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“Lo que hemos visto en el Callao se repite en unos 14 distritos judiciales”

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, afirma que el crimen organizado se está infiltrando en el sistema de justicia

Víctor Prado Saldarriaga

El vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga será presidente del Poder Judicial hasta diciembre de este año, mes en el que culminaba el período de Duberlí Rodríguez, quien renunció al cargo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Anthony Niño de Guzmán

Víctor Prado Saldarriaga, informa que el 23 y 24 de agosto los magistrados de la Corte Suprema, que él preside, visitarán distritos judiciales que consideran que deben evaluarse. Además, habla de los planteamientos del Ejecutivo para la reforma del sistema de justicia y de las propuestas que busca desarrollar en su gestión como presidente del Poder Judicial.

—La propuesta de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que el Poder Ejecutivo envió al Congreso plantea que la elección de los nuevos consejeros sea por concurso público de méritos. ¿Usted está de acuerdo?
Completamente. El sistema anterior no ha dado los frutos esperados. No funcionó la elección por grupos, que no alcanzaban a tener los representantes más idóneos, y tampoco el predominio de personas sin formación jurídica. El nuevo CNM seleccionaría mejores jueces, pero para eso nosotros proponemos, además, que los postulantes tengan que haber pasado antes por la Academia de la Magistratura, que sería como una escuela de posgrado. Es decir, quienes egresen de las universidades postularían a esta academia donde recibirían, en dos años, formación técnica, ética, procedimental. Los mejores serían los que tendrían que afrontar estos concursos de acceso a la magistratura.

—¿Pero cómo aseguramos la calidad de la Academia de la Magistratura? César Hinostroza, por ejemplo, ha sido su vicepresidente…
Muy bien puede el cuerpo directivo estar integrado no solo por personas ligadas a las instituciones, sino por importantes académicos o personas que tengan experiencia en formación. Para la reestructuración hay varias ofertas de apoyo de la Escuela Internacional de la Magistratura de Francia, de la Escuela Judicial de Corea, etc.

—Lo que no plantea el proyecto de reforma del Ejecutivo es eliminar la ratificación del CNM de los magistrados cada siete años. ¿Habría que eliminarla y reemplazarla por un sistema de evaluación permanente del desempeño de los magistrados?
Justamente lo que usted ha enunciado. La propuesta de la Corte Suprema partía por reemplazar el sistema de ratificación por un proceso alterno de evaluación de desempeño que permita ir conociendo en el transcurso del ejercicio la capacidad operativa, la capacidad técnica que posee el magistrado para el ejercicio de su función. Hay indicadores que tendrían que ser prefijados y esos indicadores definirían estándares de calidad. Yo tenía una propuesta de conciliación y era que la ratificación podía hacerse pero solamente una vez, no cada siete años.

—Usted ha anunciado que van a hacer una revisión total de los provisionales y supernumerarios. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿En cuánto tiempo?
La primera etapa, la más importante, se va a dar los días 23 y 24 de este mes, donde todos los magistrados de la Corte Suprema se van a desplazar a los distritos judiciales que hemos detectado como importantes de ser analizados. En ese período de 48 horas y con una agenda preestablecida, un protocolo, y con información previa, se dará cumplimiento a la revisión de los nombramientos y otros temas. El objetivo a largo plazo es que esto se convierta en una rutina cuando menos anual.

—¿Cómo los van a evaluar?
Con indicadores de rendimiento. Por un lado, integridad, esto es personas que no tengan en giro procesos disciplinarios por imputaciones graves; acierto y capacidad de solución de conflictos. Igualmente, ver cómo fueron designados y la opinión de los colegios de abogados. Haremos una audiencia pública en la que también se evaluará el reconocimiento social de los magistrados.

—El problema es que la comunidad de abogados suele formar parte del mismo sistema de corrupción...
Lo que usted dice es una realidad. Tenemos nosotros identificadas cortes donde esa influencia es marcada. Hoy es más grave, porque quien se está infiltrando es el crimen organizado dentro del sistema de justicia.

—¿Cuáles son las cortes superiores más infiltradas?
Lo que hemos visto en el Callao se repite en varios distritos judiciales. Son alrededor de 14, pero, por razones tácticas y de reserva, no puedo anunciar cuáles son [en el país, hay 34 distritos judiciales, según la página web del PJ].

—¿También van a poder identificar quiénes son los jueces titulares que están involucrados con organizaciones criminales?
Hay indicios que ahora toca validar. Este es un equipo de trabajo liderado por un juez de la Corte Suprema, pero en el que están un funcionario de control interno, uno del sistema de control administrativo, y también vamos a recurrir a las autoridades locales. Ello va a requerir un análisis integrado a fin de imponer en el mismo lugar de los hechos, de ser posible y si la ley así lo permite, los correctivos inmediatos: cambiar magistrados, disponer concursos, establecer otras rutinas procedimentales. Estamos en estado de emergencia en el Poder Judicial, lo cual nos permite actuar en esa condición.

—El Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley para crear la autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. La persona que la encabezaría sería nombrada por concurso público por siete años, contaría con un cuerpo de policías adscritos para investigar casos de corrupción. ¿Cuál es su opinión?
El Poder Judicial presentó días antes del mensaje presidencial sus propias líneas de reformas inmediatas. En relación con la Oficina de Control de la Magistratura, proponíamos la creación del llamado juez contralor, que dedicaría toda su carrera a tareas exclusivas de inspección, de control de corrupción, de análisis de integridad de las acciones realizadas por los magistrados. Y como apoyo operativo tendría igualmente un sistema de investigaciones especiales dentro de las cuales cabrían medidas como la interceptación de comunicaciones, seguimiento, observación. Para debatir estas cosas, necesitamos que se apruebe la ley que crea el consejo para la reforma del sistema judicial.

—Usted menciona que el Poder Judicial necesita más recursos para estas reformas, pero…
Tenemos un incremento importante en los feminicidios, en los actos de agresión contra la mujer, contra la sexualidad de menores, en las prácticas de lavado de activos. Pues bien, ¿cuál es la receta única que da el Congreso? Que se creen salas y juzgados especiales, y acaba la ley diciendo: esto lo tendrá que hacer el Poder Judicial sin recibir ningún recurso adicional. Si antes no teníamos [presupuesto], ¿cómo vamos a tener ahora para armar esas salas? Son reformas de papel. Si queremos cambiar realmente, el Estado tiene que invertir para que esas propuestas sean implementables.

—¿La solución a esos problemas es crear más salas?
No, de ninguna manera. Se quiere neutralizar o amenguar la demanda ciudadana, pero a la postre ese remedio es peor que la enfermedad porque, dadas las condiciones, no se va a hacer lo que se propone y lo que va a venir como consecuencia es la frustración.

—Si la solución no es crear más salas, ¿cuál es?
Es que no nos llaman a nosotros, que conocemos el problema. Por ejemplo, los procedimientos de extinción de dominio creados en un reciente decreto legislativo abultan la carga de la judicatura penal, en lugar de cargar la judicatura civil, porque se trata de establecer el origen de bienes que tienen una identificación no clara. No se consulta con el Poder Judicial. Entonces, cuando vienen las presiones de las cortes para habilitar este juzgado que la ley manda, ¿qué hacemos? Desvestimos un santo para vestir otro y nos crea a la postre frustración en ambos lados.

—De acuerdo, pero la productividad en el Poder Judicial es baja, hay problemas de organización, de gestión. Con una reingeniería de procesos se ahorrarían muchos recursos que Ud. podría destinar a aquello…
Completamente de acuerdo…

—El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría crear un presupuesto por resultados: a mejores indicadores, más recursos...
Es que el Poder Judicial ha construido planes estratégicos que no tienen sustento empírico. Queremos dejar un proceso de planeamiento estratégico de base empírica, que nos permita justamente delinear hacia dónde queremos ir y qué recursos son los que van a permitir avanzar en ese sentido. Esto tiene una doble ventaja. Por un lado, crea objetivos institucionales. Por otro, permite una continuidad en el trabajo de las diferentes gestiones que se vayan sucediendo.

—¿No sería posible que el Poder Judicial le encargue a alguna empresa de gestión de procesos que realice una reingeniería de todo el Poder Judicial para hacerlo mucho más eficiente?
Yo soy contrario a una tercerización absoluta. Es mejor integrar en esos equipos a los operadores, porque ellos son los que dan la problemática. La idea es que el trabajo sea conjunto.

—Pero la gestión interna del Poder Judicial ha inflado la cantidad de empleados administrativos. Hay ocho administrativos por juez. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y con mucha corrupción también. Reduciendo eso tendría muchos recursos…
Yo estoy aquí muy pocos días y veo todo lo que usted dice. El mayor volumen de personal que tenemos es CAS. O sea, es personal de confianza, que está colocado por un período determinado. Mi tarea es, en el corto tiempo, poder de alguna manera reorganizar y dejar la ruta. No voy a hacerlo yo en cinco meses, no soy todopoderoso. Por eso tenemos seis comisiones actualmente en la Corte Suprema. Una de ellas tiene que ver justamente con la aplicación de nuevas tecnologías y de nuevos procedimientos ligados a la disminución de la carga procesal o a la tecnificación o a la conectividad de las cortes.

—Otra fuente de ahorro de recursos es la directiva que ha dado el Ejecutivo para que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) haga una descarga sustancial de las demandas que sobrecargan la judicatura. Si se oralizaran todas las ramas de la justicia, eso también ahorra tiempo y recursos.
El presidente quedó corto en sus requerimientos. Solo dijo: “Una gran reforma es que ya los fiscales no van a opinar”. Pero hay mucho más. Por eso hay otra comisión que busca racionalizar el procedimiento contencioso administrativo. Y la oralización está en marcha, la tenemos en lo penal, en lo laboral, estamos colocándola ya en lo civil con pilotos que van a empezar en Arequipa, Lima y Cusco. Y el otro tema es de las casaciones de la Corte Suprema, que se han convertido en un mecanismo de tercera instancia. Y si por ahí entra un hábeas corpus, son procesos que nunca terminan. También tenemos que controlarlo. El hábeas corpus no puede ser un mecanismo que se use cuando se guste.

—En ese sentido, otra fuente de ahorro de recursos sería pasar a una Corte Suprema pequeña de muy alto nivel dedicada solamente a hacer jurisprudencia…
Una Corte Suprema puede ser menor en número, pero eso dependerá de cómo organicemos los procedimientos y lo que va a llegar a la Corte Suprema. Lo primero es acortar esos procedimientos. Luego hay que medir cuántos magistrados se requieren para la nueva carga. Podríamos eliminar tal vez a los provisionales. Yo no creo que seamos Estados Unidos o Argentina para tener una Corte Suprema de nueve personas. Pero sí quizá una corte que tenga tres o cuatro salas sólidas y que se dedicaran únicamente a producción jurisprudencial. Pero el peruano tiene una cultura de litigiosidad permanente. Además, los abogados venden falsas expectativas a la población: usted ya ha sido afectado en primera, segunda instancia, nos quedan la Corte Suprema, la casación. En Francia, por ejemplo, para hacer un recurso de casación se requiere tener una diplomatura especial. Aquí hasta el hijo de vecino puede hacerlo y llega cualquier cosa porque así lo manda la ley.

—¿Pero esa ley no se puede modificar?
Claro que sí, por eso hay una comisión para ver una reorientación, reformulación, de las reglas de la casación y del recurso de revisión.

—¿Cómo se puede hacer para desincentivar esta cultura de litigiosidad en los abogados?
Claro, es que en el Perú es muy barato esto. En España le cobran por recurso. Esto es, si usted quiere plantear una casación, tiene que dejar una garantía de tanto. Si usted la gana, en buena hora, pero si usted pierde...

—Usted ha propuesto que el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de las cortes superiores sean elegidos por todos los jueces. Pero los candidatos tendrían que hacer campaña, se politizaría...
Eso no es cierto. El Poder Judicial solamente tiene tres mil jueces. Ahora al presidente de la Corte Suprema lo eligen 19 personas a las cuales los postulantes tienen que ir tocando puertas. Eso no asegura una buena elección. Yo lo que quiero es democratizar la elección, con voto electrónico. No hay propaganda, solo programas y debates que haría el JNE.

—El presidente de la corte superior sería elegido por todos los jueces de su corte. Eso se presta a un intercambio de favores: si tú me eliges, yo después te recompenso, a la compra de votos…
¿Cómo va usted a comprar 100 o 200 votos?

—Ofreciendo simplemente compensaciones posteriores.
Entonces, la lógica es que el sistema no va a funcionar, no es así.

—Así va a ser…
No, perdón, yo no tengo ese don de vaticinar. Intentémoslo siquiera. Además, ya tendremos un plan estratégico que por compromiso quien logre ser el ganador, tiene que seguir. No es una improvisación de candidatos. No me gusta que se caricaturice.

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