Pedro Castillo: Expresidente debe afrontar desde rebelión hasta crimen organizado | INFORME

Con rostro adusto y la mirada nerviosa, el vacado expresidente golpista Pedro Castillo, firmaba los documentos con los que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le informaba que había sido detenido por haber quebrado el orden constitucional.

Solo unas horas antes había sido detenido por la Policía y conducido hasta la Prefectura de Lima, en el Centro de Lima, hasta donde llegó Benavides, acompañada del fiscal supremo Marco Huamán y de la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de lucha contra la corrupción el poder.

El exjefe de Estado se encontraba acompañado del que fue su primer ministro Aníbal Torres, quien lo acompañó hasta el final.

MIRA: EN VIVO | Pedro Castillo es detenido en la Prefectura tras dar golpe de Estado

Castillo, quien ejerció la Presidencia por solo 17 meses, no encontró respaldo en los órganos constitucionales, ni en las Fuerzas Armadas y tampoco en la Policía Nacional, después que pretendió cerrar el Congreso de la República la mañana de este miércoles.

Ahora, detenido, el expresidente golpista debe afrontar las diversas investigaciones fiscales que pretendió anular a través de diversos recursos; y además, tendrá que hacer frente a los tribunales por haberse rebelado en contra de las instituciones públicas.

1 Denuncia por sedición y rebelión

José Pedro Castillo Terrones, de 53 años, dirigió un golpe de Estado por casi dos horas, hasta que el Parlamento lo vacó de su cargo. Ahora, será recluido en un penal de la capital a esperas de que las autoridades lo procesen.

La fiscalía lo procesará por el delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional.

El procurador general del Estado Daniel Soria, interpuso una denuncia penal en contra del expresidente por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, minutos después de que este fuera defenestrado.

“Interpongo denuncia penal por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de grave perturbación den la tranquilidad pública, contra la administración pública y la modalidad de abuso de autoridad, contra los poderes del Estado y del orden constitucional en la modalidad de sedición”, indica la denuncia.

Según el Código Penal Peruano, el delito de rebelión está penado con cárcel, no menor de diez ni mayor de veinte años.

2 La denuncia constitucional

El 11 de octubre del 2022, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Castillo Terrones por presuntamente liderar una organización criminal al interior de su gobierno.

Fue denunciado por diversos hechos por los que venía siendo investigado en el Ministerio Público: Ascenso irregular en las Fuerzas Armadas, Caso Petro-Perú, Asesores en la Sobra, Tráfico de influencias en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Caso Anguía.

El exmandatario, además, aún es investigado por el presunto plagio de su tesis para obtener el grado de magíster.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso había admitido a trámite el procesamiento de la denuncia presentada por Benavides.

3 Ascensos irregulares en las FFAA

En enero del 2022, la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, abrió investigación contra Pedro Castillo por los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas; sin embargo, lo dejó en suspenso hasta que este hubiese culminado su mandato.

Seis meses después, en julio, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, decidió reactivar esta investigación contra el expresidente golpista y amplió la misma por el delito de organización criminal.

“Se imputa a José Pedro Castillo Terrones, Walter Edison Ayala Gonzales y Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, haber realizado gestiones de forma irregular, para lograr el ascenso de los Coroneles PNP Manuel Rivera López y Nicasio Zapata Súclupe, al grado de General de la Policía Nacional del Perú, en el proceso de ascensos llevado a cabo por dicha entidad en el año 2021″, se consignó en el documento fiscal.

Dicha actividad ilícita, indicó la fiscal, habría perseguido la finalidad de obtener beneficios económicos indebidos.

4 Corrupción en el MTC y “Los Niños”

Fue el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, quien abrió la primera investigación sin suspensión contra Castillo Terrones, por los presuntos actos ilícitos que se conocieron tras la denuncia en la licitación para la construcción del Puente Tarata, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Fue la empresaria Karelim López, en el marco de una colaboración eficaz, quien narró pormenores de los hechos que habrían incluido al hoy prófugo ministro del MTC, Juan Silva.

Según las investigaciones, el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, serían parte de la red criminal que se encargaba de captar y negociar con empresarios.

En este caso también fueron implicados los congresistas de Acción Popular (AP) a quienes se les conocía como “Los Niños”: Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores e Ilich López, a quienes se les abrió una investigación por presunto tráfico de influencias.

5 Caso Mariano González

En el mes de julio, Castillo fue objeto de otra investigación después que el exministro del Interior Mariano González, denunció públicamente que había sido removido de su cargo por respaldar la constitución de un Equipo Especial de la Policía Nacional a fin de que apoye las labores de la fiscalía que investigaba a la familia presidencial.

El Equipo Especial de la PNP, como se recuerda, está coordinado por el coronel de la PNP Harvey Colchado. Además, de los coroneles Walter Lozano, Raúl Moreno y Luis Silva.

González, además, afirmó que Castillo le solicitó evaluar la designación de Beder Camacho, subsecretario general de la Presidencia, como viceministro en su cartera.

El exmandatario fue incluido por el presunto delito de encubrimiento personal.

6 Caso Petro-Perú

Pedro Castillo es también investigado por el presunto delito contra la administración pública – tráfico de influencias por la compra de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. Esta investigación, que había quedado suspendido en la gestión de Zoraida Ávalos en enero, fue reactivada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Actualmente, existen diversos colaboradores eficaces quienes han confirmado la presunta actuación irregular de Castillo junto a su exasesor Henry Shimabukuro, el exgerente general de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo y al empresario Samir Abudayeh, como las personas que habrían concertado para que la empresa HPO fuera beneficiada con la licitación para la compra del combustible.

Recientemente, la fiscalía dirigió un operativo que llevó a la detención de Shimabukuro, Chávez y Abudayeh. Además, del jefe de la Dirección de Inteligencia (DINI) José Luis Fernández Latorre y el exasesor Beder Camacho, por haber ayudado a la desaparición de las pruebas de dicho caso.

7 Caso Anguía

El vacado expresidente, además, es señalado por la Fiscalía de la Nación como el cabecilla de una organización criminal que habría actuado en el Ministerio de Vivienda.

Dicha organización habría operado desde que Castillo fue electo presidente y con el nombramiento de Geiner Alvarado como ministro de Vivienda. Todo ello, a pedido de personajes como Alejandro Sánchez (dueño de la casa de Sarratea), Abel Cabrera y Fray Vásquez Castillo. Este último sobrino del mandatario que se aún se encuentra prófugo.

El caso salió a la luz luego que un video captara a la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, ofreciendo una obra de saneamiento en la comunidad de Anguía, provincia de Chota, en Cajamarca.

Luego de ello, se conocería que empresarios, así como el alcalde de Anguía José Nenil Medina, habría concertado para que se les entregue presupuesto para sus obras a través del Decreto de Urgencia 102-2021.

En este caso, los colaboradores eficaces y testigos protegidos, así como los mismos empresarios beneficiados como Hugo Espino, han reconocido actos ilícitos.

En este caso estaría incluido los hechos que se investigan en el caso “Asesores en la sombra” donde se investiga a Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez, Biberto Castillo y Eder Vitón Burga.

Según el colaborador eficaz CE-03-2022 los asesores habrían aportado S/2 millones a la campaña de Castillo Terrones, a cambio de poder colocar a personas de su confianza en las diferentes entidades del Estado.

8 Caso plagio sigue abierto

Pedro Castillo Terrones, junto a su esposa Lilia Paredes, aún tienen abierta la investigación por la presunta comisión de delito de “plagio agravado” en perjuicio de la SUNEDU-Ministerio de Educación, por las presuntas irregularidades en la obtención de su maestría.

Tal como informó El Comercio, solo fue archivado un extremo de la investigación vinculado al delito de falsedad genérica y cobro ilegal; sin embargo el delito de plagio continúa siendo investigado por la Fiscalía Mixta de Tacabamba.

Castillo y Paredes realizaron su maestría en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo (UCV) sustentando su tesis “La Equidad de Género y los Aprendizajes Significativos del Área de Personal Social en los Estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa Nº 10465-Puña-Tacabamba-Chota”.

Según el software Turnitin, dicho trabajo educativo registró que el 54% del documento sería copia de otros autores.