Un amplio sector de la ciudadanía apoya la realización de adelantadas. Muchos de ellos votaron incluso por Pedro Castillo. La seria crisis por la que atravesamos tiene impacto incluso en la economía, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo, pues parecía que economía y iban por cuerdas separadas. Como muestra, un botón: la inflación anualizada, actualmente, solo es comparable con la de más de un cuarto de siglo atrás.

Vivimos en un momento de una seria crisis de representación generalizada. Pero se sostiene –con razón– que una nueva elección presidencial y parlamentaria no cambiaría mucho las cosas, pues los mismos partidos y las mismas reglas no tienen por qué dar distintos resultados.

La salida no es fácil, ni tampoco se puede afirmar que la situación se vaya a revertir drásticamente con solo nuevas elecciones. Para empezar, hay un tema de oferta política. Es más, después de las elecciones del 2021 solo se han inscritos dos partidos políticos. Es decir, si no hay personas capaces y éticamente irreprochables dispuestas a ingresar a la política, las reglas podrán cambiar, pero los resultados no necesariamente.

El segundo tema es qué se debe entender por reformas que acompañen a las elecciones adelantadas. Hay de dos naturalezas; una electoral y otra política. En el caso de la primera, estamos hablando de la modificación de parte de las reglas de juego de la competencia política. Si se trata de incorporar mecanismos que ofrezcan participación, legitimidad y bases de gobernabilidad, entonces se debe de aprobar al menos tres medidas. Poner en práctica, de una vez por todas, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Las realizadas por los partidos en el 2020 y este año han sido muestras palpables de cómo el importante gasto del erario público ha servido solo para que menos de la décima parte de la militancia formal vote y, por tratarse mayoritariamente de listas únicas, sin poder escoger adecuadamente. Las PASO permiten involucrar al ciudadano, hacer funcionar al partido, movilizar a la militancia y, con ello, sus candidatos son legitimados. Asimismo, realizar las elecciones parlamentarias conjuntamente con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales limita el proceso de fragmentación que dificulta los acuerdos y la propia funcionalidad del Parlamento. Finalmente, para cerrar el círculo, es necesario impedir la candidatura de las personas que hayan sido sentenciadas por delitos dolosos.

La reforma política viene después de las elecciones y, por su propia naturaleza, se trata de un pacto entre partidos y candidatos. En el caso del sistema político, se requiere aprobar el diseño parlamentario bicameral, con dos cámaras asimétricas, con un Senado de origen regional y en un número paritario para evitar, en lo posible, la supremacía de un partido, balanceando la representación de una Cámara de Diputados de origen poblacional. La relación entre los poderes debe ser realmente equilibrada, no como ahora que está reclinada a favor del Parlamento. Asimismo, se debe precisar que la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral” debe ser entendida como psíquica. Pero, de la misma manera, diseñar adecuadamente la figura del juicio político al presidente de la República, bajo un sistema garantista. Finalmente, se debe acordar un nuevo diseño para los gobiernos regionales y locales. El actual está agotado y no satisface a un real proceso de descentralización.

Es decir, solo nuevas elecciones, no. Con nuevas reglas, sí, pero necesariamente acompañadas de una ampliada oferta política que no es otra cosa que el involucramiento de ciudadanos dispuestos no solo a protestar, sino a construir una mejor representación política.

Fernando Tuesta Soldevilla es profesor de Ciencia Política en la PUCP

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más