Es bien sabido que, la formalidad laboral en el Perú es un tema fundamental para el desarrollo económico y social, pues implica que los trabajadores cuenten con una serie de derechos y beneficios como contratos, seguro de salud, aportes a pensiones y protección frente a riesgos laborales. Sin embargo, actualmente un sector de la población labora en la informalidad, lo que significa que no accede a estos beneficios ni a condiciones laborales estables como corresponde. Inclusive, esta preocupante situación suele estar vinculada a factores como la falta de empleo formal, los altos costos para formalizarse, la baja productividad y el predominio de pequeñas unidades económicas. En ese contexto, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se anunció un subsidio estatal para los trabajadores de micro y pequeñas empresas (mypes) de diversas regiones del país que contribuyen a sus pensiones y seguro de salud, con el objetivo de buscar la formalización. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.
En el marco de la nueva Estrategia Nacional de Formalización Laboral al 2040, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, informó que se prepara un subsidio estatal para cubrir el 13 % de los aportes previsionales, ya sea a la ONP o a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas (mypes) de 16 regiones del país, y prioriza a aquellas empresas que registren a su personal en la Planilla Electrónica (PDT Plame), un requisito fundamental para otorgar beneficios y garantizar la trazabilidad de los aportes. Así, en una entrevista para RPP, Yolanda Erazo, viceministra de Trabajo, explicó que el Estado se hará cargo del pago de las pensiones, por lo que los empleados no verán reflejado este descuento de sus aportes en su remuneración.
Eso no es todo, Erazo indicó que también se asumirá el aporte del 9 % a EsSalud correspondiente al empleador, con el objetivo de reducir los costos laborales y la informalidad que, por ahora, está en un 70 % y se estima pasar a un 50 % para el 2040. Entre los principales beneficiarios se encuentran regiones como Piura, Tumbes, Áncash, Junín, Cusco, Ucayali, Pasco, Loreto, Huánuco, San Martín, Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Apurímac y Puno. Por último, de acuerdo con la funcionaria pública, la subvención ya cuenta con respaldo normativo y financiamiento, por lo que se espera que esta medida entre en vigencia en los próximos meses, tras la creación de una unidad funcional en el MTPE que defina los criterios de selección, los requisitos para las mypes beneficiarias, el monto del beneficio y otros lineamientos.
“Está este marco normativo habilitante en la ley de presupuesto del presente año. Lo que estamos diseñando, porque el ministerio nunca ha tenido esa competencia, es que una unidad funcional del ministerio lo puede hacer. Entonces, estamos en ese proceso y yo creo que en un par de meses ya se va a ir aplicando. Es importante que las personas tengan un seguro y también que puedan garantizar una vejez con mayores derechos. Es importante la promoción de la cultura de la formalización laboral en nuestro país, saber los beneficios que tiene una empresa y el trabajador porque esto tiene impacto en sus vidas y dinamiza la economía”, sostuvo la viceministra para RPP.
La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca sustituir la denominación de la oficina de Normalización Previsional (ONP) por Oficina Nacional de Pensiones (ONP). De acuerdo con la parlamentaria, el actual nombre institucional genera confusión entre los afiliados, por lo que con el objetivo de brindar más claridad, plantea modificarlo conforme establece el artículo 7 del Decreto Ley n.° 25967. Además, indica que el cambio, que mantendría las siglas, se aplicaría de forma progresiva, es decir, sin generar costos adicionales al Tesoro Público, utilizando los recursos existentes hasta agotar los que aún lleven la denominación anterior. En ese sentido, Alva señala que, aunque los ciudadanos identifican con claridad las siglas de la ONP, no ocurre lo mismo con su denominación completa, conforme comparte Infobae.
“La propuesta normativa tiene como finalidad adecuar la denominación institucional de la entidad administradora del SNP para reflejar con mayor precisión su función y competencias ante la ciudadanía en general, así como ante sus asegurados en particular. Asimismo, busca actualizar la identidad institucional conforme a su rol vigente en el marco de la reforma previsional, mejorar la comprensión ciudadana del sistema previsional público y contribuir al proceso de modernización administrativa del Estado peruano. Esta problemática se evidencia de manera tangible en los canales de atención al público de la entidad, donde los administrados indican de manera recurrente que desconocen el significado de la denominación ‘Oficina de Normalización Previsional’”, indica el texto.
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