Sombra aquí, sombra allá

Con la escasa votación que alcanzó la moción de vacancia la tarde de ayer (37 votos), el Gobierno superó con creces el primer intento de remover a la presidenta Dina Boluarte. La cifra quedó lejos del umbral para ser admitida (40% de los congresistas hábiles) y es, además, muy distante de aquella requerida para lograr la vacancia en sí: 87 votos.

Pero mal harían los simpatizantes y los asesores del régimen en dar la guerra por ganada. Ningún mandatario había iniciado su mandato con una popularidad tan baja (17%, según la encuesta más reciente de Ipsos para “Perú 21″) ni con el pasivo inmenso que significan las decenas de muertes por la conflictividad social y los crecientes indicios de violaciones a los derechos humanos, con gran rebote en la prensa internacional.

Es que Boluarte no ha terminado de superar la intranquilidad social que más bien podría estarse reubicando geográficamente y encontrando un origen distinto: el norte y la impaciencia por la reacción del Gobierno.

El último lunes, al día siguiente de una intensa jornada de lluvias en Piura, el alcalde provincial Gabriel Madrid verbalizaba este ánimo: “Ha tenido que pasar esta desgracia, han tenido que escuchar que vamos 15 días y no hay acciones. Vamos a hacer una marcha en Piura […], estamos convocando a la sociedad civil, en vista de que no ha habido una respuesta del Gobierno Central. Recién han venido hoy a decir que van a hacer lo que no han hecho. Esperemos que no quede en una palabra” (Canal N, 3/4/2023).

Si a la difícil situación climática se le agregan las presiones que plantea el panorama económico, el escenario parece aún más complicado. De hecho, no debe olvidarse –si sirve como referencia– que el momento de mayor intranquilidad social que vivió el desastroso y breve gobierno de Pedro Castillo fue precisamente por factores económicos.

Por lo demás, la sólida y tácita alianza por la permanencia que parecen honrar Ejecutivo y Legislativo puede resultar siendo un pasivo adicional importante para un gobierno que carece de simpatías. Es que casos de recorte de remuneraciones –como el que protagoniza la congresista Rosio Torres, expulsada de su partido– inevitablemente salpican a toda la institución y, en consecuencia, abonan al hartazgo con el liderazgo político en su conjunto.

Como si fuera poco, el factor por el que la gestión de Boluarte quiso diferenciarse (el manejo de la corrupción) genera cada vez más titulares sin respuestas concluyentes por parte del régimen. Carente de iniciativa política, el Gobierno termina arrinconado y condenado a una actitud reactiva.

El afán de sobrevivencia parece haber privado al entorno presidencial de proponer una agenda mínima, necesaria aun en el caso de aspirar a permanecer todo el lustro presidencial estipulado por la Constitución. Agenda que debería ser, sobre todo, política.

El Ejecutivo, en cambio, opta por pensar que el país enfrenta una situación estándar. Presenta, así, la anunciada propuesta para la creación de una autoridad de infraestructura. La iniciativa, que busca –entre otras cosas– absorber las funciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, es un esfuerzo que trae implícito el sincero mensaje de la gestión de Boluarte: la autopercepción como un gobierno regular y no como uno de transición.

Así las cosas, el estable aunque impopular gobierno de Boluarte se apresta a iniciar el largo camino que separa al país de julio del 2026. Un complicado trecho en el que los nubarrones persistirán, sin señales de un relanzamiento posible ni garantía de lograr llegar a la meta. La letra de la tonada ochentera de Mecano (sombra aquí, sombra allá / maquíllate, maquíllate) parece una aspiración lejana.