Sala Penal Nacional advierte inestabilidad jurídica en el PJ

Los magistrados de la Sala Penal Nacional, encabezados por su presidenta Inés Villa Bonilla, advirtieron que el reciente estatuto creado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el que se les resta competencia jurisdiccional para procesar casos de corrupción, como el de Odebrecht y otros; crea inestabilidad jurídica dentro del Poder Judicial.

A través de un documento enviado al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, la Sala Penal Nacional sostiene que “la incorporación de la reglas para determinar la competencia en un resolución administrativa colisiona con el principio de reserva de la ley, y por tanto incurre en injerencia interna en la labor jurisdiccional de esta Sala Nacional”.

“La citada resolución no sólo genera inestabilidad, sino que pone en riesgo la continuidad e institucionalidad de un subsistema que ha operado por más de veinte años en el procesamiento de delitos graves y complejos y (en) cuya actividad no ha se registran cuestionamientos”, advirtieron.

Además, sostienen, el estatuto de la Sala Penal Nacional recientemente aprobado que regular esa materia contraviene la Ley 30077 (Ley contra el crimen organizado).

Los magistrados firmantes, entre los que se encuentra el juez Richard Concepción Carhuancho, quien venía controlando diversas investigaciones del Caso Odebrecht, sostienen también que el reciente estatuto recae en “discriminatorio”.

Ello, al sostener que para la Sala Penal Nacional se ha convocado a un concurso público para cubrir las plazas; mientras que para el recientemente creado Sistema Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios, “por la naturaleza de su competencia, no se convocarán a concurso público”.

“Convocar a concurso únicamente las plazas de la Sala Penal Nacional, trasluce un tratamiento discriminatorio a sus magistrados frente a los que integran otro sistema especializado”, indica la SPN.

- Sala también se opone -

En línea con el comunicado, la Primera Sala Penal de Apelaciones integrada por los magistrados Edita Condori, Rómulo Carcausto y Sonia Torre Muñoz, también desconoció el estatuto y rechazó el pedido para apartarse de conocer una apelación planteada por el ex presidente Alejandro Toledo, en el marco del Caso Odebrecht.