El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo la defensa de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde hace más de un año, para que se archive el proceso en su contra por presunto cohecho en el denominado Caso Antalsis, por el cual podría enfrentar hasta ocho años de prisión.
El Ministerio Público informó que logró la pretensión del segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima para que se declare infundada la solicitud que hicieron los abogados de Cerrón Rojas para que prescriba el delito de cohecho pasivo propio.
LEE TAMBIÉN: Vladimir Cerrón: Fiscalía pide inaplicar “Ley Soto” invocada por el prófugo exgobernador en el “Caso Antalsis”
Por este caso, el abogado del exgobernador de Junín había planteado ante el juez Jorge Chávez Tamariz que se aplique la norma aprobada por el Congreso conocida como la “Ley Soto” al asegurar que ya había prescrito el delito de cohecho.
Según la norma 31751, en la versión del abogado de Crrón, Víctor Peralta, se debía tomar en cuenta para contabilizar los años de prescripción desde el año en que se cometió el delito, es decir, el 2011, con lo que ya se habría superado el máximo posible para este caso de 12 años (8 años del máximo de pena más la mitad) incluyendo el año máximo de suspensión que considera la “Ley Soto”.
Sin embargo, la fiscalía se opuso a esta figura al señalar que el cómputo del plazo solo debía considerar los 5 años y 11 meses entre el 2011 y la formalización de la investigación preparatoria en octubre del 2016.
El Ministerio Público precisó en la audiencia que aún faltaban contabilizar 6 años y 2 meses.
LEE TAMBIÉN: Vladimir Cerrón ya acumula ocho casos en etapa de juicio y se le avecinan más
Vladimir Cerrón es investigado en este caso por supuestamente haber beneficiado con dos camionetas entregadas por Martín Belaúnde Lossio, exasesor de Ollanta Humala, a cambio de favorecer con obras públicas a la empresa Antalsis Perú S.A.C. y filiales a través de contratos irregulares con SIMA.
En total, el Ministerio Público considera que con estos actos ilegales se habría defraudado al Estado por más de S/ 26 millones durante el gobierno regional de Vladimir Cerrón entre los años 2011 y 2014.
