Durante años, la estabilidad económica del Perú ha sido un escudo frente a la incertidumbre. Sin embargo, ese equilibrio se resquebraja cuando el Estado no respeta las reglas establecidas ni decisiones internacionales reconocidas. Cada incumplimiento envía un mensaje inequívoco a los inversionistas: en el país ya no se puede confiar.
La confianza es el motor de inversión. Sin ella, los proyectos se paralizan, las empresas postergan decisiones y el desarrollo se detiene. La indiferencia frente a contratos vigentes y el incumplimiento de compromisos han generado un clima de inseguridad que desalienta nuevas inversiones y pone en riesgo las existentes. La situación que enfrenta Lima Expresa y su único accionista, Vinci Highways, es reflejo de ese deterioro.
El panorama general preocupa más. Según datos del Banco Mundial (2025), el Perú enfrenta 20 casos de arbitraje ante el CIADI en el sector infraestructura. Tres ya fallaron contra el país, con pérdidas directas superiores a US$270 millones. Recursos que deberían destinarse a educación, salud o seguridad, pero terminan en indemnizaciones y gastos legales. Cada litigio es un costo financiero, un freno al progreso y un golpe a la credibilidad ante la comunidad internacional.
El Perú no puede darse el lujo de socavar su reputación como socio confiable. Respetar las reglas no es un favor al inversionista, es una obligación del Estado y una garantía para todos los ciudadanos. Cada contrato honrado, cada norma cumplida y cada decisión arbitral acatada fortalecen la institucionalidad y abren la puerta del desarrollo.
La prosperidad de una nación se forja sobre la base de confianza. Sin confianza, no hay inversión; sin inversión, no hay crecimiento; y sin crecimiento, no hay bienestar. Es momento de que las autoridades actuales y las que vendrán comprendan que el respeto a la legalidad no es solo un principio jurídico, sino una apuesta por el futuro del país. Porque cuando el Perú cumple su palabra, el desarrollo avanza.
