Caso Lava Jato: Las razones de la salida de Hamilton Castro

Son cuatro los argumentos que motivaron que el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aceptara dejar sin efecto la designación de Hamilton Castro al frente del equipo especial del Caso Lava Jato.

El informe elaborado por el actual fiscal coordinador del equipo, Rafael Vela, al que accedió El Comercio, detalla las razones por las que se consideró “urgente” separar de la investigación al fiscal Castro.

El reporte de doce páginas señala que las disposiciones y resoluciones firmadas por Hamilton Castro provocaron el “entorpecimiento en las investigaciones que se sigue en los casos que se denominan Lava Jato”, y en consecuencia “que la colaboración con los ex funcionarios, ex directivos y la propia empresa brasileña Odebrecht se encuentra paralizada”.

—De testigo a procesado—
El informe reseña que en enero del 2017, por disposición del fiscal Castro, la empresa Odebrecht fue comprendida como persona jurídica en la investigación preliminar por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, esto a pesar de que la constructora había firmado “un acuerdo preliminar de lenidad [de no incriminación] con el Ministerio Público”.

Castro, en su defensa, asegura que en la formalización de la indagación preparatoria la empresa ya no fue incluida. Sin embargo, Vela replicó que Odebrecht dejó de colaborar con la fiscalía porque “sí se dictó una disposición de apertura de investigación de manera expresa”. Agregó que “la constructora brasileña manifestó su preocupación y consecuentemente dejó de colaborar con la fiscalía peruana”.

Otra de las razones que argumentó el fiscal Rafael Vela para exigir la salida de Castro está relacionada con la investigación del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Según Hamilton Castro, esta pesquisa se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el procurador público especializado en delito de corrupción de funcionarios y no de los testimonios de Marcelo Odebrecht ni de sus funcionarios, a los que incluso calificó de “periféricos”. Vela criticó esta postura porque “ha generado que se adopte la medida de suspensión por parte de la Procuraduría General de Brasil”.

—Lentitud del proceso de colaboración eficaz—
Castro públicamente ha señalado que Odebrecht no ha cumplido con entregar a tiempo todas las pruebas requeridas; sin embargo, el informe del fiscal Rafael Vela indica que recién el 15 de junio del 2018 el equipo de Castro envió el documento solicitando información a la empresa, a pesar de que el 27 de febrero del 2017 dicho escrito ya estaba redactado.

“Se esperó más de un año para realizar acciones, lo que no guarda consonancia con los principios rectores del nuevo modelo penal del 2004”, señala el documento. “El proceso de corroboración con la empresa Odebrecht (funcionarios y ex directivos, incluyendo la persona jurídica) ha sido extremadamente lento”.

—Los 30 millones en el Pronabi—
Otro hecho que preocupa al actual equipo Lava Jato tiene que ver con cautelar los S/30’000.000 que ha entregado Odebrecht al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

“Desde el 23 de agosto del 2017 se solicitó al fiscal Hamilton Castro que […] dicte las disposiciones necesarias para garantizar la corrección y eficacia del depósito por S/30’000.000”, colocado en la cuenta corriente del programa, dinero que Odebrecht entregó por exigencia de Hamilton Castro como un acto de buena fe sin sustento jurídico alguno. En ese momento, el Pronabi no tenía conocimiento de este depósito.

—La respuesta de Castro—
En comunicación con este Diario, el fiscal Hamilton Castro negó que mientras se desempeñaba como jefe del equipo especial del Caso Lava Jato se haya incumplido con el acuerdo de colaboración con Odebrecht. “Jamás se utilizó información entregada por la empresa [Odebrecht] en su contra, para estructurar imputaciones penales contra Barata u otros funcionarios”, señaló.

Aseguró, además, que este proceso no fue lento porque en una “colaboración prima la buena fe y la confianza. Odebrecht incumplió, yo no. La corroboración no fue lenta porque ella depende de la cooperación judicial internacional. Ese proceso aún no concluye”.

Sobre la disposición que Castro emitió para que la constructora brasileña depositara S/30’000.000 al Pronabi sin el conocimiento de esta entidad, el fiscal afirmó: “No es necesario que exista orden judicial de incautación [...] y es lógico que si un delincuente entrega voluntariamente esos productos, sin mandato judicial, el llamado a custodiar esos productos es el Pronabi. Así se ha procedido en varios casos sin ningún problema, no solo con los S/30’000.000 de Odebrecht”.