Los últimos resultados de la economía muestran que el Perú se encuentra en una recesión. A esto se suma que la informalidad supera el 78% en el país a la par de que el mercado laboral continúa deteriorándose: mientras el empleo adecuado sigue disminuyendo, el subempleo aumenta.
Jorge Ochoa, representante del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que una de las prioridades ante esta situación debe ser el impulso de las microempresas, pequeña y medianas empresas (Mipymes) por su efecto en los bolsillos de las familias peruanas.
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“En el Perú, la mayoría de las empresas son Mipymes. Pese a estos indicios de recesión, lo que no puede suceder es que la maquinaria productiva deje de funcionar o quiebre. Si quiebran las Mipymes, no hablamos de rebajas de calificaciones crediticias, sino de que las personas no tendrán ingresos para cubrir su alimentación. Se necesitan medidas urgentes para darle movimiento a la economía”, señaló.
Panorama
En Gamarra, son más de 40.000 empresas las que operaban en la formalidad antes del inicio del estado de emergencia por la pandemia, siendo casi en su mayoría microempresas y pequeñas empresas, comentó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú.
En términos de empleo, generaban más de 100.000 puestos directos y alrededor de 200.000 indirectos.
Sin embargo, la pandemia las ha impactado de manera considerable, a tal punto que, a la fecha, solo el 50% de las unidades de negocio ha logrado reiniciar operaciones.
“No pensábamos que iba a ser tan lento. Debido al impacto de la pandemia, muchas empresas han tenido que deshacerse de su maquinaria para sostener lo que les quebaba. Precisamente, el inicio de la cuarentena nos afectó la campaña del invierno, que recién empezaba”, comentó.
Incluso, Saldaña contó que canales que aparecieron para mitigar la crisis, como el comercio electrónico, no tuvieron el impacto esperado en el rubro por factores estructurales.
“Los vendedores tuvimos que aprender a usarlo. Lo usábamos, pero no estábamos listos para hacerlo en gran magnitud. Nuestras micros y medianas empresas nunca tuvieron capacitaciones por parte del Estado al respecto. A esto se suma que nuestros clientes no están dispuestos a absorber los sobrecostos que generan. En algunos casos, vendemos prendas que cuestan menos que el delivery. Igual el comercio electrónico vino para quedarse”, señaló.
Aún así, en el emporio -y otros sectores- las Mipymes encontraron la forma se seguir remando.
“Estamos saliendo con creatividad, valentía, esfuerzo, pero no hay un apoyo del gobierno, considerando el actual y los anteriores”, refirió Ochoa.
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Punto de quiebre
En el plan de gobierno de Perú Libre “Perú al Bicentenario sin corrupción”, la única referencia al impulso de las Mypes es el “fomento de las compras públicas dirigidas” hacia ellas.
Sin embargo, Ochoa menciona que estas han sido “un saludo a la bandera de los diferentes gobiernos”. En su lugar, observó que, en la actualidad, no existen incentivos por parte del gobierno para la inversión privada, por lo que una de las primeras medidas debe ir en línea a brindarlas.
Añadió que esto está vinculado a abordar otro problema que afecta el sector: el tipo de cambio que se encuentra en sus niveles máximos históricos.
“El dólar sube, pero nadie [del gobierno] dice nada. Se percibe cierta incertidumbre que preocupa a micro y pequeños empresarios. Si las cifras de los precios de los metales están en niveles récord, no deberíamos tener este nivel de tipo de cambio, que afecta a los negocios finalmente encareciendo todo”, comentó.
Para Saldaña, otro de los principales obstáculos para su recuperación viene por la falta de acceso al crédito.
“Nunca hemos pedido bonos al Estado. Somos absolutamente conscientes de nuestras responsabilidades y que, en vez de quitarle al Estado, tenemos que darle. Pero particularmente en la pandemia se requiere otras medidas. Pedimos un salvataje”, comentó.
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Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, explicó que la falta de acceso de créditos en este sector responde principalmente a los altos niveles de informalidad y, en esa línea, a la falta de información que se posee para que las entidades financieras realicen los análisis respectivos.
“Al no haber estados financieros, a las entidades se les dificulta ver su capacidad de pago y demás. La legislación también es muy prodeuda y antiacreedores. Los créditos, a única excepción de los hipotecarios donde hay una garantía, son muy difíciles de cobrar”, comentó.
“Una muestra de ello es que, en la actualidad, el sistema de cajas municipales, que atiende mayormente a este sector, está presionado fuertemente porque los préstamos no se están pagando”, añadió.
Para Castellanos, este problema debe empezar a abordarse simplificando y/o abaratando el costo de que una empresa sea formal, considerando cargas laborales y similares. En segundo lugar, debe intensificarse las sanciones a los evasores de impuestos, de modo que se generen efectos persuasivos en la mayoría. Y, como tercer factor, impulsar la migración del uso de dinero físico al digital, lo cual debería nacer como una política pública.
“No habrá una bancarización importante hasta abordar primero la informalidad”, subrayó.
Por último, Ochoa señaló que deben ignorarse iniciativas que resten competitividad y productividad a la economía, como el proyecto de ley que busca generar control de precios.
“No podemos dejar que la economía deje de moverse porque, probablemente, muchas de las personas que viven de este rubro pasen al umbral de la pobreza”, puntualizó.
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