Gremios de motociclistas de Lima y Callao han anunciado una movilización pacífica para este jueves 24 de abril a las 7:00 p. m., en rechazo a las recientes medidas del Gobierno que restringen el uso de motocicletas en zonas con estado de emergencia y obligan al registro de repartidores de delivery.
Gremios de motociclistas de Lima y Callao han anunciado una movilización pacífica para este jueves 24 de abril a las 7:00 p. m., en rechazo a las recientes medidas del Gobierno que restringen el uso de motocicletas en zonas con estado de emergencia y obligan al registro de repartidores de delivery.
El punto de encuentro será el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, según informó Pedro Higinio, representante del colectivo Motomaniacs, en declaraciones a RPP. La convocatoria agrupará a diversos gremios moteros con el objetivo de visibilizar el impacto negativo de estas disposiciones.
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“Tenemos que cuidar nuestra imagen como ciudadanos, como motociclistas y obviamente hacer las cosas bien en este país”, señaló Higinio, quien hizo un llamado a los participantes a mantener el orden y garantizar el carácter pacífico de la protesta.
Higinio criticó duramente la prohibición del tránsito de dos personas en moto entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., calificándola como una norma “sin pies ni cabeza”, que ignora las necesidades reales de miles de ciudadanos que usan este medio para movilizarse desde y hacia sus trabajos o estudios.
“No todos tenemos un carro o no todos tenemos otros medios de transporte específicamente. Entonces, esta motocicleta nos sirve para llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, llevar a nuestras esposas, etc. De alguna u otra manera, es una herramienta de seguridad también para nosotros”, explicó.
Además, adelantó que de continuar las restricciones “irracionales”, podrían extenderse movilizaciones a otras regiones del país.
Por su parte, Diego Sarazu, vocero de Moteando Perú, cuestionó el enfoque de las autoridades al relacionar el uso de motocicletas con la delincuencia. Asimismo, pidió que se fortalezcan las labores de fiscalización por parte de la Policía Nacional y que la Fiscalía actúe con firmeza ante los casos delictivos, sin aplicar medidas generalizadas que perjudiquen a los ciudadanos que cumplen la ley.
Sarazu también criticó la escasa participación de los gremios en la elaboración de las nuevas normativas, y lamentó que no se hayan considerado estudios técnicos ni experiencias internacionales.
Finalmente, cuestionó otras medidas propuestas, como la obligatoriedad del uso de casco abierto sin cobertura facial o la implementación de placas en cascos y chalecos, señalando que estas no funcionaron en países como Colombia y Ecuador, donde fueron finalmente retiradas.
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