El reciente incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte a S/35.500 mensuales representa un aumento de más del 120% que ofende la sensibilidad de un país en el que el 30,1% de la población vive en pobreza (INEI, 2025). Este privilegio, aprobado en plena crisis económica, contrasta brutalmente con la realidad de millones de peruanos que sobreviven con salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica familiar. El escándalo se agrava al conocer que el Palacio de Gobierno gastó S/600.000 en alimentos y bebidas en solo cuatro meses, mientras programas sociales esenciales sufrían recortes presupuestales.
Esta decisión evidencia una profunda crisis de representación política. Con una aprobación ciudadana históricamente baja del 3% (Datum Internacional), la mandataria carece de legitimidad moral para implementar medidas que benefician principalmente a la clase política.
Su polémica declaración sobre que “con S/10 se prepara comida completa” no solo demostró desconocimiento de los precios reales de los alimentos, sino una actitud paternalista que ofende a quienes luchan por alimentar a sus familias con menos de S/100 semanales. El aumento resulta aún más indignante cuando el salario mínimo (S/1.130) no cubre ni la mitad de los gastos básicos familiares.
Entonces, ¿cómo podemos permitir que los gobernantes prioricen sus privilegios sobre las necesidades del pueblo? El cambio comienza cuando exigimos coherencia entre el discurso oficial y las acciones concretas de quienes nos gobiernan.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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