La anulación de la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos ha desencadenado una ola de litigios sin precedentes. Más de 2.000 demandas han sido presentadas ante el Tribunal de Comercio Internacional, mientras empresas buscan recuperar los montos pagados por importaciones desde que entraron en vigor las medidas.
La anulación de la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos ha desencadenado una ola de litigios sin precedentes. Más de 2.000 demandas han sido presentadas ante el Tribunal de Comercio Internacional, mientras empresas buscan recuperar los montos pagados por importaciones desde que entraron en vigor las medidas.
Luego del fallo del 20 de febrero, más de 100 compañías interpusieron nuevas acciones judiciales. A las pequeñas empresas que ya habían acudido a los tribunales se sumaron grandes corporaciones como FedEx, Dyson, Dollar General, Bausch & Lomb, Brooks Brothers, Skechers y filiales de L’Oréal, entre otras. Varias de ellas han señalado que buscan preservar su derecho a solicitar devoluciones y, en algunos casos, trasladar esos reembolsos a clientes que asumieron el sobrecosto.
El monto en disputa es significativo. Según datos citados en los procesos judiciales, los importadores pagaron más de US$ 170.000 millones en aranceles durante los últimos diez meses. No obstante, la Corte Suprema no se pronunció sobre el mecanismo de devolución, dejando esa tarea al Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York.
El Departamento de Justicia debe definir ahora los pasos inmediatos en el litigio original que llegó al máximo tribunal, una señal sobre la disposición del gobierno a acelerar o ralentizar el proceso. Trump ha sugerido que los reembolsos podrían enfrentarse a nuevas disputas judiciales y que su resolución podría tardar años.
El tribunal comercial tiene experiencia en la gestión de devoluciones masivas —como ocurrió tras la anulación del impuesto de mantenimiento portuario en 1998—, aunque nunca a esta escala. Analistas legales anticipan que el proceso podría generar nuevas controversias, incluidas disputas entre importadores y minoristas que compartieron los costos de los aranceles, así como demandas de consumidores que alegan haber pagado precios más altos por los gravámenes.
Aunque los consumidores no pueden reclamar directamente a las autoridades aduaneras, algunos legisladores han planteado que, de concretarse devoluciones, estas deberían llegar de manera directa a los hogares. Mientras tanto, el número de casos continúa aumentando y consolida una nueva etapa judicial en torno a la política comercial adoptada por la administración Trump.
WUF
