SBS: “El sector microfinanciero va a tener un período más lento de subida de mora” | ENTREVISTA

Aunque su periodo venció en agosto pasado, Socorro Heysen, superintendenta de Banca y Seguros, confirmó a El Comercio que se quedará al frente de la institución hasta diciembre.

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—En estos 5 años, ¿considera que la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito es uno de los hitos más importantes de su gestión?

Definitivamente sí. [...] La aprobación de la Ley de Cooperativas ha sido algo que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) buscó por más de 18 años. Era necesario lograr una supervisión efectiva de un sector que durante un período de tiempo ha crecido muchísimo, pero sin supervisión efectiva.

—¿Qué peso tienen las cooperativas en el peso total del sistema financiero?

Alrededor del 2%. No parece mucho, pero en número de depositantes es importante, así como en número de cooperativas. Es un reto grande desde el punto de vista de la supervisión, son 428 cooperativas. Por supuesto que son de distintos tamaños y entonces lo que hay que hacer es una supervisión basada en riesgos, orientándose con más intensidad a las más grandes.

La ley, que entró en vigencia a principios del 2019, tiene un proceso de transición. […] Es un proceso largo para lograr que el sector se consolide y se fortalezca en base a la supervisión efectiva, que ha demorado un poco más por la pandemia. En nuestras propias normas hemos extendido y ampliado los plazos de la transición, porque era imposible lograrlo teniendo el shock de la pandemia sobre el sector.

—A raíz de lo sucedido con Aelucoop, ¿en qué se debe mejorar aún?

Es un proceso que está en curso y que va a demorar. Recién estamos empezando la supervisión en la práctica. Hemos hecho en más de 100 visitas de inspección a las distintas cooperativas, pero todavía hay algunas que no están visitadas. Por ejemplo, las cooperativas nos remiten información pero todavía hay muchas que tienen información no confiable y eso también requiere de un trabajo de supervisión.

Es una mezcla de acción correctiva supervisora y educación. Hay muchos casos en los que tienes cooperativas que se han creado, pero que no tienen el personal que puedes encontrar en una entidad bancaria, en una caja municipal o en una caja rural.

—¿Cuándo deberíamos esperar que el sistema de supervisión de cooperativas sea más robusto?

Diría que 3 o 4 años. Por ejemplo, tienes el Fondo de Seguros de Depósitos Cooperativo que entra en vigencia luego de 2 años de comenzar a pagar las primas. Con la pandemia, por ejemplo, se postergó la fecha de inicio del pago de las primas. Recién se van a empezar a pagar en el 2022. Ahí hay dos años más para tener un Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo que esté en capacidad de tener fondos suficientes. No se trata de decir “¿por qué no eliminamos ese período de no cobertura?” Si eliminamos el periodo de no cobertura tienes un Fondo de Seguro de Depósitos que no tiene fondos y que no está en capacidad. Se va a la quiebra con el primer caso que tenga.

—Previamente usted ha indicado que Reactiva funcionó en su momento. El segundo ‘round’ de las reprogramaciones termina más o menos a fin de año, y a julio de este año el porcentaje de créditos reprogramados ascendió a un 14% del total de la cartera del sistema financiero. Aunque la cifra no es mala, ¿debemos esperar un escenario de alta morosidad para los siguientes años?

A raíz de las facilidades regulatorias que hicimos con las reprogramaciones, hemos tenido que recurrir a una serie de indicadores nuevos para medir la verdadera temperatura de la calidad de la cartera y ver cuál es el impacto esperado de la pandemia sobre el riesgo de crédito. Tenemos un indicador al que llamamos “cartera parada”. Son créditos reprogramados que en los últimos 7 meses no han hecho ningún pago. Eso es un indicador de muy alto riesgo [que representa] casi el 2% del total de la cartera –no solo la reprogramada–. [Esa cartera] tiene una altísima probabilidad de convertirse en morosa.

—¿Va a ser un problema que vamos a arrastrar?

Hay entidades que se han adelantado en la constitución de provisiones y capitalización. Si bien todavía no se refleja en mora, la entidad ya absorbió el problema. En términos de estabilidad financiera no hay un riesgo. […] Estas son algunas entidades que ya tuvieron un proceso de subida y bajada de mora. Eso quiere decir que la mora está en caída, que pueden empezar a revertir provisiones y comenzar a tener mayores utilidades.

—¿Esta estabilidad se verá en el 2022?

En el caso de este tipo de entidades, sí, pero el sistema financiero es heterogéneo. Tienes otro sector de entidades como cajas municipales, cajas rurales y Edpymes, que han sido más lentas en absorber el impacto de la pandemia y que están haciendo esfuerzos por seguir absorbiendo y recapitalizando.

El sector microfinanciero va a tener un período más lento de subida de mora que todavía está en proceso. Este es el sector que en estos momentos requiere mayor fortalecimiento patrimonial, por eso es que nosotros, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, trabajamos en desarrollar el Decreto de Urgencia 037.

—El ministro Francke ha mencionado que hay mecanismos por revisar y mejorar relacionados al FAE Turismo y al FAE Agro, ¿considera esto necesario?

Si uno conversa con las entidades y con los propios clientes hay varias cosas que se mencionan como como mejorables. No necesariamente todas ellas son sujeto de modificación por parte del Estado.

Una de las cosas que se dice es que los programas piden que los microempresarios tengan RUC. Muchos no tienen. La decisión en su momento se tomó pensando en que éste era un programa de fondos del Tesoro Público y que debía estar destinado a empresas formales. Si se quiere dar la facilidad a empresas que no lo son, se trata de una decisión de política pública.

—¿Y hay posibilidad de que eso cambie?

Esa es una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene que decidir si es que abre el programa a empresas que no tienen RUC.

Otra de las quejas que hay, sobre todo en el sector turismo, es que el plazo máximo de los créditos es muy corto. El sector turismo, muy golpeado, no va a poder repagar esos créditos en el plazo máximo que está diseñado en el programa. Hay que decidir si le alargamos el plazo y cuánto se alarga. Lo mismo pasa en el sector agrícola, donde mucha gente no solamente quiere crédito para capital de trabajo –para cosecha anual– sino crédito un poco más largo para hacer inversión.

El tercer problema es el monto máximo del crédito. El reclamo es que el monto máximo del crédito es muy bajo.

—¿Cuál es la más proclive a mejorarse rápidamente?

No es una decisión de la SBS, es una decisión que tiene que tomar el MEF, de política pública, porque cualquiera de los cambios implica definitivamente una mayor utilización de fondos.

—¿Usted cree que debería abrirse a empresas informales?

Quizá con un monto menor, con una garantía menor. Creo que se pueden hacer diseños en los cuales el programa no pierda de vista que está preferentemente dirigido a formales, pero que permita el alcance a empresas informales. Quizá con algún compromiso de formalización que probablemente no va a ser muy fácil de monitorear a futuro porque ya diste el crédito, pero por lo menos en el papel [queda]. Sí es deseable buscar la formalización del país.

—El año pasado, la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) del Congreso decidió investigar a los organismos reguladores de servicios públicos. Se incluyó a la SBS, aunque no es una institución reguladora de servicios públicos. ¿Considera que la comisión logró explicar el por qué de la inclusión? ¿Se excedió en sus facultades?

Desde nuestro punto de vista, el objetivo de la comisión era la revisión de temas vinculados a la protección del consumidor y es por eso que colaboramos desde el principio y les entregamos toda la información que teníamos: informes de visita, información estadística y de reclamos. Todo lo vinculado a protección al consumidor. Cuando uno mira el informe final de la comisión, no se ven conclusiones contundentes o claras sobre este tema, por lo menos con respecto a la SBS.

El tema no era aparentemente de gran interés para el informe, porque este menciona algunas cosas en las cuales hay una transcripción de párrafos enteros de nuestros propios informes. Da la sensación de que no era el objetivo o no se cumplió el objetivo.

Por otro lado, hubo muchos pedidos de información vinculados a otros temas, incluyendo algunos que están sujetos a distintos tipos de reserva que nos generaron preocupación y preguntamos por los motivos [de la solicitud].

Había la sensación de que había la intención de obtener todas las bases de datos y todos los archivos que tenía la SBS sobre todos los temas posibles, lo cual es una cosa muy delicada porque la SBS tiene la tutela de una gran cantidad de bases de datos personales y bases de datos sujetas a protección del secreto bancario o incluso reserva por convenios internacionales, por ejemplo, los vinculados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

—¿Se llegó a entregar esta información?

No llegamos a entregar esta información a pesar de la insistencia de la comisión, porque para poder entregarla existen procedimientos. Uno no puede solicitar información que está protegida por secreto bancario y decir: “Entrégame todos los levantamientos de secreto bancario que hubo en los últimos 5 años”. […] Me tendrían que decir la información de quienes necesitan, tener algún tipo de sustento y venir con el acuerdo de la comisión. Los pedidos no venían como acuerdo de comisión, no venían con sustentación y no venían con nombre específico. Simplemente pedían todos los casos de levantamiento del secreto bancario.

—¿Hay más pedidos de información?

El plazo de la comisión terminó. Emitió su informe, que fue aprobado por el Pleno del Congreso anterior, y está colgado en la página web del Congreso. […] No tenemos información de cuál es el plan de trabajo de Codeco.

—¿No hubo ninguna consecuencia directa de esa investigación con respecto a lo que la SBS supervisa?

No, no hubo. Hubo una gran cantidad de información [solicitada] vinculada al proceso de mi nombramiento como superintendente, lo cual también daba la sensación de que estaba fuera del alcance de la comisión.

—¿Tiene esto que ver con el caso de puerta giratoria del cual se habla cada cierto tiempo?

El informe busca mostrar que no debería haber personas que habiendo trabajado en el sector privado pasen a trabajar al sector público. Lo que existe en las leyes peruanas es un periodo de ‘cooling off’ después [de ser funcionario público]. No hay [ninguna prohibición en cuanto al] período previo.

Los cargos públicos muy especializados requieren de gente especializada y capacitada para desempeñarlos. Estas personas tienen que tener experiencia y conocimiento suficiente del tema que se les va a encargar. Una de las maneras de conseguir esta experiencia es en el sector privado, pero también en el sector público, la academia y otros espacios igualmente válidos. Pero, en temas que son complejos, si uno no lo ha visto de cerca en el sector privado es muy difícil que pueda desempeñar el cargo [público].

Lo relevante para mí es que las personas a las que se designe tienen que tener niveles muy elevados de integridad, de idoneidad y muchísima capacidad para manejar decisiones difíciles y complejas sin utilizar el cargo para beneficio propio, de sus allegados, familiares o amigos. Y esto no es un tema de puerta giratoria, [lo] excede mucho más. Hay mucha gente que utiliza el cargo para beneficio propio o de terceros y que no ha pasado por ninguna puerta giratoria. Aquí para mí el tema fundamental es la integridad del funcionario público y de la buena selección del mismo.

—¿El hincapié que hizo la comisión con respecto a su designación fue innecesario?

No llegó a ningún lado.

—El Ejecutivo ha anunciado una comisión, que ya sería la tercera, para proponer mejoras en el sistema previsional, ¿lo mejor es tener un sistema mixto?

Es necesario hacer una reforma del sistema previsional, tanto público como privado. Hacer una reforma integral en la cual la parte pública y la parte privada conversen y se logre tener un sistema previsional con mayor alcance que genere mayores pensiones, que recupere el fin único del sistema de pensiones, que es lograr una pensión adecuada para las personas.

Hay una gran cantidad de informes que ya están hechos y de comisiones previas que han hecho propuestas y que están a disposición del Ejecutivo y del Congreso para poder tomar decisiones. La pregunta es, ¿se van a encontrar los espacios políticos adecuados para llevar a cabo una reforma del tipo que el país necesita?

Lo que se ha hecho por lo menos en los últimos 7 años es ir en contra de lo que debería ser un sistema de pensiones. Todas las leyes y reformas aprobadas en los últimos 7 años sobre el sistema de pensiones han destruido su naturaleza.

—Otro tema pendiente es la interconexión financiera. Masificación del Internet y acceso a servicios bancarios. ¿Cuál sería la ruta para masificar la interconexión financiera?

Hay cierto crecimiento de la interconexión y de la interoperatibilidad que ha sido acelerado por la pandemia. Esto está ocurriendo, principalmente, or decisión de los actores privados sin un rol del Estado o con un rol mínimo del Estado. En algunos países hay formas mixtas de trabajar este tema. También hay formas totalmente verticales en las cuales se aplica una ley y se obliga a ser totalmente interoperable.

Quizá en el Perú podríamos utilizar algún tipo de sistema mixto en el que existan algunos incentivos y reglas que lo encausen. Lo que se está haciendo ahora por iniciativa privada son acuerdos entre grupos de entidades financieras. Por lo menos hay 2 grupos –hasta 3–, que sería deseable que fueran más interoperables.

Cómo hacerlo es una decisión de política pública que podría manejarse dentro del Comité de Inclusión Financiera, en el que muchas de las instituciones públicas que tienen que ver con el tema estamos. No hay varita mágica. Una decisión de hacerlo verticalmente puede generar muchos costos y puede retrasar el proceso. Hay que hacer como cualquier política pública compleja, uno tiene que tomar en cuenta los incentivos que generan. A veces, la solución que parece fácil es la más costosa expost.

—Parece que son muchos los retos que tendrá su sucesor. ¿Se queda hasta diciembre?

Sí.

—¿Consideraría un nuevo periodo si se lo propusieran nuevamente?

Yo creo que mi ciclo ha terminado.

—Se ha hablado esta semana sobre la potencial salida de julio Velarde.

Egoístamente, sería una gran cosa que se quedara Julio. Realmente es un excelente presidente del Banco Central.

—Para finalizar, si pudiera usted elegir 3 aristas importantes a manera de sugerencia para su sucesor, ¿cuáles serían?

Hay cosas que son urgentes y de corto plazo. Por ejemplo, hay que continuar la supervisión del procesamiento del impacto de la pandemia sobre los sistemas supervisados: banca, seguros, cooperativas. Luego de que esto se procese y que se fortalezcan los sistemas, hay que ir retirando algunas de las facilidades regulatorias que se han dado durante este periodo y restableciendo los indicadores originales que se tenían.

—¿En el 2023 o hablamos del próximo año?

En algunos casos, incluso, el próximo año.

También está el tema de la reforma de pensiones. Si hay voluntad política para trabajarlo bien, es un tema en el que la SBS siempre puede aportar mucho.

Desde el punto de vista de la institución, la SBS tiene un plan estratégico a 5 años que tiene 6 objetivos. Entre las cosas que creo que daría muchísimo valor al ente supervisor es continuar con todas las reformas que hemos venido haciendo sobre el tema de gestión de capital humano. Hemos aprobado mallas curriculares y definido para cada puesto las competencias que se requieren. Lo que ahora es necesario es hacer la implementación de esto en la línea de carrera de los profesionales.

Lo mismo pasa con la transformación digital de la SBS. Estamos embarcados en mejorar procesos, simplificarlos y mecanizarlos con un ‘software’ nuevo y de alta tecnología que nos va a permitir ser mucho más eficientes en la manera en que nos comunicamos con los supervisados, en la manera que se entrega y recibe la información, así como en la manera en que se procesa toda la data internamente.

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