Controversia en Surco: un edificio de 18 pisos desafía los límites de construcción del distrito

Ante ello, este martes 19 de agosto realizaron un plantón en la nueva sede de la Municipalidad de Surco, ubicada a la altura del cruce de las avenidas Tomás Marsano y Caminos del Inca, con el objetivo de exigir la anulación de la licencia de construcción. El Comercio conversó en exclusiva con los vecinos, quienes expresaron sus reclamos al municipio y al alcalde Carlos Bruce.

La controversia se centra en que la zonificación del área solo permite un máximo de ocho pisos por el lado de la Av. Intihuatana y cinco por el lado del Jr. Marginal de la Selva, por lo que una edificación de 18 pisos sería ilegal.

Los residentes han documentado una serie de hechos que, sostienen, evidencian irregularidades en la aprobación del proyecto. “Es importante destacar que el alcalde Bruce, en su momento, paralizó esta obra por el tema de las alturas. Sin embargo, dos años después, una comisión de la misma municipalidad, bajo su liderazgo, aprobó el proyecto, lo que refleja una preocupante contradicción en la gestión edil”, indicaron en un comunicado compartido a este Diario.

“El proyecto, bajo el expediente Nº 113603-2024, parece haber utilizado la modalidad de Vivienda de Interés Social (VIS) para eludir las regulaciones municipales. Además, la aprobación se sustenta en un Informe Técnico de Factibilidad (ITF), un documento que suele emplearse para evadir ordenanzas locales. Todo este proceso se ha llevado a cabo a espaldas de los vecinos. Desde julio, la comunidad solicitó información a través de la Ley de Transparencia, pero esta fue entregada con una considerable demora, lo que evidencia falta de voluntad de las autoridades para actuar con transparencia”, añadieron.

Los vecinos sostienen que la aprobación del proyecto vulnera sus derechos fundamentales a la tranquilidad, la salud pública y a un entorno urbano planificado. Asimismo, advierten que la construcción no solo colapsará los servicios básicos (agua, desagüe, luz), sino que también agudizará el caos vehicular.

Amelia Ruth Guitton Mardini, residente en la zona desde hace 13 años, afirmó que esta situación la perjudica enormemente. “Buscaba vivir en un edificio que no tuviera más de cinco pisos. Estaba tranquila hasta que me percaté de esta construcción, que se ha vuelto un gran dolor de cabeza. Ahora las tuberías funcionan mal y no me llega el agua. Es terrible. Pedimos respeto. Hemos reclamado en varias ocasiones y no dan la cara. Estamos cansados”, señaló.

Por su parte, América Sánchez, quien vivió fuera del país por 30 años y recientemente regresó al Perú, comentó que “quise vivir en Surco porque siempre me pareció un lugar muy tranquilo. Por eso compré un departamento en el Jr. Marginal de la Selva. Me mudé recién en noviembre del año pasado y ahora me encuentro con esta construcción que no es legal. Le pido al alcalde que respete los parámetros para que podamos vivir en paz”.

Luis Fernández, vecino desde hace 12 años, también se pronunció, explicando que “los parámetros en esta zona son para cinco pisos. De ninguna manera se pueden permitir 18. Pedimos a las autoridades que revisen los informes que justificaron la licencia, cuando la norma dice lo contrario. Es contradictorio. Exigimos transparencia. Si se cometió un error, que paralicen la obra. No estamos en contra de que se construyan edificios, lo que rechazamos es que se hagan con alturas que no corresponden”.

Marcos Vicente, residente en la Av. Intihuatana desde hace 8 años, aseguró: “Compré mi departamento aquí porque siempre se respetó la residencialidad. Hoy en día estamos muy afectados. Vivir en la zona se ha vuelto un martirio. La municipalidad debe tomar cartas en el asunto. Los vecinos estamos indignados”.

Iveth Pérez León, vecina desde hace más de 20 años en el Jr. Marginal de la Selva, manifestó: “Me mudé aquí buscando tranquilidad. No hay comunicación con quienes estamos protestando. Me siento mortificada. Le pido al señor Bruce que actúe. Muchos votamos por él confiando en que respetaría los parámetros, y ahora no entendemos por qué sucede esto”.

Jorge Baldeón, quien vive al costado de la edificación, declaró: “He vivido 15 años en Surco y, al estar al lado de esta obra, me afecta mucho. Estamos decepcionados con el alcalde porque le dimos nuestro voto con la promesa de que respetaría los parámetros de la zona. Un edificio de 18 pisos generará congestión vehicular y problemas en los servicios básicos como desagüe, agua y electricidad. Incluso ya estamos teniendo cortes de energía por la construcción. Exigimos que se cumpla la ley”.

Finalmente, Enrique Vilca, vecino desde hace 19 años, señaló que el tránsito en la Av. Intihuatana se ha vuelto insostenible a raíz de esta situación. “Hay continuos atropellos y no hay forma de salir. Este edificio de 18 pisos solo incrementará la congestión. Pedimos que nos escuchen”, concluyó.

El Comercio se contactó con la Municipalidad de Surco para obtener sus descargos. La entidad informó que “un grupo de vecinos se acercó a la Municipalidad para expresar su disconformidad con el proyecto ‘Ascend’, un edificio de 18 pisos ubicado en la Av. Intihuatana con Jr. Marginal de la Selva. Ellos fueron atendidos por funcionarios de nuestra Gerencia de Participación Vecinal, así como por el despacho de alcaldía”.

“La decisión fue presentar un pedido de nulidad ante la Municipalidad de Lima, con el fin de que se revise la licencia otorgada por la comisión distrital para la ejecución del proyecto; además, se concertará una reunión con la constructora para que se escuchen las quejas de nuestros vecinos. Tenemos el compromiso de mantener un diálogo constante con ellos”, comunicó la entidad.

La vecina representante que participó en dicha reunión, Rosario Rivas, señaló a este Diario que estuvieron presentes representantes de las gerencias de Participación Vecinal, Desarrollo Urbano y Licencias y Habilitaciones. “Los vecinos no estamos satisfechos. La licencia la otorgó una comisión de la municipalidad y la inmobiliaria insiste en sostenerse en una ley que ya fue derogada. No ha habido mayor respuesta ni voluntad de ayudarnos”, afirmó.

El Diario también se contactó con la inmobiliaria Urbalima, encargada del proyecto en cuestión; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Análisis

En entrevista con El Comercio, el arquitecto urbanista Carlos Morales Dávila, miembro de la Sociedad de Urbanistas del Perú, explicó que la aparición de un edificio de gran altura en un sector donde, según la zonificación, no está permitido, rompe con los parámetros de la planificación urbana. “Esto genera congestión vehicular, mayor demanda de estacionamientos en la vía pública y otros impactos más evidentes. Además, provoca un desbalance en la densidad poblacional originalmente prevista para la zona. Por ejemplo, ahora habrá una mayor necesidad de parques, colegios, centros de salud, entre otros servicios”, indicó.

Añadió que la construcción de proyectos de gran escala no es un hecho fortuito. “Antes existían reglamentos que permitían levantar edificios destinados a vivienda de interés social, lo que autorizaba edificaciones de mayor altura. Sin embargo, hoy ese reglamento está derogado porque generó conflictos sociales en diversos distritos y distorsiones en la planificación urbana. El Tribunal Constitucional precisó al Ministerio de Vivienda que no puede regular competencias que corresponden a los gobiernos distritales”, sostuvo.

Morales advirtió además que, en muchos casos, este tipo de proyectos no son aprobados por técnicos municipales, sino por revisores urbanos del Ministerio de Vivienda, lo que simplifica la revisión de licencias. “Eso ha ocurrido en múltiples distritos de la capital. Por ello, es importante fortalecer la institucionalidad municipal en la gestión de licencias de proyectos inmobiliarios. Las municipalidades deben garantizar transparencia respecto a los parámetros aplicables a cada predio. Los funcionarios no deben consignar normas sin coordinación con los gobiernos locales. Hay que dar legitimidad a las decisiones urbanísticas que se toman en un distrito”, agregó.

El urbanista e investigador Anderson García señaló a El Comercio que la capital está pasando de una densidad media a una alta. “Cuando esto ocurre de forma descoordinada, podemos encontrarnos con calles desproporcionadas y menos amables para el peatón. También observamos servicios sobrecargados en determinadas zonas. Cabe resaltar que la vivienda de interés social está destinada a sectores de bajos ingresos con el objetivo de reducir las brechas de déficit habitacional. Sin embargo, Surco es un distrito con un nivel socioeconómico distinto a esa realidad”, explicó.

“Estamos cayendo en el riesgo de tener normas superpuestas, donde cualquiera puede contar con recursos legales suficientes para sustentar su posición. La zonificación es competencia de la municipalidad, pero el Gobierno central a veces interfiere en esas funciones, lo que genera conflictos. El Ministerio de Vivienda y los gobiernos distritales deben sentarse a discutir estos temas para darles una solución”, concluyó.