Congresistas de la bancada Podemos Perú presentaron un proyecto de ley que propone la prohibición de que el Estado corra con los gastos que implican la defensa legal y técnica de funcionarios y exfuncionarios que sean procesados o investigados por actos de corrupción.
La iniciativa fue presentada por el despacho de Juan Burgos con firmas de sus colegas de Podemos Perú Heidy Juárez, José Luna Gálvez, Digna Calle, Enrique Wong y Carlos Zeballos.
La iniciativa propone modificar la Ley 30057 en el artículo 57, donde se precisa que un servidor civil puede contar con “defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín” en caso sea procesado judicialmente o investigado en el Congreso o por la policía por omisiones, actos o decisiones adoptadas como parte de sus funciones.
Este texto precisa que, si al finalizar el proceso al cual fue sometido el funcionario se encuentra que fue responsable, debe reembolsar el costo del asesoramiento y de su defensa legal.
La propuesta de Podemos Perú plantea agregar que “no procede la defensa y asesorías a la que se refiere este literal, cuando el servidor o ex servidor la solicite para casos vinculados a delitos de corrupción”.
Esta misma restricción buscan que sea mencionada en las disposiciones complementarias finales de la norma, para precisar que las entidades públicas “no deben otorgar la defensa y asesorías” en caso que el servidor público sea investigado o procesado por corrupción.