Al cierre de esta columna, es incierto si el Congreso alcanzará la votación requerida para alterar, total o parcialmente, la actual composición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El solo hecho de que la votación haya sido incluida en la agenda podría hacer creer que hay votos para algo. Pero solo los detalles (si será votación en bloque o caso por caso) darán mayor claridad sobre lo que podría verse.
Como se sabe, la votación calificada es de 87 votos. La votación en la Comisión de Justicia (16 a favor de 21; esto es, más de dos tercios) indicaría que la proporción está cerca de alcanzarse. Pero la última proyección reportaba una considerable distancia: 69 (El Comercio, 22/10/2023). Por lo pronto, el secretario general de APP, Luis Valdez, ratificó que su agrupación no apoyará la remoción de los miembros de la JNJ (RPP, 31/10/2023).
APP, como se recuerda, es uno de los pilares del liderazgo congresal y preside el Parlamento. El otro pilar, Fuerza Popular (FP), no parece tan entusiasmado con la idea, como sugiere el prudente silencio que guarda al respecto o las “múltiples opciones” que evaluaría la agrupación, según reporta Martín Calderón (El Comercio, 1/11/2023).
Al margen del desenlace, en cualquier caso, es evidente que la votación desnudará alguna de las limitaciones que tiene el actual poder congresal. Por lo pronto, y a pesar de que se alcanza cierto consenso en votaciones muy controversiales, no existe una posición cohesionada sobre la mayoría de los temas. Quizá solo la convivencia generalizada es la excepción. Pero una fragmentación como la actual difícilmente puede ser sustento de una fortaleza infranqueable.
Además, se evidencia una agenda subalterna, que viste algunas motivaciones muy particulares de preocupación institucional. ¿Puede tomarse de otra manera el celo que muestra un Congreso con más de 80 de sus integrantes con algún lío pendiente con la justicia?
Finalmente, esta confluencia de agendas hace posible que propuestas descabelladas tengan cierto espacio. A fin de cuentas, lo que importa son los votos y no las razones. Solo una coyuntura congresal como la actual hace que una propuesta, por ejemplo, como la de José Jeri (Somos Perú) para relanzar las industrias en el país tenga cierto futuro. Si fue posible elegir a alguien con tan pocas credenciales como Josué Gutiérrez, ¿por qué no probar con esto?
Al otro lado del mostrador, es necesario que las instituciones reflexionen sobre su accionar, un desafío aún mayor en conglomerados de voluntades como la JNJ. Es cuestión no solo de serlo, sino también de parecerlo. Hay al menos dos aspectos que valdría la pena revisar: los pronunciamientos y las filtraciones.
¿Era conveniente manifestarse sobre un caso que eventualmente podría ser materia de su evaluación? En su momento, el integrante de la JNJ Aldo Vásquez dijo que defendían principios y no personas, pero podrían haber esperado a que se los requiriese para manifestarse, a través de una decisión colegiada.
Las filtraciones, entre tanto, se han vuelto moneda corriente. En distintos momentos, sentencias judiciales, fallos constitucionales o acciones fiscales han llegado a la opinión pública, lo que ha requerido que algún alto funcionario incumpla con su deber de guardar reserva. ¿Quién rinde cuentas por ello?
El desenlace ideal de la votación de la jornada de hoy sería que el candado relativo de la votación calificada asegure la preservación de cierta institucionalidad. Las instituciones, por su parte, deberían sacar de este difícil trance algún aprendizaje para manejar un desempeño incuestionable, de manera que se evite cualquier resquicio de duda sobre su comportamiento. Solo así se impedirá que se abra un espacio a vulnerabilidades aprovechables por actores cuyo interés dista del bien común.
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