Apenas 127 de 25 mil establecimientos de salud informales en el Perú han sido fiscalizados

En el Perú, existen actualmente inscritos 25,009 instituciones que prestan servicios médicos y que cumplen con los requerimientos legales para funcionar. No obstante, en paralelo operan aproximadamente otros 25,000 establecimientos informales. Así lo reconoció el intentende de Supervisión de Instituciones Prestadoras de Salud (Ipress) de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), el médico Darwin Cuadros, en entrevista con ECData.

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Estos locales –invisibles para el Registro Nacional de Ipress (Renipress)– no cuentan con la autorización ni tampoco con el personal o materiales adecuados para los actos médicos que ofertan. La fiscalización contra estos locales avanza lento, pues solo 127 han sido intervenidos y clausurados por Susalud desde enero del 2022 hasta mayo del 2023. Todos utilizaban solo un permiso municipal sin haber pasado por el Renipress.

De los locales fiscalizados, el 87% (109) se ubicaba en Lima Metropolitana y al menos 20 de ellos brindaban servicios no autorizados de medicina estética. Entre los distritos limeños con más establecimientos informales cerrados, están San Borja a la cabeza (12), Surco (9), Surquillo (9) y Jesús María (8). En otras regiones, se identificaron 18 de estos locales en total. Estos datos fueron proporcionados por Susalud a este Diario a través de una solicitud de acceso a la información pública [ver gráficos].

“[La identificación de establecimientos de salud informales] No es un trabajo solo de Susalud, sino también los gobiernos locales y las direcciones regionales de salud. Aquí en la intendencia tenemos aproximadamente 63 personas que supervisan Ipress. Faltaría un poco más de recursos humanos. Sabemos que no podemos llegar a las 25 mil, para empezar. Entonces, lo que hemos hecho es una estrategia de brindar capacitación [a municipios y gobiernos regionales] para la prevención de riesgos”, explicó Cuadros.

De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1158, vigente desde diciembre del 2013 para fortalecer las funciones de Susalud, las sanciones para instituciones prestadoras de servicios de salud que incumplan con los requerimientos mínimos de registro, salubridad y personal especializado pueden ir desde el cierre temporal y la multa por un máximo de 500 unidades impositivas tributarias (UIT) –que equivale actualmente a S/ 2′475,000– hasta el cierre definitivo.

“La informalidad, a veces, es difícil de detectar. Nos informamos mayormente mediante denuncias directas [de usuarios afectados]. A nosotros lo que más nos preocupa es aquellos establecimientos que no tienen las condiciones y están brindado servicios [médicos o de salud sin autorización], poniendo en riesgo la vida de las personas. Algunas personas que han fallecido [por intervenciones sin el material o el profesional adecuados] se atendieron en spas, centros de estética, barberías o, incluso, centros de tatuajes”, dijo el intendente.

El funcionario Cuadros explicó que, en ocasiones, las empresas identificadas por denuncia o por indagaciones previas de Susalud evaden a los fiscalizadores con la modificación de sus horarios de atención o el cierre indefinido de sus locales. También advirtió que los potenciales usuarios deben siempre consultar con el Renipress para asegurarse de que el establecimiento al que piensan acudir esté realmente inscrito y que no es suficiente garantía la sola proximidad de un local a farmacias u hospitales conocidos.

Lucero Cahuana, directora de la Escuela de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), comentó que la informalidad, además de ser un problema transversal, persiste en materia sanitaria debido a la desigualdad en el acceso ciudadano a servicios oportunos y de calidad.

”Este es un problema social y, como tal, también se necesita concientización desde el Estado sobre los riesgos para la vida y la salud al recurrir a la informalidad. Pero, a la vez, debemos reconocer que la presencia de estos establecimientos responde a una demanda, y que esa demanda de usuarios se debe a una enorme brecha socioeconómica muy marcada en el país. Se necesita mejorar el sistema público, reduciendo tiempos de espera, por ejemplo. En el aspecto de la fiscalización directa, la actividad debe ser continua y no solamente mediante denuncias de personas afectadas o casos cubiertos por la prensa”, agregó Cahuana.

Mario Ríos, experto en Salud Pública, sostuvo que “urge una reforma de fortalecimiento de la capacidad reguladora, fiscalizadora y sancionadora del Estado” y que “no es solo un asunto de tener reglamentos porque tenemos reglamentos para todo desde el Ministerio de Salud, sino de la capacidad de ejecutar”.

“La debilidad estructural es la que también nos lleva a una situación de esta naturaleza [de descontrol de la informalidad]. También está el hecho de que la debilidad en el funcionamiento del sistema formal empuja a la gente a buscar atención en el sistema informal. Un ejemplo claro es cuando el establecimiento formal público envía al paciente a hacerse análisis o ecografías a otros lugares porque no cuenta con los implementos o equipos o personal suficiente”, puntualizó.

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