La asociación internacional World Compliance Association anunció la organización del VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción entre el 9 y 10 de septiembre. El objetivo del evento será crear un espacio de información sobre las últimas tendencias, herramientas y actualidad para promover la cultura de la ética, cumplimiento y anticorrupción en las organizaciones y dar posibles soluciones a la situación actual del país y la región.
El Congreso se llevará a cabo tanto de forma presencial y virtual. Además, contará con conferencias magistrales, talleres especializados presenciales y virtuales que brindará herramientas para implementar las mejores prácticas globales en las organizaciones reuniendo a un gran número de profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.
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Este evento se realizará en la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Además, contará con 7 bloques temáticos que abordarán las últimas tendencias del compliance en cuanto a ESG, ciberseguridad, integridad pública, inteligencia artificial, prevención de lavado de activos y nuevos estándares internacionales.
Cabe mencionar que en temas de anticorrupción, la Contraloría de la República reveló que la corrupción y la inconducta funcional ocasionaron pérdidas por S/24.268 millones en el país durante el 2023.
Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con S/ 8.963 millones (incidencia de 17,5%), seguido de Abastecimiento y Recursos Humanos.
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De acuerdo con el informe, en el ranking de regiones, Callao registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional, en donde la pérdida fue equivalente al 17,9% del presupuesto público ejecutado en dicha región en el año pasado.
En segundo lugar, está la región Tumbes seguido de Ucayali, Piura, Ancash, La Libertad.
En adición según los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024 se ha identificado que más de 9 mil servidores públicos con responsabilidades administrativas, civil y/o penal tienen cargo de titular y/o directivo.
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