Esta semana se publicó el listado de buenas prácticas en el marco del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2023 que organiza Ciudadanos al Día con el apoyo de la Universidad del Pacífico y su Escuela de Gestión Pública.
Son 157 experiencias presentadas voluntariamente por diversas entidades públicas que han alcanzado la certificación de buenas prácticas por atender un problema, generar valor público y cambios positivos en el bienestar de la ciudadanía. Una lectura general de estas experiencias nos puede dar un panorama de lo que está sucediendo en las entidades públicas.
Solo 10% de las buenas prácticas de este año provienen de gobiernos locales, cuando en el 2022 representaban un 26%, y no tenemos buenas prácticas de gobiernos regionales, que representaban el 4% en la edición anterior. Estas cifras ratifican con evidencia que el último cambio de autoridades regionales y locales ha producido una pérdida de conocimiento, rotación de personal y costos de aprendizaje que impactan en el primer año de gestión.
Las buenas prácticas tienen aspectos de innovación, sostenibilidad y replicabilidad, pero estos aspectos podrían mejorarse con el uso de instrumentos que ayuden a la focalización y precisión. Por ejemplo, solo el 33% de las buenas prácticas aplicaron herramientas de análisis con enfoque de género para determinar cómo el problema a enfrentar impactaba en las vidas de mujeres, niñas y adolescentes, y de ese modo proponer soluciones mucho más cercanas a ellas.
Del mismo modo, solo un 36% de las buenas prácticas aplicaron instrumentos para identificar áreas grises en sus procesos, por lo que sus soluciones incorporan mecanismos que combaten directamente la corrupción. Tenemos como políticas nacionales la igualdad de oportunidades y la integridad pública, por lo que sería importante que, más allá de charlas y capacitaciones, se difundan y pongan en práctica estos instrumentos de manera general en el Estado, antes de implementar una iniciativa sea esta la atención de desastre, promoción de la inversión o asistencia de campañas agrícolas.
Con todo, el premio brinda buenas noticias. El porcentaje de buenas prácticas de colaboración público-privada pasó de 2% del total en el 2022 a 4% del total en la presente edición, lo cual refleja un incremento de las soluciones en que los actores privados y públicos colaboran para alcanzar mejores resultados conjuntamente.
Asimismo, el porcentaje del total de buenas prácticas vinculadas a la cooperación entre actores públicos de distintos niveles pasó de 6% a 10% dando señales de cómo los problemas se enfrentan mejor si la intervención es multisectorial e intergubernamental.
De otro lado, destaca en la mayor parte de las prácticas el uso de tecnologías de información y acciones de transformación digital para hacer más predecible la labor, generar estadísticas y facilitar la interacción con la ciudadanía.
En estos momentos en los que la meritocracia se ve menoscabada, donde se gestan normas que tienen nombre propio y favorecen a algunos en detrimento del bienestar general de las personas, difundir y compartir los esfuerzos de servidores públicos que realmente luchan contra la corriente por hacer lo correcto es la última línea de defensa de la institucionalidad. No perdamos esta batalla.
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