El Tribunal Constitucional (TC) deberá decidir el futuro de la norma para la devolución de la ONP. (Foto: GEC)
El Tribunal Constitucional (TC) deberá decidir el futuro de la norma para la devolución de la ONP. (Foto: GEC)
Redacción EC

El Gobierno interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el contra la Ley N° 31083, que establece un régimen especial facultativo para la devolución de fondos a los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la

La demanda fue presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, la cual alega que la medida publicada por insistencia por el Congreso de la República afecta las siguientes normas:

Los artículos 10º, 11º y 12º sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones.

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En la demanda se afirma que la ley afecta el Sistema Nacional de Pensiones, que funciona como un “fondo de reparto solidario”, en donde el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas se financia con lo recaudado por el aporte de los afiliados activos.

Si este fondo se emplea para dar cumplimiento a la Ley, se pondría en riesgo el pago de pensiones, afirmó el procurador Luis Huerta.

El artículo 43º de la Constitución, que reconoce el principio de separación de funciones, que comprende la obligación de cooperación entre órganos constitucionales.

“En el presente caso, se señala que la Ley ha sido emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía del país”, añadió.

El artículo 118º, numerales 3 y 17, sobre la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública.

Al respecto, se señala que la ley genera un gasto público con repercusión en el presupuesto nacional, pues tendría que ser cubierta con fondos públicos.

El artículo 79º de la Constitución, sobre la proscripción de la iniciativa de gasto del Congreso.

Los congresistas no pueden emitir normas que generen un gasto público no presupuestado. Asimismo, en la demanda se alega que el impacto fiscal de lo aprobado por la referida Ley asciende a S/15.000 millones, cifra que no se encuentra prevista en el presupuesto público.

Trámite del proceso de inconstitucionalidad

El procurador Huerta apuntó que, una vez presentada la demanda, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre su admisibilidad.

En base a experiencias previas, esto puede ocurrir en una semana, luego de lo cual la demanda será remitida al Congreso para que sea contestada en el plazo legal de 30 días hábiles. Si el Congreso espera hasta el último día para contestar (a finales de enero del 2021) la audiencia pública podría realizarse entre febrero y marzo, dependiendo de la decisión que tome la presidencia del TC.

Luego de la audiencia pública sigue la elaboración de la ponencia y la deliberación del caso, que podría realizarse en marzo.

Es necesario señalar además que el proceso de inconstitucionalidad más rápido resuelto por el Tribunal Constitucional en fechas recientes se dio respecto a la Ley sobre suspensión del cobro de peajes, proceso que se realizó en su totalidad de manera no presencial.

La demanda respectiva fue presentada por el Poder Ejecutivo el 2 de junio del 2020 y el TC emitió sentencia el 25 de agosto del 2020, lo que hizo que el proceso durará casi tres meses. Se espera que algo similar pueda ocurrir en el caso de la demanda contra esta ley.

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