Ante el poco entusiasmo que ha mostrado el Congreso frente al proyecto del Ejecutivo que busca crear el ministerio de infraestructura, el gobierno decidió pivotar y ahora apunta a que sea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) la que absorba el significativo portafolio de inversiones de entidades como Provías Nacional y Provías Descentralizado.
En total, el Ejecutivo prevé desaparecer 14 programas de distintos sectores y trasladar sus responsabilidades a la ANIN, a través de un decreto supremo que está siendo afinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, según adelantó el titular de ese sector, José Salardi.
En más de la mitad de los casos, la decisión del Ejecutivo de decretar su extinción no resulta nada sorprendente, dado que ocho formaban parte de las entidades que iban a dejar de existir si prosperaba la propuesta legislativa del gobierno.
En ese grupo figuran unidades como Provías Nacional y Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y entidades de los ministerios de Vivienda, Educación, Salud y Desarrollo Agrario y Riego. Sin embargo, llama la atención la inclusión de otras seis, como el Programa Nacional de Diversificación Productiva del sector Producción, que el proyecto de ley del Ejecutivo no había incluido.
Pero quien estaría ad portas de un total cambio de destino es, precisamente, la ANIN. Recordemos que lo que buscaba el Ejecutivo era que esta autoridad, recientemente creada, desapareciera y que sea el ministerio de infraestructura el que asumiera sus funciones. Ahora, más bien, la ANIN estaría destinada a cargar con el considerable peso de centralizar todas las inversiones del gobierno en materia de infraestructura para lo cual, de acuerdo con Salardi, va a ser fortalecida y pasará al régimen del Servicio Civil.
Sin embargo, se va a necesitar mucho más que eso para garantizar que esta centralización no se convierta en una simple aglomeración de ineficiencias. Se requieren cambios profundos en la gestión de proyectos de inversión y destrabar obras paralizadas que, en muchos casos, están en la cancha de las autoridades regionales y locales.
Es importante que, además, se evite que los mayores presupuestos en menos manos concentren también las oportunidades para la corrupción.
También sería bueno que se transparente cómo se van a conseguir los ahorros de S/2.500 millones este año y de S/4.000 millones para el próximo que Salardi ha anunciado. Es difícil imaginar que despidos masivos caigan muy bien en este momento, cuando el propio MEF está defendiendo un políticamente inexcusable incremento del sueldo de la presidenta Boluarte.
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