La violencia y la informalidad en las obras de construcción vienen dificultando cada vez más el desarrollo de proyectos en distintas zonas del país, como el Norte Chico y Lima Norte. Así lo advirtió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N.° 93.
La violencia y la informalidad en las obras de construcción vienen dificultando cada vez más el desarrollo de proyectos en distintas zonas del país, como el Norte Chico y Lima Norte. Así lo advirtió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N.° 93.
Valdivia explicó que los llamados seudo-sindicatos se han convertido en verdaderas organizaciones criminales diversificadas. Ya no solo se dedican a la extorsión, sino también al tráfico de tierras, la construcción informal, los préstamos “gota a gota” y el lavado de activos. Combatirlas requiere una estrategia integral que combine inteligencia, prevención y represión, siguiendo la “ruta del dinero” para desarticular sus operaciones.
El primer paso, sostuvo, es evitar que estas agrupaciones tengan “licencia” para operar, ya que muchas son reconocidas oficialmente por el Estado, como ocurre con el Reinfo. Además, estas seudo-organizaciones atacan y debilitan a los verdaderos sindicatos, generando obstáculos para la negociación colectiva. En ese marco, Capeco señaló que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) debe depurar los registros sindicales con la máxima seriedad.
De otro lado, Capeco recordó que, junto con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), negocia cada año pactos colectivos que son de carácter obligatorio para todas las obras y trabajadores del sector. Sin embargo, en muchas obras estatales —especialmente en regiones y municipalidades— no se cumplen los salarios establecidos, lo que perjudica tanto a los trabajadores como a la calidad de los contratistas y de las obras.
Finalmente, se planteó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incorpore en las normas de contratación la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos colectivos y disponga sanciones efectivas en caso de incumplimiento.
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