El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo a la propuesta del gobierno de instaurar una “franja informativa” obligatoria sobre las acciones contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia. A través de un comunicado, la organización advirtió que esta medida constituye una amenaza a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a recibir una información plural.
“Pretender obligar a los medios a informar a la población en un espacio exclusivo sin posibilidad de edición –lo que se entiende como una ‘franja’– supone una exigencia informativa que interfiere con los principios de pluralidad de puntos de vista, de fiscalización y de independencia”, indicó el comunicado.
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“La ciudadanía verá perjudicado su derecho a información contrastada e imparcial, y puede terminar siendo sujeto de desinformación gubernamental”, agregó.
Además, el CPP destacó que este tipo de medidas surgen en un contexto de tensión entre el gobierno y los medios de comunicación.
“Para esta organización, la franja supone un intento de favorecer la imagen de un gobierno con baja aprobación en un asunto crítico para la población, como lo es la inseguridad”, añadió.
Por último, el CPP recordó que los medios ya cumplen con ofrecer una amplia cobertura sobre la inseguridad y las acciones de la Policía Nacional para contrarrestarla.
“Las acciones para enfrentar la inseguridad ciudadana también se pueden difundir a través de medios del Estado, mecanismos de publicidad y a través de respuestas que la presidenta pueda ofrecer en entrevistas a la prensa”, concluyó la organización.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció el pasado domingo que su ministerio está preparando un proyecto de ley que obligará a los medios de comunicación a informar sobre las acciones del Gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana durante los estados de emergencia.
Este proyecto busca modificar la Ley de Radio y Televisión y establecer una franja informativa en la que los medios deberán difundir las actividades del Ejecutivo en relación con la lucha contra la delincuencia en dichos estados.
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