Desde este martes 14 de setiembre, los funcionarios y servidores públicos registrados por la máxima autoridad administrativa de su entidad deben presentar su Declaración Jurada de Intereses (DJI) ante la Contraloría General de la República, con el objetivo de prevenir y evitar posibles conflictos de interés en la administración pública.
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La DJI comprende información sobre los vínculos familiares, laborales, económicos y financieros del declarante, además de su cónyuge o conviviente, con miras a transparentar y resguardar la independencia y objetividad que deben regir las funciones y actividades en la administración pública.
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La presentación de la DJI constituye un requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública, según la Ley N° 31227. Se realiza a través del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI) que se encuentra en el portal institucional de la Contraloría.
La DJI debe presentarse haciendo uso de la firma digital mediante el SIDJI. Cabe destacar que excepcionalmente, y por única vez, quienes no cuenten con firma digital registran su DJI en el SIDJI, la imprimen y presentan con firma manuscrita dentro del mismo plazo señalado por ley a través de la mesa de partes presencial.
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La presentación excepcional de esta DJI debe efectuarse en sobre cerrado adjuntando una carta simple en las diferentes mesas de partes a nivel nacional de la Contraloría. Conforme a la Ley N° 31227, están obligados a presentar la DJI, el presidente y vicepresidente de la República, ministros y viceministros, congresistas, gobernadores regionales y vicegobernadores, alcaldes y regidores, los titulares de las entidades de la administración pública, organismos públicos, programas y proyectos especiales, profesionales y técnicos encargados de las contrataciones, entre otros.
La obligatoriedad de este documento se estableció con la publicación del Decreto de Urgencia N°020-2019 durante el Gobierno de Martín Vizcarra en el interregno parlamentario tras la disolución del Congreso.
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