Empresariado fija prioridades para el último año de Boluarte: seguridad, formalización y destrabe

A pocas horas del mensaje presidencial por 28 de julio, los principales gremios empresariales del país coinciden en que el gobierno de Dina Boluarte debe cerrar su mandato con medidas concretas que garanticen seguridad ciudadana, promuevan la inversión privada y sienten las bases para realizar reformas largamente postergadas. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ComexPerú y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) compartieron sus expectativas con El Comercio, remarcando que la criminalidad, la minería ilegal, la informalidad laboral y la falta de predictibilidad jurídica son hoy los principales riesgos para el desarrollo económico. En paralelo, destacan los avances sectoriales del primer semestre del año, pero advierten que el escenario electoral y la debilidad institucional podrían revertir los logros alcanzados si no se actúa con firmeza en los meses que restan.

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Desde su sector, ¿cuáles son los anuncios que consideran necesarios o urgentes que el Gobierno debería abordar en el mensaje de 28 de julio?

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL estima que el PBI crecería este año 3%, cifra superior a lo proyectado a inicios del 2025 (2,8 %), pero advierte que las paralizaciones, la incertidumbre frente al proceso electoral y la inseguridad podrían debilitar el dinamismo económico y alterar las proyecciones de crecimiento.

Lo mínimo que se debe exigir al gobierno en su último año es garantizar la estabilidad jurídica, política, económica y social que el Perú necesita para atraer y mantener las inversiones, generar puestos de trabajo, reactivar la economía y reducir la pobreza.

[Debe decir] que no va a ceder ante la minería ilegal. El bloqueo de carreteras habría comprometido hasta el 20% del PBI en Arequipa, La Libertad, Ica y Cusco, lo que equivale a S/622 millones diarios, según cifras del IEDEP.

También, que plantee y dé pasos concretos frente a la criminalidad. El país requiere recuperar el principio de autoridad en zonas golpeadas por economías ilegales que afectan la inversión, la vida cotidiana y el tejido productivo. Un mensaje que priorice la seguridad es un mensaje que protege el empleo y la reactivación productiva.

Frente a las elecciones, que reafirme su compromiso con la neutralidad electoral, con un proceso limpio y transparente, donde el respeto por las reglas y la institucionalidad refuercen la confianza ciudadana.

¿Qué reforma consideran crucial implementar antes de que termine este gobierno?

Es poco probable que este gobierno esté en condiciones de emprender las necesarias reformas laborales, tributarias y del Estado, incluyendo la reorganización del sistema de justicia, pero, por lo menos, se deben sentar las bases para impulsar trasformaciones que garanticen el acceso a una salud, educación y alimentación de calidad, reducir el déficit de infraestructura y de servicios básicos, así como fortalecer la institucionalidad.

Asimismo, no hay que perder el impulso del shock desregulatorio, que debería consolidarse con las medidas complementarias que se habían anunciado para este mes. Se debe promover la inversión pública y privada, simplificando trámites y fortaleciendo las asociaciones público-privadas.

El Ejecutivo está obligado a mantener la fortaleza macroeconómica respaldando la disciplina fiscal y cumplir la meta de déficit establecida para este año, sin más “flexibilizaciones” ni marchas y contramarchas, para dejar al próximo gobierno una economía lo más saneada posible. Se debería establecer una rigurosa política de austeridad en lo que resta del gobierno.

Igualmente, el gobierno tiene que comprometerse a no despilfarrar un sol más en “salvatajes” o “reestructuraciones” de Petro-Perú.

¿Cómo ha sido el desempeño económico en su sector durante la primera mitad del año?

El sector Comercio logró una expansión de 3,1% en mayo y en los primeros cinco meses del año acumuló un aumento de 3,2%. Es el único sector en la economía que acumula 51 meses consecutivos de crecimiento.

Sin embargo, como ha advertido el IEDEP, la proximidad de una campaña electoral altamente polarizada en la que se prevé una dispersión del voto, podría afectar este escenario, debido a la incertidumbre de los agentes económicos. Si a esto sumamos el incremento de la criminalidad, especialmente de las extorsiones y las economías ilegales, el futuro se presenta incierto.

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Desde su sector, ¿cuáles son los anuncios que consideran necesarios o urgentes que el Gobierno debería abordar en el mensaje de 28 de julio?

Sin duda esperamos que comente las acciones que se van a tomar respecto a seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la minería ilegal e informal, la simplificación de permisos mineros y energéticos en general, y que nos confirme y reafirme su compromiso con el respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica, que deben ser el pilar de la gestión.

Esperamos que la presidenta ratifique que su gobierno va a privilegiar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, el respeto a las normas y seguir apostando por la inversión privada, sostenible y responsable.

¿Qué reforma consideran crucial implementar antes de que termine este gobierno?

Este gobierno tiene la oportunidad de dejar un gran legado: sentar las bases de una Ley MAPE (para la minería artesanal y pequeña minería) sólida, consensuada e inclusiva. Esta norma debe impulsar la formalización y sostenibilidad del sector, con diálogo, análisis técnico y respeto al marco legal. No puede ser un Reinfo encubierto ni permitir la impunidad indefinida.

Además, se requiere avanzar con la simplificación de permisos para exploración, construcción y explotación de proyectos. Hay una cartera de US$64.000 millones que necesita materializarse. Esta reforma puede abrir el candado al desarrollo minero, siempre con estándares ambientales, respeto a derechos humanos y condiciones laborales seguras.

¿Cómo ha sido el desempeño económico en su sector durante la primera mitad del año?

Según el Ministerio de Energía y Minas, el sector tuvo un desempeño positivo. Entre enero y mayo, la producción de metales como zinc y plata creció a doble dígito. La inversión minera alcanzó los US$ 1.845 millones y el PBI minero metálico creció 10,64% en abril, el mejor desempeño en años. Además, se marcó un récord histórico de empleo formal en minería, con 247.000 puestos, y una creciente participación femenina.

También se transfirieron más de S/ 8.300 millones a regiones por concepto de canon y regalías. Aunque el oro y el hierro tuvieron caídas puntuales por razones logísticas (Pataz y Shougang), se espera que en la segunda mitad del año se recupere la producción y se mantenga la tendencia positiva.

Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Desde su sector, ¿cuáles son los anuncios que consideran necesarios o urgentes que el Gobierno debería abordar en el mensaje de 28 de julio?

Siendo el último mensaje por 28 de julio de este gobierno y encontrándonos a menos de nueve meses de las elecciones generales, consideramos indispensable que la presidenta garantice un proceso electoral transparente, ordenado y confiable. La ciudadanía necesita acudir a las urnas con plena confianza de que su voto será respetado y que el próximo gobierno será elegido sin cuestionamientos.

En el plano económico, esperamos anuncios claros sobre la implementación efectiva del paquete de medidas de destrabe y desregulación que hemos venido trabajando junto al Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos meses. Estas medidas son clave para reactivar la inversión, dinamizar la actividad productiva y avanzar hacia la reducción del déficit fiscal.

Asimismo, consideramos fundamental que el gobierno reafirme su posición frente a la minería ilegal, rechazando cualquier forma de chantaje o bloqueo. El país necesita orden y respeto al estado de derecho, lo que incluye garantizar el libre tránsito de personas, bienes y transporte a lo largo del territorio nacional.

Finalmente, creemos importante que se anuncien avances concretos sobre el inicio de grandes proyectos de infraestructura que el país necesita con urgencia: trenes, carreteras, puertos y aeropuertos. Obras que no solo mejorarán la competitividad del Perú, sino que también generarán empleo y confianza en el sector privado.

¿Qué reforma consideran crucial implementar antes de que termine este gobierno?

Sabemos que el tiempo es limitado, pero aún quedan espacios para concretar reformasde alto impacto. Desde nuestro sector, consideramos fundamental avanzar en tres frentes:

En materia tributaria, es urgente simplificar el sistema creando un único régimen escalonado para las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy coexistimos con hasta cuatro regímenes distintos que generan confusión, incentivan la informalidad y complican el cumplimiento tributario. Un sistema simple y progresivo permitiría ampliar la base tributaria sin asfixiar a los contribuyentes.

En el ámbito laboral, es importante corregir rigideces que obstaculizan la creación de empleo formal. Proponemos eliminar algunos feriados que afectan la productividad, así como flexibilizar las condiciones de contratación y despido. La rigidez del mercado laboral es hoy una barrera para generar oportunidades reales de trabajo formal.

Finalmente, consideramos prioritaria una reestructuración del aparato estatal. Reducir el número de ministerios, ya sea mediante fusiones o la creación de un ministerio de infraestructura que agrupe competencias dispersas, es un paso necesario para lograr un Estado más eficiente y menos costoso.

Dejar reglamentada la creación de las Zonas Económicas Especiales Privadas sería también un legado importante. Estas zonas serán clave para convertir al Perú en el hub logístico e industrial del Pacífico sudamericano, atrayendo inversión y generando empleo de calidad.

¿Cómo ha sido el desempeño económico en su sector durante la primera mitad del año?

La producción industrial creció 2,2% en los primeros cinco meses del 2025, impulsado por el buen dinamismo del subsector primario (+4,1%), como resultado del incremento la industria de productos pesqueros (+20,2%), las industrias de refinación de petróleo (+8,9%) y productos cárnicos (+4,2%).

El subsector no primerio creció a un menor ritmo de 1,5%, explicado por el aumento de la producción de bienes de consumo (+2,9%) y bienes de capital (+14,3%); no obstante, los bienes intermedios reportaron una contracción (-2,0%).

La industria representa el 50% de las exportaciones no tradicionales y entre enero y mayo creció 21%.

Esperamos que el crecimiento se consolide en el segundo semestre del 2025, pudiendo crecer más del 3%.

Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

Desde su sector, ¿cuáles son los anuncios que consideran necesarios o urgentes que el Gobierno debería abordar en el mensaje de 28 de julio?

El gobierno de la presidenta Boluarte debe reconocer que el país está atravesando por una crítica situación de violencia e inseguridad y que las medidas adoptadas en los últimos meses no han cumplido con abordarla de manera efectiva, por lo que se requiere un compromiso y acción directa e inmediata de todas las instancias involucradas del gobierno para hacerles frente.

En este sentido, el gobierno debe dar señales de una lucha frontal contra las economías ilegales como la minería, pesca ilegal, el narcotráfico y otras. El país no puede continuar con dos vías paralelas: la formal y la ilegal; por ello, no más Reinfos, impunidad frente a la construcción ilegal de embarcaciones, evasión de impuestos, destrucción del medio ambiente, y todo el ecosistema delictivo que se genera alrededor de ellas.

Las actividades ilegales son el principal enemigo de nuestro país, pues sostienen la inseguridad y la violencia, limitando la capacidad de desarrollo del país. Se requieren medidas urgentes para el corto plazo, y un plan de mediano y largo plazo con el apoyo de la comunidad internacional y una fuerza de élite de las fuerzas armadas.

¿Qué reforma consideran crucial implementar antes de que termine este gobierno?

Fortalecer la investigación científica de nuestras pesquerías a través del Imarpe, institución que durante 60 años estudia nuestros recursos y que es fundamental para la toma de decisiones y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos marinos.

Para ello se requiere invertir en nuevas tecnologías y modernización de la institución para el monitoreo de las condiciones del mar, capacitación, y preparación de la nueva generación de científicos.

De otro lado, recuperar la pesca en la zona sur del país y retomar el impulso de la pesca industrial de anchoveta en dicha zona. Se pierden 1.500 empleos anuales y se ha destruido inversión privada (de 12 plantas industriales a solo 3). Lo que no se pesca en el sur, se pierde o migra al norte de Chile, por ello es fundamental resolver este punto.

¿Cómo ha sido el desempeño económico en su sector durante la primera mitad del año?

El sector pesquero es un gran dinamizador de la economía nacional y de las regiones pesqueras. La primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte del país, que está próxima a terminar, generará divisas al país por alrededor de US$ 1.200 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado.

Según las cifras oficiales, de enero a mayo 2025, el sector pesquero ha registrado US$ 2.056 millones en exportaciones, un incremento del 57% en relación al mismo periodo del año pasado donde se registraron US$ 1.307 millones. Las exportaciones de harina y aceite de pescado en lo que va del año (enero a mayo) alcanzaron los US$ 1.100 millones, 50% más que las exportaciones en el mismo periodo del año pasado.

Alonso Rey Bustamante, presidente de ComexPerú

Desde su sector, ¿cuáles son los anuncios que consideran necesarios o urgentes que el Gobierno debería abordar en el mensaje de 28 de julio?

El mensaje a la Nación debe dejar de ser un listado de promesas vagas y convertirse en un punto de medidas que permitan un desarrollo del Perú. El país necesita que se aborden, con claridad y decisión, dos temas urgentes: la inseguridad y la parálisis económica provocada por el exceso de trabas y permisos.

La inseguridad se ha convertido en una amenaza para la inversión, el empleo y la vida cotidiana de los peruanos. No basta con aumentar policías o declarar estados de emergencia. Se necesita un plan integral y sostenido que ataque la raíz del problema: el crecimiento del crimen organizado, la debilidad de la inteligencia policial y la falta de coordinación entre entidades del Estado. Una fiscalía que no hace su trabajo y un poder judicial que libera a delincuentes, deben ser reformados cuanto antes.

A la vez, urge un shock de desregulación en la economía. En todos los sectores, la tramitología está ahogando la inversión y con ello la generación de trabajo formal. El Gobierno debe comprometerse con una agenda seria de simplificación, eliminación de permisos innecesarios, digitalización de trámites y reducción real de la informalidad. Sin inversión privada no hay empleo formal, ni crecimiento, ni mejora en los índices de pobreza.

¿Qué reforma consideran crucial implementar antes de que termine este gobierno?

La reforma más urgente es la simplificación en la contratación de personal. No se trata de discursos, sino de generar empleo real. Hoy en el Perú, contratar formalmente es caro, complejo y riesgoso, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleos generan. Todos ello esta demostrado con el grado de informalidad laboral que es superior al 70% de los trabajadores.

Necesitamos un régimen laboral más simple, flexible y adaptado a la realidad del país, que permita a miles de negocios salir de la informalidad y contratar sin miedo ni a ser sancionados por errores administrativos. Esta reforma no puede seguir postergándose. Cada año que vamos para atrás y sin cambios, significa que miles de jóvenes se queden sin oportunidades y cientos de empresas opten por la informalidad.

Si el Gobierno de Dina Boluarte quiere dejar algo por lo menos, que priorice el empleo. Simplificar la contratación es el primer paso para reactivar la economía desde abajo, con trabajo digno, formal y sostenible.

¿Cómo ha sido el desempeño económico en su sector durante la primera mitad del año?

La economía peruana creció 2,67 % en mayo. Hay sectores como el agro, comercio y construcción que vienen mostrando un desempeño positivo, lo cual es una buena noticia. Pero otros sectores clave como manufactura o minería, siguen estancados o creciendo por debajo de su potencial. Y mientras no se actúe con decisión, ese estancamiento se puede prolongar.

Por otro lado, las cifras de exportaciones confirman que el Perú sigue consolidándose como una potencia exportadora diversa y competitiva. Entre enero y mayo, se exportaron productos por un valor de US$33.410 millones, un crecimiento de más del 22% frente al mismo periodo de 2024. Este avance refleja una canasta exportadora más amplia y con mayor presencia en los mercados internacionales. El desafío ahora es seguir abriendo más mercados y facilitando la logística y la producción desde las regiones. Necesitamos sacar las irrigaciones pendientes con miles de hectáreas, los proyectos mineros, la infraestructura faltante, sólo con ello se generaría mucho trabajo en beneficio de la reducción de la pobreza.

Lo que necesitamos es claro: un entorno que permita liberar el potencial productivo del país. Eso pasa por aplicar un verdadero shock de desregulación, que elimine las trabas burocráticas que hoy impiden que los proyectos se ejecuten a tiempo. También se requiere seguridad jurídica, que garantice reglas claras y respeto a los contratos, sin cambios de última hora ni normas ambiguas.

También se necesita seguridad ciudadana y estabilidad social, porque ningún empresario —pequeño o grande— va a invertir si su personal, su carga o su infraestructura están en riesgo por bloqueos, extorsiones o informalidad desbordada. Esto se refleja claramente en el caso de la minería: no se puede hablar de desarrollo si se normaliza que miles de operaciones sigan al margen de la ley. La discusión sobre el Reinfo y la Ley MAPE debe conducirnos a una formalización seria, con trazabilidad, fiscalización efectiva y consecuencias reales para quienes incumplen.

Tenemos sectores con enorme potencial, pero sin decisiones firmes, ese potencial no se convierte en empleo ni en bienestar. Qué pena que no se tenga la decisión de ir por buen camino y sólo hablar sin ejecutar nada.