El INEI indicó que la población ocupada de 45 y más años de edad, que se caracteriza por tener experiencia laboral, se incrementó en 8,9%, es decir, 111.700 personas, en el trimestre de análisis.
El INEI indicó que la población ocupada de 45 y más años de edad, que se caracteriza por tener experiencia laboral, se incrementó en 8,9%, es decir, 111.700 personas, en el trimestre de análisis.
Redacción EC

(Informe de El Comercio-IPE) Actualmente, el Compendio de Normas sobre la Legislación Laboral del actualizado a agosto del 2017, tiene 136 normas compiladas en casi 1.400 páginas y más de 2.000 artículos.

A pesar de que la simplificación de esta regulación es crucial para lograr un marco laboral más eficaz y promover la formalidad, los esfuerzos desde el Estado han sido insuficientes. Más bien, algunos esfuerzos parecen ir en sentido contrario.

A unas semanas de la renovación de las comisiones ordinarias del , cabe hacer un balance de la regulación laboral aprobada o en debate por el Poder Legislativo en el último año.

CONTEO

Durante el periodo de sesiones 2017-2018, se presentaron 79 proyectos de ley (PL) relacionados a la regulación del mercado laboral en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La comisión es presidida por el Frente Amplio, segundo grupo parlamentario con mayor cantidad de PL (16). Fuerza Popular cuenta con la mayor cantidad de iniciativas legislativas (24), y el resto se divide entre Alianza para el Progreso (8), Nuevo Perú (7), otras instituciones del Estado (7), no agrupados (6), Peruanos por el Kambio (5), Acción Popular (4) y Apra (2).

Los dos principales temas abordados en la comisión han sido la regulación del régimen laboral del sector público con 26 proyectos y la regulación de regímenes laborales específicos del sector privado con 17. El resto de iniciativas se dividen en: beneficios sociales (9), igualdad y no discriminación (8), obligaciones del empleador (5), jornada laboral (4) y otros temas (10).

SECTOR PÚBLICO

Entre las iniciativas relacionadas al régimen laboral del sector público, destacan las 10 propuestas para excluir de la Ley del Servicio Civil (Servir) a los trabajadores de distintas instituciones del Estado como el Poder Judicial, municipalidades, entre otras.

La mayoría de estos proyectos (6) están siendo discutidos en la comisión, dos cuentan con dictamen favorable de la comisión para ser debatidos en el pleno, y dos fueron promulgados a finales del 2017 luego de ser revisados por el Poder Ejecutivo. Estos dos últimos proyectos establecen un régimen exclusivo para los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.

Un segundo grupo de proyectos vinculados a la contratación del sector público busca traspasar a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al régimen general de contratación del sector privado (Decreto Legislativo 728).

Existen 7 PL que proponen esta medida, de los cuales 6 recibieron un dictamen favorable por parte de la comisión pese a que los Ministerios de Economía y Justicia y la Autoridad Nacional del Servicio Civil los consideran inviables.

Según estas entidades, la razón es que los trabajadores del sector público, especialmente los CAS, deben incorporarse al régimen laboral Servir debido a que este régimen es exclusivo para el Estado y establece mecanismos meritocráticos para mejorar sus ingresos.

En este sentido, es preciso recordar que de las más de 2 mil entidades públicas solo 373 han comenzado el proceso de incorporación a Servir. Además, el proyecto no contiene un análisis del costo de su implementación, el cual implicaría un gasto anual estimado de más de S/2 mil millones, más que todo el presupuesto del Ministerio Público de este año. Así, el costo de la planilla pública se incrementaría aproximadamente en un 4,5%.

SECTOR PRIVADO

Los PL vinculados a la regulación de regímenes laborales específicos del sector privado. Por un lado, estos regímenes pueden flexibilizar y mejorar las condiciones del régimen laboral general, pero a la vez contribuyen a aumentar la dispersión y complejidad de la legislación vigente puesto que proponen un marco legal particular para cada profesión.

Así, por ejemplo, existen proyectos para establecer particularidades que el empleador debe cumplir en caso de contratar a un vigilante, un guardaparque o un taxista que opere por intermedio de plataformas informáticas.

En este grupo de PL, el sector agropecuario concentra la mayor cantidad de proyectos (5), los cuales buscan ampliar los beneficios laborales modificando la Ley de Promoción del Sector Agrario (LPSA). Estos proyectos cuentan con dictamen favorable por parte de la comisión e implican: un aumento de la remuneración diaria, aumento del aporte mensual al seguro de salud a 6%, entre otros.

Diversas entidades mostraron opiniones desfavorables debido a que estos cambios aumentan los costos laborales con consecuencias negativas sobre la generación de empleo formal en el sector.

La flexibilidad laboral de la LPSA explica, en parte, el crecimiento de 33% del empleo formal en dicho sector entre 2004 y 2017. Además, el salario formal en el mismo periodo aumentó 162%, casi el doble del incremento del salario formal en el Perú (79%).

COSTO-BENEFICIO

Las iniciativas legislativas implican costos y beneficios para el empleador privado, los trabajadores, y el mismo Estado. Por ende, todos los PL deben identificar y cuantificar estos costos y beneficios para determinar el impacto de la ley y la conveniencia de su promulgación.

Sin embargo, 56 de los 79 proyectos tan solo incluyen la frase estandarizada “No genera gasto adicional al Estado” en la sección del análisis respectivo. Los 23 proyectos restantes registran un análisis más extenso; sin embargo, en la mayoría de casos, este continúa siendo insuficiente dado el nivel de impacto de la norma propuesta.