Estudiar, pero no poder continuar: la brecha económica que amenaza a 881 mil alumnos de educación superior cada año

El análisis realizado durante los últimos dos años por Karina Morales y Andrea Salas, gerente general y gerente de proyectos de CAPPES respectivamente, grafica al detalle los principales puntos débiles en la senda desde el final de la secundaria hasta la inserción en el mercado laboral.

En el estudio se destaca, por ejemplo, que solo el 37,8% de egresados del colegio acceden directamente a estudios superiores. Una cifra lejana a 45,9% que registra Colombia y el 50,5% de Chile. Para alcanzar los niveles del vecino sureño haría falta 36,2 mil ingresos extra cada año. “En los sectores más vulnerables del país la estadística cae hasta 2 de cada 10. Nuestras tasas de acceso a la educación superior son de las más bajas en la región”, detalla Morales a El Comercio.

Según el informe, estudiar en una universidad privada cuesta en promedio S/19.942 al año; mientras que hacerlo en una pública ronda los S/7.699 anuales. Pese a ello, entre el 2019 y el 2025 las universidades estatales abrieron apenas 13,9 mil nuevas plazas mientras que las privadas absorbieron a 183,4 mil nuevos estudiantes.

Al mismo tiempo, se registró la expansión de universidades privadas de bajo costo, con cuotas menores a 200 dólares mensuales, que en la actualidad concentran al 46,7% del total de universitarios. Estas, sin embargo, en muchos casos sacrifican la calidad de la formación y ofrecen una preparación insuficiente para el mercado laboral.

Pero los problemas no se limitan al ingreso, sino que el 33% de estudiantes en universidades y el 55,8% en institutos vive en condición de pobreza o vulnerabilidad económica. “En el Perú siempre hablamos de becas, pero el problema de fondo es que necesitamos un sistema diversificado con opciones para los distintos perfiles”, apunta Morales.

Actualmente, la deserción acumulada en universidades privadas (20,2%) supera a las públicas (16,4%), mientras que en institutos privados la cifra se dispara hasta un alarmante 40,1%. El estudio demuestra, además, que el abandono de estudios se presenta especialmente en mayores de 24 años (41,9% en universidades y 66,8% en institutos y escuelas), un segmento que suele asumir cargas familiares o trabajo no calificado.

Actualmente, las becas estatales atienden al 2,4% de estudiantes de educación superior, mientras que el programa estatal de créditos de Pronabec contaba con solo 780 beneficiarios activos al cierre del 2025;es decir, el 0,02% de la matrícula nacional.

En su informe, CAPPES cita al estudio de investigación aplicada Habla Latam donde los universitarios limeños confiesan no acudir ante su institución educativa en busca de soporte debido a que definen su vínculo como transaccional; es decir, más cercano a un negocio.

Ante este escenario, las coautoras proponen la creación, mediante un proyecto de ley, del Consejo de Créditos Educativos, un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía. “Para ello no hace falta reemplazar a Pronabec, deben operar en paralelo. El Consejo se encarga de diseñar y aplicar las reglas sobre las tasas y fondos que se creen”, dice Morales.

Salas, por su parte, destaca que las experiencias de otros países permiten esbozar un modelo que tome en cuenta factores complejos como la economía informal o el aprovechamiento de instituciones privadas para encarecer sus precios.

“Un aspecto importante que garantiza la sostenibilidad de este tipo de instrumentos es que se pueda repagar. La experiencia de Colombia y Brasil nos enseña que se requiere un esquema de pago consciente de la progresión salarial, a eso llamamos cuotas escalonadas y no genera tanta presión al estudiantes desde un inicio con cuotas súper altas”, asegura.

“Otra regulación que planteamos es que se deben establecer máximos de pensiones que van a poder cubrir el Estado. No es decirle a las instituciones que no podrá cobrar más, pero sí habrá un tope de pensión que cubrirían los créditos”, agrega la coautora.

“Y un tercer aprendizaje muy importante ha sido la suspensión de cobros, en periodos donde el mercado laboral registra mayores tasas de desempleo se puede exonerar los pagos por solicitud y evitar la acumulación de deuda. El objetivo no es generar una espiral de deuda al estudiante”, aclara.

Cabe resaltar que actualmente el 27,5% de egresados de educación superior en el Perú trabajan en la informalidad. Esto estaría profundamente relacionado con la morosidad del 31,37% que registran programas como Crédito 18.

Frente a ello, el informe también contempla desarrollar dentro de su modelo a largo plazo un plan piloto de Crédito Contingente al Ingreso, en el que la Sunat se encargue de recaudar el crédito mediante descuentos automáticos y proporcionales al sueldo real del egresado.

Fuente: Estudio “Invertir en el talento” / CAPPES

Según Salas, esta responsabilidad compartida entre el estudiante, el Estado y las instituciones educativas “mejorará los mecanismos de acompañamiento para la empleabilidad de las personas. Todo este mercado de créditos, además, mueve a transparentar mayor información para que las personas sepan las proyecciones de las carreras y si le van a permitir repagar su crédito o no”.

Tras la presentación del informe, en un evento realizado por CAPPES en el Auditorio NOS PUCP de San Isidro esta mañana, las coautoras buscarán presentarlo ante la nueva Comisión de Educación del Congreso. “Pero también con más universidades para que puedan lanzar sus propios créditos y generar un ecosistema. En el estudio también advertimos que este modelo por sí solo también sería insuficiente, por lo que se necesita que más actores se sumen, que las universidades e institutos tengan sus propios créditos educativos”, resalta Morales.