Comisión de Fiscalización recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo

Unidad de Investigación

En el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, al que tuvo acceso este Diario, se recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por incurrir, presuntamente, en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Esto, como parte del caso Puente Tarata.

Entre las conclusiones de este grupo de trabajo, presidido por el congresista Héctor Ventura, se resalta que el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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Además, se señala que las comunicaciones entre Castillo, Pacheco, Villaverde y López se dieron durante el proceso de selección para adjudicar la obra.

Con base en audios y otros elementos recogidos por la comisión, se concluye que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/232.5 millones, habrían entregado dinero al jefe de Estado a través de Karelim López. Del mismo modo, se resalta que Tapusa, una de las empresas que conformó el referido consorcio, también entregó dinero al entonces ministro de Transportes Juan Silva a través de Zamir Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva por este caso.

En otro punto, la comisión concluye que tanto Castillo como Silva ejercían control sobre algunos funcionarios como Alcides Villafuerte, ex gerente de Obras de Provías Descentralizado; los integrantes del comité de selección de la obra Puente Tarata, Víctor Efrén Valdivia y Edgar Vargas; el asesor de Silva, Juan Altamirano Sánchez y Hugo Trece, Jefe de la Subdirección de Conservación de Provías Nacional. Este último fue recomendado por Zamir Villaverde y era el responsable de los servicios de mantenimiento de carreteras en todo el país.

Además del caso Puente Tarata, en el informe también se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por haber mantenido reuniones en la casa del pasaje Sarratea ubicada en Breña sin que se hayan transparentado.

El documento, que contempla el análisis de otros casos como las injerencias ante el jefe de la Sunat, presiones en el proceso de ascensos militares y el hallazgo de 20 mil dólares en la oficina de Bruno Pacheco, será debatido mañana por el referido grupo de trabajo.