Separan a 1097 docentes y administrativos con condenas o procesos por violación, terrorismo y homicidio

Un total de 944 docentes y 153 administrativos que tienen condenas o procesos en el Poder Judicial por violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio y parricidio, entre otros delitos graves, fueron separados por el Ministerio de Educación (Minedu).

Los expulsados trabajaban en 961 colegios públicos y 136 instituciones educativas privadas. Ello, en el periodo del 1 de abril de 2024 hasta el 17 de julio de 2025.

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Un total de 169 docentes y administrativos con condenas han sido separados definitivamente, en tanto que 928 docentes y administrativos que están siendo procesados han sido separados preventivamente.

De estas personas, 931 (807 docentes y 124 administrativos) tienen condenas o procesos por violación a la libertad sexual; 82 (69 docentes y 13 administrativos), por terrorismo y apología del terrorismo; 22 (18 docentes y 4 administrativos), por tráfico ilícito de drogas, y 20 (14 docentes y 6 administrativos), por homicidio doloso.

Asimismo, 12 docentes cuentan con condenas o procesos por hacer proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos; 2 docentes están siendo procesados por feminicidio y un trabajador administrativo ha sido separado definitivamente por tener sentencia condenatoria por parricidio.

La separación de estas personas de las instituciones educativas se realiza en el marco de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, entre otros.

Además de esta separación de maestros y administrativos, 2472 docentes que cuentan con procesos de investigación abierta por delitos graves, como violación y terrorismo o faltas o infracciones muy graves, han sido bloqueados en el sistema de administración de plazas del sector Educación del país para evitar que sean contratados en alguna institución educativa y pongan en riesgo la integridad física de los estudiantes. De ellos, 470 corresponden a la UGEL Condorcanqui.