Todo lo que se sabe del caso de violación grupal a una menor de 11 años en Huancayo

La niña desapareció el pasado domingo cuando regresaba de visitar a su padre enfermo. Fue contactada por estos sujetos y citada para encontrarse. Ya en el sitio la obligaron a beber licor, al que presuntamente le habían colocado algún tipo de droga para mantenerla inconsciente. Luego, habrían cometido la violación colectiva.

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La menor fue encontrada al día siguiente por agentes de la Comisaria de Sapallanga, en una casa abandonada ubicada en la Av. Mariscal Cáceres s/n. en el distrito de Sapallanga. En el lugar fueron hallados también los cinco jóvenes, quienes fueron intervenidos y llevados a la dependencia policial. Se trata de Alexis Poma Aguirre (20), quien cayó el 23 de setiembre tras hurtar más de 6 mil soles; Jonathan Huaraca Parejas (25), Marco Antonio Sinche Zacarías (20), Elías Ramos Aguirre (20) y un menor de 16 años. Todos ellos estaban bajo los efectos del alcohol.

Diligencias y medidas dictadas

El último martes, el 9° Juzgado de Familia – Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar resolvió admitir a trámite, en la vía proceso especial, la denuncia de la madre de la adolescente contra los 5 sujetos por violencia contra la mujer, en la modalidad de violencia física, psicológica y sexual.

Se conoció que ya se realizaron las siguientes diligencias: ITP en el lugar de los hechos, manifestación de los cinco intervenidos, exámenes médico legales, entrevista única en cámara Gesell a la menor.

Asimismo, el Segundo Juzgado de Familia de Huancayo dictó el internamiento preventivo por dos meses contra el menor investigado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Huancayo. Sobre los otros implicados, ayer miércoles se llevó a cabo una audiencia en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo para evaluar el pedido de prisión preventiva en contra de dos de ellos. Los restantes han sido puestos en libertad por disposición del Ministerio Público.

En lo que dure las investigaciones, se han dictado medidas de protección a favor de la menor, como la prohibición de acercamiento de los denunciados a una distancia mínima de 3 mil metros, y de realizar acciones para vigilar, perseguir, hostigar, asediar a la niña o cualquier otro familiar de ella.

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Además, se ordenó a la madre, padre o persona responsable llevar a la pequeña a un centro de salud del Estado para que reciba atención psicológica necesaria por un periodo de seis meses.

En relación a la atención social y psicológica, la Defensoría del Pueblo indicó que ha solicitado al Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Sapallanga que realice las derivaciones respectivas con el CEM que resulte competente en Lima, ya que la niña y su familia residen allí.

El caso se encuentra a cargo de los fiscales Adriana Gutiérrez de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo (respecto a los cuatro investigados mayores de edad) y Elmer Pelinco de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Huancayo (respecto al investigado menor de edad).

Ministra de la mujer llegó a Huancayo

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) Claudia Dávila Moscoso, junto a la primera dama Lilia Paredes, llegaron ayer a la Divincri de Millotingo, en Huancayo, para supervisar las acciones del CEM de la Comisaria de Sapallanga frente a este caso de presunta violencia sexual.

Asimismo, el MIMP informó que desde el 10 de octubre, el equipo del Programa Nacional Aurora viene brindado atención integral a la niña víctima de violación sexual grupal.

Posibles consecuencias penales

Edith Arenaza, abogada de litigio estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), detalló a El Comercio que de acuerdo al Código Penal la sanción para quien cometa violación sexual, con el agravante de que sea en contra de una menor de 14 años, es la cadena perpetua.

“Estaríamos frente a ese caso, ante un tipo penal que contempla este agravante por edad, y por consiguiente la pena máxima sería la cadena perpetua. El Código Penal señala otros tipos de agravantes como el que la menor sea abusada habiendo sido embriagada o drogada, si la acción la comete más de un sujeto, entre otros. Sería el juez quien deberá evaluar todo esto e interponer pena”, explicó.

La especialista indicó que en este caso hay que tener en cuenta que entre los investigados se encuentra un menor de 16 años, por lo cual de comprobarse su participación debería ser internado a un centro de rehabilitación juvenil por el tiempo que estime el Poder Judicial. En el caso de los demás involucrados, tendrían que ser procesados por la justicia ordinaria.

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Respecto al procedimiento en casos de violación sexual, detalló que una vez que la Policía Nacional o el Ministerio Público toma conocimiento de la denuncia debe realizar primero todas las diligencias respectivas para corroborar el delito. “Los más urgentes, como exámenes médico legista, toxicológicos, biológicos, entre otros”, dijo.

Luego, la fiscal deberá entrevistar y recoger la declaración de la víctima. En el caso esta sea menor de edad, el procedimiento debe llevarse a cabo en una cámara Gesell. Se debe contar con un profesional en psicología para cuidar que no haya una revictimización.

Arenaza resaltó que a diferencia de otros tipos de delitos, los de violación sexual normalmente son cometidos cuando la víctima se halla sola, sin testigos, sin muchas pruebas. “Por ello, en todos los delitos de violencia sexual, según la jurisprudencia nacional e internacional, la declaración de la víctima cobra mucha relevancia. Luego de que ella identifica a las personas que la agredieron, elementos periféricos permiten corroborar que su declaración es real”, señaló.

Por último, la abogada de Promsex lamentó que en nuestro país haya un sistema de justicia con prejuicios contras las victimas de violencia sexual, culpándola en muchos casos de lo sucedido: por salir de noche, asistir a una fiesta, su forma de vestir, etc. “Ocurre en la sede policial, fiscal y el propio Poder Judicial. Las victimas tienen que lidiar no solo con los abusadores, sino también son revictimizadas en todo el sistema de justicia, con estereotipos de géneros y prejuicios”, sostuvo.