Arranca Perú, un programa de S/6.400 millones de inversiones en mantenimiento de caminos y construcción de vivienda y canales de riego, tiene en la modestia su principal virtud. Es un programa de corta duración y presupuesto limitado, que calza en ambas dimensiones con la disponibilidad de maquinaria, ingenieros y albañiles temporalmente desocupados, hasta que regresen a sus actividades habituales. Los proyectos más ambiciosos llegarán muy tarde, por más que recurramos a los contratos de gobierno a gobierno para sortear las trabas. Para cuando se firme el primer contrato, la economía ya se habrá reactivado.
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En realidad, es mejor que sea así. Ver la infraestructura como un instrumento para la reactivación puede distorsionar las decisiones de inversión. La infraestructura contribuye a la economía del país si y solo si presta servicios útiles a la población; suficientemente útiles y duraderos como para justificar su enorme costo. Lo hemos dicho antes y lo seguiremos diciendo. Un empresario no invierte en una planta para lucir bien en una comparación con sus competidores, sino porque la planta produce algo que puede vender a los consumidores. Un cálculo similar tenemos que hacer como país si no queremos llenarnos de elefantes blancos.
Tenemos que cuidar también que no se reintroduzca la planificación centralizada con el pretexto de la infraestructura. Hay sectores que son competitivos y no tienen necesidad de concesiones ni APP. ¿Qué hace Proinversión promoviendo –o, más bien, qué hace el gobierno encargándole que promueva– un proyecto como la central térmica de Quillabamba? La empresa privada es capaz de construir plantas de generación eléctrica por su cuenta y riesgo. Lo viene haciendo desde hace 30 años. Puede construir subestaciones allí donde detecte una oportunidad y hasta líneas de transmisión, si cambia la regulación para que las tarifas o peajes reflejen la abundancia o escasez de capacidad instalada en los distintos tramos de la red.
Una obra de infraestructura impuesta por el gobierno puede reconfigurar un mercado sin necesariamente aumentar su eficiencia. La zona de actividades logísticas del Callao, por ejemplo, reubicaría en un solo lugar los servicios extra portuarios de apoyo al comercio exterior que hoy operan descentralizadamente. Quizás sea mejor centralizarlos; quizás no. Cualquier empresario dispuesto a arriesgar su capital puede hacer la prueba. Si abarata los costos de la cadena logística, el mercado lo premiará. Pero una plataforma concesionada por el estado vendrá con garantías para el inversionista, y no habrá marcha atrás si no resulta ser tan eficiente como el sistema actual.