Los líos judiciales que tendrán que afrontar al menos 10 exintegrantes de la Comisión Permanente

Este proceso de control político aún no se pueden realizar debido a que el Parlamento ha tenido que detener sus funciones en medio de la emergencia nacional por el Covid-19.

Rafael Chanjan, abogado penalista, explicó que en el caso de quienes el lunes pasaron al grupo de exparlamentarios y han cometido algún delito de función -es decir, en el ejercicio de sus funciones- tienen una prerrogativa posterior de cinco años de antejuicio político -inmunidad que protege al congresista de ser denunciado por delitos ejercidos en el cargo-. Estará en manos del nuevo Congreso el análisis de cada caso.

“Si es un delito en el ejercicio de sus funciones, es la fiscal de la Nación quien realiza la indagación preliminar. Luego, si corresponde emite una denuncia contra el excongresista y se dirige al Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales será la que remita el caso al Congreso y el nuevo Pleno decidirá si se acusa constitucionalmente”, explicó Chanjan.

Por el contrario, si el exparlamentario cometió un delito común, entonces no hay ninguna prerrogativa especial.

“Por delito común no tienen antejuicio político. Ellos gozan de una inmunidad parlamentaria, pero esa solo dura principalmente hasta que tienen la condición de congresista y hasta un mes después de dejar el cargo”, agregó el abogado penalista.

Luciana León

La excongresista Luciana León es investigada por el Ministerio Público desde octubre de 2019 debido a que habría actuado como el brazo político de la organización criminal Los Intocables Ediles, encabezada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba.

De acuerdo con la tesis fiscal, León habría gestionado obras públicas en favor del municipio a cambio de hasta S/20 mil mensuales por sus gestiones en cuatro ministerios aprovechando su cargo como congresista.

A fines de enero, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca acogió el pedido del fiscal supremo adjunto Ramiro Gonzáles Rodríguez y dictó 36 meses de impedimento de salida del país a León.

“Los delitos que se le imputan son delitos de función, que se han cometido abusando de su condición de congresista, influencia con funcionarios, según la tesis del Ministerio Público. En algunos casos se le vincula con organizaciones criminales, es un caso de delito que se ha cometido en el ejercicio de sus funciones”, explicó Chanjan sobre el caso de la excongresista Luciana León.

De acuerdo con su análisis, en este caso, que está siendo investigado por la Fiscalía Suprema, “lo que corresponde es que se emita una denuncia constitucional y se dirija al nuevo Congreso, que tendrá que evaluar el caso. Esa acusación constitucional da paso a que se le pueda procesar por la Corte Suprema y se inicie el proceso penal como tal", agregó Chanjan.

El último jueves, cuando se dirigía a la última sesión de la Comisión Permanente, dijo que es la “primera interesada” en que se levante su inmunidad como exparlamentaria. “No me voy a cerrar a ninguno de estos beneficios que se tienen”, agregó León. Sin embargo, para Chanjan esta sería una declaración más de índole política que con efectos jurídicos. “No depende de ella [levantar la inmunidad] sería una declaración de índole política. Para efectos jurídicos ya hay un procedimiento establecido por la Constitución”, añadió.

Héctor Becerril

Héctor Becerril es investigado desde mayo de 2019 por la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Chiclayo desde junio de 2019 por su presunta participación en la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, que tenía como objetivo apropiarse del patrimonio de la Empresa Agroindustrial Tumán. Esta asociación habría estado encabezada por Edwin Oviedo, exdirigente deportivo. A él se le acusa del presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, junto a su hermano, Víctor Antonio Becerril, “tenían intereses económicos comunes, por ello cometían y ordenaban cometer atentados contra los opositores a sus intereses y a los intereses del líder de la organización criminal”.

Además, otro caso por el que Becerril es indagado preliminarmente es el pago de presuntos sobornos tras la denuncia hecha por la empresaria Mirtha Gonzales Yep. Esta investigación es llevada a cabo desde febrero del año pasado, luego de que Gonzales, ex representante de la Constructora CRD, dijo que entregó S/74.000 en materiales de construcción para la casa de Becerril en Trujillo a pedido de su hermano, Wilfredo Becerril.

El dinero se habría dado a cambio de que el excongresista garantice a la constructora seguir a cargo de las obras de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo, cuya licitación fue obtenida en el 2017.

En diálogo con El Comercio, el excongresista dijo que “no hay ningún elemento que pruebe” los casos por los que es investigado.

“Ya di mi manifestación e igualmente, en el caso porcelanatos, también di mi manifestación. Ha pasado más de un año y sigue en investigación preliminar”, agregó. Por otro lado, dijo que ninguno de los casos se pidió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

“Estoy completamente tranquilo esperando que se tome una decisión”, dijo el exparlamentario.

De acuerdo con Chanjan, este caso se distingue de otros porque no se trataría de un delito de función. “Por tanto, en ese caso no tendría la prerrogativa del antejuicio político. Se le acabará la inmunidad parlamentaria que tiene y tendrá que ser juzgado y procesado ante el fuero común”, comentó el abogado penalista.

Pedro Olaechea

Pedro Olaechea, quien hasta el lunes ejerció por cinco meses el cargo de presidente de la Comisión Permanente, fue denunciado en octubre del 2019 por el procurador de Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Cosavalente, luego de la disolución del Congreso.

Cosavalente solicitó a la Fiscalía de la Nación abrir una investigación preliminar a Olaechea, y quienes resulten responsables, por el presunto delito de usurpación de funciones.

Esto se dio luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, cuestionó que el expresidente de la Comisión Permanente haya firmado la acción competencial presentada al Tribunal Constitucional (TC) en calidad de titular del Congreso, a pesar de la disolución.

Según señaló el procurador en aquel momento, con este recurso “se puede evidenciar que el denunciado Pedro Olaechea viene ostentando un cargo que no le corresponde”, pues solo era el presidente de la comisión.

Chanjan indica que en este caso podría haber un debate sobre si se trata de un delito de función o no.

“Personalmente, pienso que puede ser un delito en el ejercicio de funciones y por tanto tiene el antejuicio. Se cometió en el ejercicio de sus funciones, abusando de su función congresal. Desde mi punto de vista tendría esta prerrogativa del antejuicio”, dijo el abogado penalista.

Este Diario intentó comunicarse con el excongresista, pero no obtuvimos respuesta.

Karina Beteta

La exparlamentaria Karina Beteta es investigada desde el 11 de marzo del 2019 por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.

Beteta, junto a otros cinco excongresistas, es investigada por haber cobrado gastos S/2.800 correspondiente a los gastos de la semana de representación, entre el 26 de marzo y 30 de abril de 2018, cuando en esas fechas habría viajado a Suiza para participar en un evento interparlamentario.

“Siempre consideré esa investigación una persecución fiscal”, dijo la excongresista a El Comercio. “Por mi parte estoy tranquila para enfrentar cualquier patraña de un supuesto delito que nunca existió”, agregó.

“En su momento tendrá que ser archivada ya que, de acuerdo al principio de legalidad, no existe apropiación o peculado de una propia remuneración”, dijo Beteta.

Marvin Palma

El excongresista Marvin Palma, quien fue tercer vicepresidente de la Comisión Permanente, fue denunciado constitucionalmente en noviembre del año pasado por la fiscal de la Nación junto a otros excongresistas por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Sin embargo, no se formalizó debido a la disolución del Congreso. Él es investigado desde abril del 2019 como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado en el mencionado caso.

De acuerdo con la tesis fiscal, Palma habría gestionado en el 2016 una reunión entre el entonces alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y el excontralor Edgar Alarcón -hoy congresista de la bancada de Unión Por el Perú-, a cambio de beneficios económicos.

Este Diario intentó comunicarse con el excongresista, pero no obtuvimos respuesta.

Richard Acuña

Richard Acuña, excongresista de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), es investigado preliminarmente por la fiscal Zoraida Ávalos por el presunto delito de patrocinio ilegal debido a que se presentó, el 15 de abril de 2019, ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que además era apoderado, miembro del directorio y accionista.

La reunión se dio en el marco de las gestiones que hacía la universidad para conseguir su licenciamiento. El reglamento del Congreso estipula, en su artículo 20, que los congresistas tienen prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio en las horas de funcionamiento del Congreso.

En aquel momento, Acuña dijo que había solicitado una licencia sin goce de haber para acudir a la reunión. El excongresista dijo a El Comercio que el caso se encuentra en los tiempos establecidos, ya que el anterior caso en el que era investigado -presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado- fue archivado en setiembre del 2017.

Clemente Flores

Al igual que Marvin Palma, el exlegislador Clemente Flores es investigado desde abril del 2019 por la fiscal de la Nación por su presunto vínculo con la organización criminal Los Temerarios del Crimen, encabezada -presuntamente- por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel. Se le investiga por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias.

De acuerdo con la tesis fiscal, algunas obras de la municipalidad habrían sido dirigidas a empresas constructoras previo el pago de coimas no solo a Cornejo Chinguel, sino también a algunos excongresistas implicados. Ellos habrían operado como gestores para dirigir y priorizar las obras mediante la Comisión de Presupuesto del Parlamento.

Según el Ministerio Público, algunas obras de la municipalidad habría sido coordinadas con el exalcalde Cornejo Chinguel a cambio de dinero ilícito (5% del valor de la obra).

En comunicación con El Comercio, Flores dijo que la fiscalía sigue en el proceso de indagación y no cuenta con notificaciones.

“En algún momento me llamaron y de ahí no tengo otra notificación”, dijo. Sobre las acusaciones respondió que son “falsas” porque “no se pudo corroborar” lo dicho por el exalcalde. “En mi caso se ha seguido investigando”, añadió Flores.

Marita Herrera

En setiembre del 2019, la fiscal de la Nación dispuso abrir una investigación preliminar contra la excongresista Marita Herrera Arévalo por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Ella habría participado irregularmente en la elección del alcalde de Cajaruro (Amazonas), en la elecciones municipales y regionales del 2018.

Herrera habría entregado S/69 mil al excoordinador distrital de la ODPE de Cajaruro para adulterar las actas electorales en favor de Hildebrando Tino Díaz, actual alcalde.

José Isaías Anamaria Vega dijo que luego de la proclamación de Tineo Diaz, este informó que “la congresista de la República Marita Herrera Arévalos le había ayudado en el Jurado Nacional de Elecciones, sosteniendo una reunión con el presidente de este órgano (Víctor Ticona)”. La reunión tenía por objetivo que se declare improcedente el recurso de apelación presentado por el partido Sentimiento Amazonense contra Tineo Díaz.

La fiscalía encontró documentos, firmados por el actual alcalde de Cajaruro, en los que pedía viáticos de S/1.869 para viajar a Lima y participar en una “reunión con la congresista Marita Herrera”.

Este Diario intentó comunicarse con la excongresista, pero no obtuvimos respuesta.

Lizbeth Robles

En setiembre del 2018, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la hoy excongresista Lizbeth Robles por el presunto delito de concusión. Ella fue acusada por sus exasesores José Félix Altez Rodríguez y Sara Griselda Milla Abarca de haberlos obligado a entregarle parte de sus remuneraciones.

La denuncia fue hecha en abril del 2018, cuando Altez y Milla dijeron que la excongresista realizaba una “extorsión sistemática” al apropiarse indebidamente del 50% de las remuneraciones y otros beneficios de ley.

La exparlamentaria dijo entonces que la acusación era “totalmente falsa” y que se debía a una “venganza” por haberlos despedidos meses atrás.

Este Diario intentó comunicarse con la excongresista, pero no obtuvimos respuesta.

Gilbert Violeta

En febrero del 2019, la fiscal Zoraida Ávalos dispuso que se amplíe la investigación contra el excongresista Gilbert Violeta por el presunto cobro de cupos en la campaña electoral de Peruanos por el Kambio (Ppk). Como parte de las indagaciones, se citó a la exsecretaria de Violeta, Angois Velásquez Vargas, pues los asesores la señalaron a ella como trabajadora cercana, informó Perú 21.

Este Diario intentó comunicarse con el excongresista, pero no contestó a nuestras llamadas.

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