Puno: Poder Judicial dispone que Walter Aduviri siga cumpliendo condena en la cárcel
Había pedido cumplir su condena mediante vigilancia electrónica al ser diagnosticado con coronavirus. Su defensa legal señala que tiene tres días para apelar el fallo judicial.
El suspendido gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, tendrá que superar los padecimientos que le ocasione el COVID-19 dentro de la cárcel. El juez Augusto Castillo Cordero, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Puno, declaró improcedente el pedido de conversión de pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica personal.
El suspendido gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, tendrá que superar los padecimientos que le ocasione el COVID-19 dentro de la cárcel. El juez Augusto Castillo Cordero, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Puno, declaró improcedente el pedido de conversión de pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica personal.
La decisión del citado magistrado fue hecho público hoy, miércoles 2 de agosto, mediante la resolución 06-2020. Ello, luego de que la audiencia virtual se desarrolló el pasado viernes y, en esa ocasión, el magistrado optó por reservarse el fallo.
Tras conocerse la improcedencia del pedido, el abogado Aldo Valdivia Vega, encargado de la defensa técnica de Aduviri Calisaya, indicó que tiene tres días para revisar la resolución del juez y apelarla.
También indicó que su patrocinado seguía presentando complicaciones en su salud a causa de la infección por el coronavirus y lamentó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no permita el ingreso de un médico particular para conocer el cuadro clínico y brindarle el tratamiento correspondiente.
“Todos sabemos, por informes de Contraloría, que el INPE no tienen médicos especialistas para tratar estos casos de COVID-19. Esperemos que la salud de nuestro defendido no se complique”, dijo Valdivia Vega a El Comercio.
Walter Aduviri está recluido en el establecimiento penitenciario de Puno, donde cumple una sentencia de seis años de pena privativa de la libertad por el ‘aimarazo’. Él es considerado coautor no ejecutivo en el delito contra la tranquilidad pública. Estos hechos ocurrieron en el 2011.
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