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En claves: La investigación a los árbitros que habrían favorecido a Odebrecht

El fiscal Germán Juárez, a cargo de esta investigación, asegura que el caso está "bastante avanzado" y que podría formalizar investigación preparatoria

Odebrecht

(Foto: Juan Ponce_/ GEC)

Archivo El Comercio

“Entre los diez fallos arbitrales tenemos elementos indiciarios de que hubo soborno a los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht”.

De esta forma, el fiscal Germán Juárez, miembro del Equipo Especial del Ministerio Público, informó anoche sobre la investigación a los árbitros por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a través de laudos arbitrales que habrían permitido a la constructora brasileña recibir millonarios pagos del Estado Peruano.

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El fiscal Juárez allanó ayer los inmuebles de siete investigados (cinco árbitros y dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones). La solicitud de allanamiento con incautación se hizo para los inmuebles de 21 investigados por el caso. En total, el requerimiento era para 50 propiedades. Sin embargo, el juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción, declaró infundado el pedido para los inmuebles de 14 de 21 investigados.

¿Por qué casi 20 árbitros y ex funcionarios del MTC están investigados por el Equipo Especial? ¿Qué es un árbitro?

El arbitraje es una forma alternativa de resolver conflictos. A través de él, las partes de una controversia –como las derivadas por contratos entre el Estado y una empresas– se ponen de acuerdo previamente para resolver los problemas por esta vía y no en el Poder Judicial.

Las partes –de mutuo acuerdo– deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, o a un tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el conflicto. Se dicta un fallo que se llama "laudo arbitral" que soluciona la controversia de forma definitiva. Contra el laudo solo podrá interponerse un recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación.

Según la Ley General de Arbitraje, el arbitraje puede ser ad hoc o
institucional. Es decir, que sea conducido por un tribunal arbitral elegido directamente u organizado y administrado por una institución arbitral.

1. El pago al árbitro Horacio Cánepa Torre
La investigación está en etapa preliminar. En mayo del 2018, la fiscalía amplió su pesquisa e incluyó a 24 personas, entre árbitros, ex funcionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.

La pesquisa por este caso se inició luego de conocerse que Odebrecht depositó al árbitro Horacio Cánepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. Cánepa, quien tiene una orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales.

“La línea de la investigación apunta a que la cuenta en Andorra era producto de las coimas, no solo para él, sino que también daba a otros árbitros que formaban el tribunal y fallaban a favor de Odebrecht", afirmó anoche Juárez. 

2. Los investigados 
​Las propiedades allanadas fueron las del ex procurador del MTC Jaime José Valés Carrillo; el ex director de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig, y de los árbitros Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores. Todos son investigados por la fiscalía.

No obstante, otros árbitros están investigados por este caso, entre ellos Humberto Abanto Verástegui, quien actualmente es abogado del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, investigado también por el Caso Odebrecht.

El resto son Richard James Martín Tirado, Weyden García Rojas, Emilio Cassina Rivas, Jesús Iván Galindo Tipacti, Mario Eduardo Juan Martin Castillo Freyre, Gregorio Martin Ore Guerrero, Daniel Martin Linares Prado, Oscar Eduardo Jesús Falen Incháustegui, Fernando Enrique López Miranda, Martín Eduardo Musayon Bancayan, Alberto José Montezuma Chirinos y Alfredo Enrique Zapata Velasco.

También están incluidos tres ex ejecutivos de la constructora brasileña.

Todos son investigados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado Peruano.

Según la fiscalía, habrían recibido sobornos a cambio de emitir laudos a favor de la constructora Odebrecht en diversas controversias entre esta y el Estado: IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, Sistema de Agua Potable de Chimbote y Carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis.

3. El rol de los árbitros
​Para el Ministerio Público, los investigados –en su condición de árbitros– habrían incurrido en la comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita.

“Los árbitros mencionados habrían aceptado y recibido donativo [dinero] con la finalidad de no solo influir sino, además, de decidir con fallos favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con la empresa Odebrecht”, precisó el fiscal en su solicitud de allanamiento al Poder Judicial.

En declaraciones a RPP, el fiscal Juárez señaló que la forma de operar en este caso habría sido permitir que se introduzcan adendas direccionadas en los contratos firmados con Odebrecht para luego demandar al Estado por sumas millonarias, las mismas que eran resueltas por un tribunal arbitral.

4. La declaración de un aspirante a colaborador eficaz
​La ampliación de la pesquisa fiscal fue debido a nuevos indicios, así como la declaración del aspirante a colaborador eficaz 14-2017, quien reveló cómo habría operado esta presunta red.

Según el aspirante a colaborador eficaz, hubo una entrega de “dinero ilícito” de Odebrecht para los árbitros que conocían las controversias que mantenía con el Estado, como el arbitraje por la carretera Interoceánica Norte-gastos adicionales y la Vía de Evitamiento de la Interoceánicia en Tarapoto.

Afirmó también que cuando se emitían los laudos, el MTC pagaba "de manera inmediata" a la empresa y no presentaba acción alguna (en la vía arbitral y del Poder Judicial).

Sobre los arbitrajes de la Interoceánica Norte, indicó que abril del 2012, hubo una "reunión ilegal" entre Cánepa, designado por Odebrecht, Cantuarias, designado por MTC, y Ronny Loor Campoverde (director de contrato de IIRSA Norte) en la oficina de Gamarra Roig. En dicha reunión, dijo el aspirante a colaborador, se acordó designar como presidente del tribunal arbitral a Kundmüller.

5. Los presuntos pagos a los árbitros 
​Entre los detalles que brindó el aspirante a colaborador eficaz, por ejemplo, está que Cánepa habría entregado a Pebe Romero y Pardo Narváez US$30.000 y US$20.000 para favorecer a Odebrecht.

Además, señala que Campos Flores habría contactado al ex procurador Valés para que le paguen US$20.000 y no impugne los laudos que favorecían a la constructora.

Asimismo, indica que por el arbitraje de la Interoceánica Norte, tanto Odebrecht como el MTC, pagaron el "honorario" de S/288, 884.00 a cada uno de los tres árbitros (Cánepa, Cantuarias y Kundmüller).

Para la fiscalía, el dinero provendría de las cuentas de la 'offshore' AEON Group o de las cajas de Odebrecht, cuyo origen era completamente ilícito y para el pago de los sobornos o dádivas. "Del que además se habría evitado la identificación de su origen ilícito, incurriendo en el lavado de activos", indica. 

6. Las reuniones que habrían tenido para acordar arbitrajes
​De acuerdo con el relato del aspirante a colaborador eficaz, quienes habrían participado en “reuniones ilegales” son Cánepa, Cantuarias y Gamarra. “Indica, además, que Gamarra habría sido uno de los que instruyó a Cánepa y Cantuarias para que emitan una decisión favorable a Odebrecht”, aseguró.

Dicho aspirante señala que se habrían producido tres reuniones entre los tres árbitros Cánepa, Canturias y Kundmüller con Gamarra Roig y Loor Campoverde, ex ejecutivo de Odebrecht, en un restaurante sanisidrino con la finalidad de coordinar "la manera mas rápida de cómo resolver el ilícito arbitraje".

Cabe mencionar que de los 13 los fallos arbitrales que investiga la fiscalía, diez fueron resueltos en favor de Odebrecht por unanimidad y tres en contra.

El fiscal Juárez adelantó que la investigación está "bastante avanzada" y que "de seguro" formalizará una investigación preparatoria. De hacerlo, el miembro del Equipo Especial podría pedir prisiones preventivas. "Estamos trabajando con la Policía para evitar una posible fuga, en el supuesto que formalicemos la investigación", advirtió. 

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