Este jueves, se presentaron cuatro mociones de interpelación en Congreso de la República contra los ministros de Economía, María Antonieta Alva; Salud, Víctor Zamora; Educación, Martín Benavides; y Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna.
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Para ser aprobadas, las mociones deberán alcanzar la votación favorable de un tercio de los parlamentarios presentes en la sesión del pleno.
En cuanto a la moción referida al ministro de Salud Víctor Zamora -firmada por 23 parlamentarios-, el pliego interpelatorio contiene preguntas sobre asuntos referidos a su gestión frente a la emergencia sanitaria, como el subregistro en el conteo de muertes por COVID-19, las contras y contramarchas en determinadas políticas sanitarias (como el uso obligatorio de guantes) y la adquisición y aplicación de pruebas de diagnóstico, entre otros.
En lo que respecta a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, esta es cuestionada por la crisis económica generada a raíz de la pandemia por el coronavirus. En la moción se hace referencia, también, a los resultados del programa “Reactiva Perú”, así como el alcance de los cuatro bonos asistenciales, los cuales son tildados como “un fracaso” porque “no han sido suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los peruanos y peruanas, los cuales han sido cruelmente empujados a decidir por quedarse en casa y morir de hambre o salir a trabajar y morir por COVID-19”.
La moción cuenta con las firmas de 22 congresistas.
Por su parte, la moción contra Ariela Luna, titular del Midis -firmada por 23 legisladores- corresponde a cuestionamientos en torno a la entrega y distribución de los bonos aprobados por su sector, destinados a personas vulnerables frente al coronavirus (COVID-19).
En el caso del titular de Educación, Martín Benavides la moción responde a los presuntos casos de irregularidades en los procesos de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana, a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), cuando este se desempeñaba como superintendente de dicha entidad.
Estos casos son los mismos por los que, el pasado 19 de junio, la Comisión de Educación del Congreso solicitó al pleno facultades para investigar los licenciamientos otorgados por la Sunedu.
El documento cuenta con 24 firmas de parlamentarios de Acción Popular, Frepap, Unión por el Perú y Fuerza Popular.