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(El Comercio)
Tanto alrededor de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo hay sombras y pasivos. Y el campo de la lucha contra la corrupción abre dudas respecto a las garantías que puedan dar en un eventual gobierno.
Por un lado, Keiko Fujimori carga con una acusación ya formalizada por el equipo especial Lava Jato relacionada a la investigación preparatoria que se le siguió por los aportes ilícitos a su partido Fuerza Popular. A la candidata se le imputan los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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La fiscalía ha solicitado para ella 30 años y 10 meses de cárcel. Presentada la acusación a inicios de marzo, el Poder Judicial debe revisarla y convocar a una audiencia para el inicio de la etapa intermedia del proceso o control de acusación, una fase previa al juicio oral.
Además, la candidata tiene detrás a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, a quien anunció que indultará. Este cumple una condena de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero también ha tenido otras sentencias. Una de ellas en el 2009 por delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios en el caso de los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas. Ese año también fue condenado por peculado doloso y falsedad ideológica por el caso de la CTS a Vladimiro Montesinos.
Por otro lado, el hombre fuerte detrás de la campaña presidencial de Pedro Castillo es Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. Siete meses después de asumir fue suspendido por el Consejo Regional debido a una sentencia judicial. En estas elecciones generales 2021 tentó postular a la segunda vicepresidencia por Perú Libre, pero su candidatura fue declarada improcedente.
En abril de este año, Castillo había afirmado que Cerrón había sido condenado “por la corrupción” y esto se traba de una “persecusión política”. Sin embargo, el suspendido gobernador fue sentenciado por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal, el 5 de agosto del 2019, junto a otros implicados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
¿Dan garantías?
Para Yvana Novoa, especialista en Derecho Público y prevención de la corrupción, “ambos partidos tienen grandes deficiencias y pasivos”. Sostiene que mientras Castillo realiza propuestas muy alarmantes y no deslinda claramente del líder de su partido Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, el fujimorismo viene de un historial que implica un autogolpe y actos de corrupción y desbalance de poder.
“Tal vez en el aspecto del modelo económico puedan ser opuestos, pero de cara a la protección de derechos humanos, derechos fundamentales y prevención de la corrupción, creo que ambos candidatos son muy similares. Y las preocupaciones que ambos nos deberían de suscitar son las mismas”, considera en diálogo con El Comercio.
En opinión de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, tanto Castillo, como Fujimori, implican una desconfianza. “En términos de política anticorrupción, de medidas concretas, ambos pueden llevar adelante algunas de las cosas que están en sus planes o impulsarlas. El asunto es qué va a pasar con casos emblemáticos”, señala.
En cuanto a Keiko Fujimori, Novoa cree que la garantía de una lucha anticorrupción en un eventual gobierno de Fuerza Popular queda en entredicho porque la misma candidata está involucrada en un proceso judicial por lavado de activos vinculado al Caso Odebrecht, que se enmarca en hechos de corrupción.
“En el último debate, reivindica la imagen de su padre y el gobierno de su padre, que es un gobierno que lo ha llevado a estar en la cárcel y haber sido considerado en el top 10 de los presidentes más corruptos a nivel mundial hace unos años. Reivindicar a un presidente preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad es un indicio altamente grave”, agrega en referencia a un informe de Transparencia Internacional del año 2004, que da cuenta de la magnitud de hechos de corrupción a nivel mundial de los últimos 20 años.
Rotta recuerda que Keiko Fujimori no es la única acusada por los aportes a Fuerza Popular, por lo que, si bien de llegar al gobierno el proceso se detendría en el caso de ella, continuaría para otros coimputados y podría generar una fuerte desestabilización política.
“El fujimorismo que se ha ido reciclando de los noventa se suma al desempeño que ha tenido estos cuatro años como líder de oposición. Se ha caracterizado por tres cosas: blindajes a personajes investigados por corrupción y otros crímenes; intentos de sabotaje de investigaciones que la afectaban a ella y su entorno cercano; y el impulso de normas que buscaban más bien sabotear procesos de reforma en otros ámbitos que estaban en curso. Hay un pasado muy reciente que permite desconfiar claramente de cualquier compromiso que haga”, también advierte.
Respecto a Pedro Castillo, Rotta cuestiona los “intentos muy poco claros” de justificar la sentencia por corrupción contra Cerrón ratificada en segunda instancia, como el hecho de decir que fue condenado “por la corrupción” o que el caso responde a una persecución política.
“Hacen pensar en las posibilidades de qué va a pasar con llevar adelante procesos de reforma anticorrupción serios. Por otro lado, ellos entienden que la corrupción se explica por el modelo neoliberal, lo cual es, a la luz de toda la evidencia, absurdo. Sabemos que corrupción hay en la derecha e izquierda, no depende de lo que podemos llamar el modelo”, indica.
Agrega que las posturas del candidato de Perú Libre sobre poderes del Estado y organismos autónomos, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, dejan un “sinsabor de intento de influenciar o de llegar a capturar entidades autónomas, es un riesgo que hay que tener en consideración también”.
En la misma línea, Novoa subraya: “Castillo propuso desactivar, por ejemplo, la defensoría del pueblo. Y la defensoría es un órgano autónomo, dentro de sus líneas de trabajo está la transparencia y la prevención de la corrupción también”.
Si bien semanas después de ese planteamiento y ante el cuestionamiento desde distintos sectores, el postulante aseveró que iba a fortalecer la institución, Novoa resalta que “Castillo verbaliza o pone en papel propuestas que son altamente escandalosas”. Asimismo, consideró que es preocupante que niegue que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha sido condenado por corrupción.
En este contexto ¿qué plantean Perú Libre y Fuerza Popular en el campo de la lucha anticorrupción?
¿Propuestas viables? ¿inviables?
Las propuestas de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori bajo análisis:
| Pedro Castillo | Análisis sobre propuestas de Pedro Castillo |
|---|---|
| Descentralización económica, fiscal y tributaria como “alternativa para disminuir la corrupción gubernamental central”. | Yván Montoya: Propuesta incompleta y peligrosa si no se acompaña con medidas de control propias de las regiones y el fortalecimiento de la contraloría y las procuradurías. Antonio Maldonado: Poco viable como medio para luchar contra la corrupción en el gobierno central por carecer de idoneidad y eficacia. La corrupción fuera del gobierno central es elevadísima. Samuel Rotta: Viable, pero insuficiente. En principio sí es importante, el problema es que hasta donde recuerdo lo que plantean ellos, lo proponen como una alternativa a la gran corrupción. Ahí hay un problema en no reconocer que los Gobiernos Regionales y municipios también tienen serios problemas de corrupción. |
| Prohibir el financiamiento de campañas, salvo por militantes de los partidos. | Yván Montoya: Es poco viable y puede tener algunos riesgos. Los partidos no podrían financiarse solo con aportes de militantes, podría generarse desigualdad entre organizaciones. Antonio Maldonado: Poco viable. Los financiamientos deben ser regulados por ley. La fórmula propuesta no está exenta de infiltración del crimen organizado dentro del partido. Samuel Rotta: Poco viable e irreal. No estoy de acuerdo con las propuestas de impedir, limitar los aportes de campaña porque siempre habrá forma de sacarle la vuelta a ese tipo de disposiciones. Pueden hacerlo, pero cómo lo van a controlar. |
| Publicar virtualmente todos los contratos para conocimiento y vigilancia pública | Yván Montoya: Viable en el sentido de perfeccionar e impulsar lo que actualmente se hace en los portales de transparencia, con una mejor actualización e información en línea. Antonio Maldonado: Viable y necesario. Ya lo propuso la Comisión de Integridad. Los contratos que celebra el Estado deben ser transparentes y responder al interés público. Samuel Rotta: Importante. Hay limitaciones que probablemente se vayan a imponer. Un ejemplo son los contratos internacionales. |
| Crear una contraloría especial para empresas privadas | Yván Montoya: Inviable bajo el marco normativo actual. Sería interesante, pero habría que estar atento al mecanismo para que se haga respetando la libertad de empresa, con órganos serios. Antonio Maldonado: Inviable. Hay que reformar el ordenamiento jurídico penal para tipificar y sancionar los delitos cometidos por personas jurídicas, incluyendo las empresas, tales como delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de activos. Samuel Rotta: Innecesario porque las empresas privadas, cuando se involucran con fondos públicos, están sujetas a regulaciones que ya existen. Lo estamos viendo con el caso Lava Jato. Ya contamos con un delito de corrupción entre privados. |
| Revisar los contratos ley, sobre todo los que privilegian a concesionarias transnacionales. | Yván Montoya: No tiene pertinencia con relación a la lucha contra la corrupción. Hay que tener cuidado con medidas unilaterales, porque nos podemos someter a arbitrajes internacionales y terminar endeudados. Antonio Maldonado: Viable y necesario, pero antes debe reformarse el artículo 62 de la Constitución, que señala que mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. Y que no pueden ser modificados legislativamente. Samuel Rotta: Es importante poder identificar si es que hubo abuso de algunas empresas cuando se lograron contratos, o si se han hecho bajo un esquema de desequilibrio adrede. Pero aquí habría limitaciones. La posibilidad de llevar al país a esquemas de arbitrajes internacionales. Va a ser difícil de implementar. |
| Keiko Fujimori | Análisis sobre propuestas de Keiko Fujimori |
|---|---|
| Fortalecer el Sistema Nacional de Control, restituir el rol sancionador de la Contraloría | Yván Montoya: Es viable, pero no depende del Ejecutivo, sino del Congreso. Hay iniciativas que hasta ahora no se han aprobado. Si se necesita restituir, tiene que haber un proyecto de ley. Antonio Maldonado: Poco viable por ser una propuesta general y ambigua. Lo prioritario es fortalecer la función preventiva de la Contraloría, para evitar la corrupción. Samuel Rotta: Fortalecer es importante, pero no es claro lo que quieren fortalecer. La Contraloría ha tenido muchos problemas para llevar adelante su misión y una aproximación muy micro-controlista de la gestión pública. Lo que habría que impulsar es la reforma del sistema nacional de control. |
| Sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas, y declaraciones juradas de intereses bajo rectoría de la Contraloría. | Yván Montoya: Es viable, pero parcialmente eficaz si no termina dándosele a la contraloría mayor potestad de fiscalización, incluyendo al Congreso. Si hay declaración falsa, se le puede imputar algún delito. Antonio Maldonado: Viable, aunque la supervisión debe estar cargo de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales (propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad). Samuel Rotta: Es una medida importante para prevenir conflictos de interés y detectar enriquecimiento ilícito. La Contraloría ya tienen la rectoría. Apostaría por transparentar las declaraciones patrimoniales e interés, más que darle a una entidad la posibilidad de controlarlo. |
| Publicar en portales de transparencia los productos de las diversas consultorías para el Estado. | Yván Montoya: Sería interesante la publicación del producto de la consultoría. Podría ser viable exigirlo. En estos momentos, está en manos del Ejecutivo. Antonio Maldonado: No es viable enfocar la transparencia solo a las consultorías. Si se quiere evitar la “puerta giratoria”, el “amiguismo” hay que fortalecer las carreras y el servicio público. Samuel Rotta: No es muy útil. Todo documento que produce el Estado es público, ahí no dice nada nuevo. Sabiendo cuántas consultorías se producen en el Perú, que se publiquen en un portal va a marear al usuario. Apostaría por mejorar los canales de transparencia con que cuenta el país, hacerla más ágil y amigable para el control ciudadano. |
| Oficina de asuntos internos en la PNP, con capacidad investigadora y sancionadora. | Yván Montoya: Es inviable e ineficaz como una oficina interna administrada por la propia policía. Sería una oficina simbólica que estaría cercada por ese espíritu de cuerpo. Antonio Maldonado: Inviable. La historia institucional de la PNP demuestra que no tienen voluntad institucional para investigarse a sí mismos. Esta medida solo fortalecería la impunidad en la PNP. Samuel Rotta: Es una buena medida, habría que enmarcarla en el proceso de reforma de la PNP, Pero este asunto de la sanción es un poco complicado que dependa de la misma entidad que va a hacer la investigación. |
| Digitalizar el sistema de justicia, eje transversal. | Yván Montoya: No le compete al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial tiene un programa piloto de digitalización. Puede impulsarse desde el Ministerio de Justicia y apoyarse. Antonio Maldonado: Viable, pero insuficiente. Existe ya la iniciativa en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Samuel Rotta: Está bien, sería bueno entender mejor a qué se refieren porque, ¿es todo el proceso? O es más bien el acceso a documentos de sentencias, que sería puntual, pero útil. No termina de quedar claro a qué se refieren. Tendrían que darle más contenido para entender mejor de qué trata y cómo lo harían. |
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