para ser procurador. Pero el requisito es de una norma posterior a su nombramiento. Ahora cumple las condiciones exigibles y debería ser ratificado en un proceso previsto por la legislación vigente. En síntesis, es ilegal expulsarlo aplicando una ley con retroactividad. Tampoco es posible despedirlo por pérdida de confianza, porque el estatuto de la PGE excluye esta opción. Y ante supuesta falta grave debe procesársele en un tribunal que actualmente está incompleto. Pedro Castillo y el exministro de Justicia Aníbal Torres ya cometieron legicidio, al nivel de grave infracción constitucional, al despedir al anterior procurador general, Daniel Soria, porque perdió su confianza.

Caruajulca y los miembros del Consejo Directivo deben pensarlo dos veces antes de deshacerse de procuradores que no son del gusto del Gobierno. Esto quizá explique la ausencia del representante del Minjus, Ramón Alcalde, en la sesión donde debía rodar la cabeza de Ortiz. Ahora que el barco se hunde, el mar se ve distinto según lo mire un político como el actual premier o un funcionario público como Alcalde, quien a la sazón es secretario general del Minjus. Un mal paso puede acabar con su servicio en el Estado y ponerlo en un banquillo. Hubo algo extraño en la designación de Alcalde como miembro del máximo organismo de la PGE. El presidente Pedro Castillo –con rúbrica del ministro de Justicia, Félix Chero– lo nombró el último 5 de mayo, porque el cargo estaba “vacante”. La resolución no menciona que su antecesor, Luis Tapia, otro funcionario de carrera, hubiera renunciado. No lo había hecho. La dimisión de Tapia se produjo el 6, de modo que lo renunciaron. Es posible que este abogado, que aún trabaja en el Minjus, pudiera contarle al Ministerio Público las verdaderas razones por las que terminó apartado del Consejo Directivo, donde estaba nombrado para cinco años. Coincidía demasiado con Luis Miguel Iglesias, de la CGR, dejando en minoría a la procuradora general.

La indagación fiscal tiene sentido si se considera que Soria fue despedido ilegalmente por solicitar al Ministerio Público que Pedro Castillo sea investigado. Que el nombramiento de Caruajulca fue para impedir que la PGE accionara contra altos funcionarios comprometidos: presidente, ministros, congresistas cómplices (la procuradora general permanece muda en las audiencias donde comparece Castillo). Que el despido de Ortiz es necesario para neutralizar a la Procuraduría del MTC, la cual, con sus 117 abogados y personal auxiliar, es el único territorio del sector que no terminó copado por la organización investigada.

¿Por qué no lo tomaron? No podían hacerlo sin dominar a la PGE, lo que recién ocurrió en febrero del 2022, aunque sin una mayoría decidida en el Consejo Directivo. Mayoría que debía estar resuelta, por ejemplo, a ignorar los impedimentos legales para remociones. Sin embargo, lograron controlar a los mandos intermedios, dedicados a evaluar procuradores e identificar irregularidades. En estos niveles deben buscarse evidencias de al menos dos procesos que permanecen en la oscuridad. Uno corresponde a la propia María Caruajulca, respecto de una denuncia en contra suya presentada por la ciudadana Gloriosa Huaranga en el 2020, por supuesta negligencia ante el tráfico de tierras cuando era procuradora en San Juan de Lurigancho. La denuncia fue ingresada al Ministerio de Justicia en enero del 2020. Este año, la periodista Mávila Huertas denunció en Panamericana que cuando Caruajulca asumió como procuradora general la causa seguía abierta, y que, por lo tanto, tenía impedimento legal para asumir el cargo. La funcionaria repuso que no la afectaban procesos pendientes. En una reunión con procuradores, Caruajulca dijo lo mismo, basándose en un certificado de la propia PGE. El Ministerio Público presumiblemente lo verificará, puesto que ha recibido una denuncia que objeta la aseveración. Es posible que en el trabajo de comprobar quién, cuándo y bajo qué circunstancias fue suscrito el informe salte una segunda sorpresa: la forma en que la PGE enterró las denuncias contra el exministro de Justicia Ángel Yldefonso. Precisamente, él nombró a Caruajulca como procuradora general.

Al momento de jurar como ministro, Yldefonso, exprocurador en Huaraz, tenía cinco denuncias en su contra reunidas en un expediente que registró un análisis apabullante de los propios funcionarios de la PGE subordinados a Caruajulca. El responsable del informe que recomendó una sanción fue despedido. Yldefonso tenía, además, alrededor de 100 infracciones documentadas en un segundo expediente, todas por inacción procesal ante delitos contra el Estado. El ministro tuvo que renunciar bajo el peso de su escalofriante prontuario, pero en la PGE su investigación duerme el sueño de los injustos. Cuando salgan a la luz estos procesos, lo que no parece lejos de ocurrir, podrá apreciarse mejor la descomposición de un organismo llamado a ser un referente de la ética pública.