En el Perú se está acumulando una factura fiscal que, tarde o temprano, alguien tendrá que pagar. El último informe de la OCDE advierte que, de mantenerse las políticas actuales, la deuda pública bruta se encaminaría al 50% del PBI en 2050. Para estabilizar esa trayectoria, este organismo sugiere un ajuste monumental equivalente a 4 puntos del PBI. Sin embargo, el país avanza en sentido contrario: se aprueban medidas costosas sin financiamiento, con la complicidad del Ejecutivo y del Congreso.
Lo señalado por la OCDE, siendo grave, es incompleto. El informe se elaboró con datos al cierre de 2024 y no incorpora el impacto de nuevas leyes que generan mayor gasto estructural. Haciendo un repaso detallado de las iniciativas en curso en este 2025, se puede contabilizar más de S/16 mil millones anuales adicionales (2% del PBI) para sumar a los pasivos fiscales. Entre ellas, vale subrayar, la creación de una “Cédula Viva” para los maestros con una pensión mínima de S/3.100 y cuyo costo superará los S/. 7 mil millones sólo para comenzar. Así, si se incorporan todos estos nuevos compromisos en el mismo modelo de proyecciones de la OCDE, la deuda pública no se quedaría en 50% del PBI, sino que podría duplicarse.
A ello hay que adicionar otras presiones. Miremos nomás todas las señales que indican que el gobierno está dispuesto a dar garantía soberana a las deudas de Petro-Perú que ascienden a US$7.000 millones. Consideremos también la larga lista de pasivos contingentes y litigios contra el Estado. Todo esto configura un panorama en el que las finanzas públicas se desbordan y comprometen a varias generaciones. El populismo fiscal también ha hecho al presupuesto más rígido. Entre 2021 y 2025, el gasto en planillas creció más de 30%, reduciendo el margen para reasignar recursos frente a choques. Y propuestas como la “estabilidad absoluta” en el empleo público consolidarían esta rigidez, asegurando un Estado más caro y menos flexible.
La inversión pública confirma otra paradoja. En 2024 el Perú destinó 5,3% del PBI, más que Chile (3,7%) o México (2,4%) e incluso por encima de varios países OCDE. Sin embargo, el desempeño es paupérrimo. En cinco años, con más de S/100 mil millones ejecutados, las brechas sociales permanecen prácticamente intactas. La red vial pavimentada apenas mejoró, los locales escolares con servicios básicos retrocedieron y la cobertura de alcantarillado se redujo. Se gasta más que nunca, pero sin resultados.
La pregunta entonces es inevitable: ¿quién pagará esta cuenta? La respuesta es clara. Serán los jóvenes. La Generación Z, que hoy concentra sus reclamos en otras causas, heredará un Estado con menos espacio fiscal, más impuestos y menor capacidad de invertir en productividad. Quienes hoy toman las decisiones probablemente no enfrenten el costo total, pero los jóvenes sí lo harán.
El desafío es doble. En el corto plazo, detener la aprobación de leyes con impacto fiscal sin fuente de financiamiento y restablecer un marco fiscal creíble, con reglas y un ancla de deuda. En el mediano plazo, mejorar la calidad del gasto, asegurando que cada sol invertido tenga impacto real. De lo contrario, la proyección de la OCDE no será un escenario límite, sino apenas el punto de partida de una crisis más profunda. Y esa factura ya tiene destinatario.
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