En enero de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una revisión integral de los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), señalando que la cartera heredada supera los US$30 mil millones —equivalente a cerca del 9% del PBI o casi dos años de inversión pública—. Poco después, se procedió a la resolución del contrato con la PMO francesa encargada de la Nueva Carretera Central y de los accesos al aeropuerto.
La revisión se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del gasto en remuneraciones que obliga al gobierno a ajustar inversión pública para contener el déficit fiscal. El presupuesto 2026 refleja esa tendencia: las remuneraciones crecen 12% mientras la inversión pública cae 13%. Ya en 2025, el MEF optó por no ampliar las asignaciones para varios proyectos de prevención de inundaciones bajo G2G, paralizando parte de esta cartera para cumplir con la meta de déficit. Aun así, la inversión ejecutada bajo este esquema alcanzó los US$2.000 millones —equivalente al 12% de la inversión pública total—.
El problema de fondo no es el G2G como instrumento, sino la ausencia de criterios claros para decidir cuándo y cómo usar los diferentes mecanismos de ejecución de infraestructura pública. Los G2G han aportado calidad y velocidad de ejecución, pero terminaron usándose como una salida fácil para el desarrollo de cualquier tipo de infraestructura, sin considerar los límites presupuestales ni una evaluación de la capacidad del Estado para sostener los compromisos en el tiempo. Dos factores explican ese desorden. Primero, el portafolio creció sin una regla fiscal multianual explícita. Varios contratos firmados en 2021 se aprobaron sin opinión técnica del MEF sobre capacidad presupuestal, como advirtió, en su momento, el Consejo Fiscal. Con los acuerdos ya firmados, se esperaba que el gasto bajo este esquema crezca hasta representar cerca de 60% de la inversión pública en el 2028, en línea con el ingreso a fase de construcción de proyectos relevantes en los próximos dos años. En segundo lugar, la alternancia de mecanismos sin criterios consistentes. Las grandes obras han alternado entre obra pública regular, Asociaciones Público-Privadas (APP) y G2G sin reglas claras que definan cuándo corresponde usar cada modalidad, desaprovechando las ventajas comparativas de cada instrumento.
La nueva gestión del Ejecutivo deberá definir, además del futuro de la Nueva Carretera Central, si mantiene el esquema G2G en los seis acuerdos aún pendientes de renegociación —entre ellos un proyecto de irrigación en Piura recientemente adjudicado a China— o si opta por otro mecanismo. Más allá de estos casos, el país necesita reglas claras para asignar cada instrumento según su ventaja comparativa. Desde Apoyo Consultoría proponemos los siguientes lineamientos:
1. Establecer un techo vinculante para los compromisos de infraestructura. Todo proyecto nuevo —sea G2G, APP u obra pública regular— debe registrarse con su flujo completo de obligaciones futuras y evaluarse frente a una regla explícita de espacio fiscal. Entre 2012 y 2023, más del 80% de los proyectos nuevos ingresaron al presupuesto recién durante la ejecución, vía modificaciones presupuestales (PIM), sin pasar por una priorización rigurosa ex ante, según el Public Finance Review del Banco Mundial.
2. Usar el esquema G2G solo cuando permite compensar brechas de capacidad, acelerar la ejecución o gestionar proyectos donde el Estado carece de experiencia. Es pertinente en intervenciones especializadas —como defensas ribereñas y obras de prevención— o cuando la agilidad es crítica, como ocurrió con los Juegos
Panamericanos. También puede ser útil para estandarizar y ejecutar paquetes de infraestructura social —colegios, establecimientos de salud— donde la transferencia de conocimiento a través de una PMO fortalece capacidades, sobre todo en gobiernos subnacionales con cartera relevante. Su expansión indiscriminada, sin anclaje fiscal, es lo que debe corregirse, no el instrumento en sí.
3. Concentrar las APP en proyectos de gran escala y carácter estratégico. Este mecanismo es apropiado cuando la integración de diseño, construcción, operación y mantenimiento en un solo contrato permite transferir riesgos al sector privado —de construcción y operación— que de otra forma recaerían íntegramente en el Estado, alineando incentivos para reducir sobrecostos y mejorar el desempeño del activo. Aunque las APP no exigen desembolso inmediato del Estado, sí generan obligaciones firmes y contingentes de largo plazo; en el Perú, el stock total de compromisos APP está acotado a 12% del PBI. Además, sus costos de estructuración solo se justifican en proyectos de gran escala, y su implementación exige capacidad técnica para estructurar y supervisar contratos complejos —condición especialmente exigente en el ámbito subnacional—.
El Perú necesita una política de infraestructura con horizonte largo, reglas fiscales explícitas y una institucionalidad que sobreviva los cambios de gestión. Sin esos tres elementos, cualquier mecanismo —sea G2G, APP u obra pública— seguirá siendo vulnerable al mismo patrón de sobreacumulación, parálisis y reinicio.
